De Menem a Milei: historias, recuerdos y voces de los trabajadores del Estado ante los ajustes sistemáticos

Javier Milei se jacta de tener entre manos y listo para salir a escena “el shock regulatorio más grande de la historia de la humanidad”. Con una buena dosis de impostación hiperbólica y en camaradería con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, la amenaza del Presidente anticipa más recortes y despidos. Con unas 43.000 personas expulsadas entre diciembre de 2023 y enero de 2025, los gremios advierten que en mayo podría acelerarse la motosierra. Detrás de esos fríos números hay historias de vida, familias y hogares afectados.

El miércoles pasado, en la previa del Día del Trabajador, se esperaba el anuncio del nuevo ajuste contra los trabajadores estatales, que aún está en el aire. “Es mentira que quieran fusionar organismos para ahorrar. Lo que buscan es destruir todas las funciones de control y de fiscalización. Lo que están haciendo es fusionar para perfeccionar el saqueo”, denunció el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Las cifras de despedidos son complejas de reconstruir. La lista Blanca Verde Granate de ATE Capital elaboró una herramienta colaborativa, un mapa de despidos con indicadores cuantitativos que registra áreas, cantidades, reincorporaciones y fechas, que se encuentra actualizado hasta finales de septiembre de 2024. Para ese momento se contabilizaban casi 12.000 despidos. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe reciente, la motosierra de Milei acabó con el empleo de 43.778 empleados estatales entre diciembre de 2023 y enero de 2025. En las últimas horas se dio a conocer que se prevé una nueva y virulenta tanda de eliminación de puestos laborales en la Administración Pública Nacional (APN) y en las empresas y organismos autárquicos del Estado Nacional, en base a despidos y fusiones.

Es difícil convencer a los trabajadores estatales de que den sus testimonios en una nota. El miedo atraviesa a quienes actualmente todavía conservan sus puestos como a quienes ya no trabajan en la estructura estatal, pero recuerdan los períodos de ajuste que duraron años y las condiciones en que se vivieron. Los trabajadores que atravesaron el recorte de los años ‘90 permanecieron, lucharon, perdieron, se adaptaron, emplearon muchas estrategias. También hubo cimbronazos durante el macrismo, y ahora está acelerada la motosierra de Milei.

En un contexto de desgaste y de protestas constantemente saturadas por operativos policiales. ¿Cómo fueron las vidas de quienes sufrieron en carne propia como trabajadores estatales las privatizaciones de Carlos Menem? ¿Qué dicen otras experiencias de resistencia frente al desguace del Estado? ¿Cómo se vive hoy desde el interior del Estado esta especie de amenaza permanente de ser despedido de un momento para otro? 

Una pulseada ganada

Ernesto tenía 28 años en 1995, cuando Menem intentó, por medio de un decreto, borrar del mapa a la Televisión Pública, donde él trabajaba. Era la coronación de un proceso iniciado en 1994, cuando Gerardo Sofovich fue nombrado interventor del canal de televisión. Denuncia de corrupción mediante contra el empresario, Sofovich fue apartado y en su lugar fue designado Germán Kammerath, hasta entonces diputado nacional por la UCeDé y hombre cercano a la familia Menem. Lo primero fue comenzar por hostigar a los distintos gremios del canal. “Se suprimieron las horas extras, eliminaron ítems del convenio colectivo de trabajo que son variables y despidieron alrededor de veinte personas”, recuerda Ernesto. 

Comenzó entonces la lucha por la reincorporación de los despedidos, que no fue precisamente pacífica. En palabras de Ernesto, que evita dar su apellido porque aún es trabajador del canal: “Entramos a las piñas al canal, peleándonos con la gente de seguridad. Tomamos el noticiero. Eso duró muy poco, unos dos días, y en ese lapso se negoció y se reincorporaron. Hubo también una circunstancia externa: venía una delegación de Televisa de México para vender el canal y estaba el noticiero tomado: eso nos favoreció, fue muy casual”.

El decreto de privatización salió poco después. El gobierno de Menem tenía intereses en dos grandes activos: la frecuencia del canal y el edificio de la Avenida Figueroa Alcorta. Fue clave la intervención de un abogado laboralista que guió a los trabajadores del canal en la preparación de una estrategia judicial: se presentó un amparo aduciendo que ATC era un bien público y que los empleados eran sostén de sus familias, en una inteligente combinación entre el derecho a la comunicación y el resguardo de las fuentes laborales. Hubo apoyos impensados, como de diputados de la UCR (incluso el actor Luis Brandoni puso a disposición la escritura de su casa ante el requerimiento de una caución real por parte del juzgado).

El momento de la verdad fue el día de la audiencia con la jueza para ver si aceptaba el amparo preparado por el abogado Carlos Negri, quien instruyó a los trabajadores en cómo defenderse ante la situación. “Ese día fuimos a la audiencia y salimos de acá en una marcha épica, éramos mil y pico de personas. Se hizo una asamblea y fuimos marchando todos. Estábamos muy nerviosos, estaban en juego los trabajos de todos y el canal. La jueza nos hizo un montón de preguntas, muy personales te diría, en un lapso de 40 minutos, y concedió el amparo”, recuerda el trabajador.

Ante el fracaso del intento privatizador, Menem sacó a Kammerath y puso a un interventor mucho más pragmático. “Vino con la lógica peronista de ‘este conflicto no lo podemos ganar, entonces vamos a negociar’”, apuntó Ernesto. Se negoció un convenio de crisis que establecía algunos reconocimientos por parte de las autoridades del canal y cesaba con los despidos. Todo el proceso se dio entre diciembre de 1995 y febrero de 1997.

Hoy, con cierto orgullo, Ernesto concluye: “Hasta el día de hoy es difícil de entender lo que significó en ese momento tumbarle a Menem, en la cúspide de su poder y con todo el peronismo atrás y la mayoría legislativa, el proyecto de privatización que empezó por un decreto”. 

¿Hoy sería posible una movida semejante ante la amenaza latente de Milei de privatizar la TV Pública? Ernesto dice que, a pesar de que las ideas de privatización son las mismas que treinta años atrás, la sociedad es distinta: “En ese momento había una defensa social de los medios públicos muy fuerte, que ahora está bastante deteriorada por las campañas de demonización que se han hecho. También pesa que el desprestigio del Estado atraviesa a todas las clases sociales, junto con esta visión de que el Estado no te devuelve un servicio acorde a lo que te pide”.

El aguante 

José Chiliutti trabajó durante 32 años en lo que, primero, fue Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) y, luego, a partir de su privatización, Edesur. Ingresó muy joven, a sus veinte, y fue testigo del momento del traspaso a manos privadas de una empresa estatal. Recuerda que fueron años muy duros por parte del trato de la nueva gestión, que estaba en manos de una empresa chilena. “Formaron un grupo que tenía la función de eliminar a la mayoría de los empleados de SEGBA que tuvieran alguna relación con lo gremial o antecedentes en sus legajos como faltas, licencias... Hacían el análisis del legajo de cada empleado y desde entonces, del ‘92 en adelante, mes a mes se generaban listas con personas que iban a ser despedidas”, apunta José. 

Recuerda la figura de un ejecutivo chileno, de apellido Avendaño, que se paseaba siempre con una libretita de mano con señaladores. Su gracia era acercarse al puesto de cada trabajador, preguntar apellido y abrir la libreta. “Frente a tus ojos, te decía: ‘Si estás del lado A, estás despedido; si estás del lado B, seguís siendo investigado’”. 

José narra con la resignación amarga del recuerdo. Durante un año se prolongaron los despidos, hasta que de 12.000 empleados quedaron alrededor de 3.600. Al principio el criterio fue la afiliación gremial, luego se pasó a considerar como factor de riesgo al “personal conflictivo” y ya hacia el final era una cuestión de “portación de rostro, de adecuarse o no al nuevo trato”. La reducción de personal incentivó a las nuevas autoridades, provenientes de la empresa Chilectra, a contratar personal jerárquico traído directamente desde Chile, con lo cual se desdibujaba el argumento del sobrante de empleados. 

Fue una época de mucha angustia que me provocó ataques de pánico para salir a la calle

Por ese entonces, José militaba en Luz y Fuerza, pero no respondía a la agrupación encabezada por el secretario general, Oscar Lescano. Su grupo fue uno de los más castigados en cuanto a despidos. “Todos, de alguna u otra manera, terminamos afectados. Algunos más visibles: hubo gente que se suicidó por quedarse en ese entonces sin trabajo, compañeros con los que trabajábamos juntos desde diez años antes, gente muy valiosa… en mi caso personal, yo tenía una familia y este era mi único ingreso, entonces decidí ser pragmático, no obedecer pero tampoco cuestionar y manejarme en la cuerda floja entre hacer la mía y tratar de ir zafando del hecho de aparecer en las listas que se iban publicando”. 

La situación le generó problemas de salud: “Fue una época de mucha angustia que me provocó ataques de pánico para salir a la calle. Durante cuatro años yo tenía que viajar diariamente en colectivo desde el conurbano y había días en los que tenía que bajar dos o tres veces del colectivo y esperar al siguiente porque sentía que me desmayaba”.

José se fue de Edesur después de 32 años, a principios de la década de 2010, para pasar a desempeñarse en la actividad privada. Hoy tiene 67 años. Desde su experiencia, mientras escucha las propuestas de privatización de las empresas públicas, cuestiona que el pase a manos privadas influya en la eficiencia del servicio: “La calidad del servicio eléctrico, con todo lo que se hizo, no cambió en absoluto. Siguió siendo mala. Antes de la privatización había sectores en el Estado que lucraban con compras y ventas truchas, se quedaban con la plata y se iban. Cuando se privatizó, se la empezaron a llevar otras personas, pero pasaba exactamente lo mismo, las inversiones no existían, las tarifas aumentaban”.

El desierto de los tártaros

En la estructura estatal, son comunes los pases entre distintas dependencias; se trata de trámites administrativos basados en que, si existe una búsqueda de un determinado perfil de trabajador en un ministerio o secretaría, es posible que sea ocupado por alguien que proviene de otra (siempre y cuando sea del área de la APN). Solo se necesita una nota en la cual se solicite al trabajador de una parte y que la otra lo autorice. Es el caso de Mariana, quien aceptó un pase durante la presidencia de Alberto Fernández: desde un organismo estatal hacia el Ministerio de Cultura, guiada por intereses profesionales. 

En ese cambio, ella, que tiene 12 años de experiencia como trabajadora del Estado, pasó de un organismo regido por la Ley de Contrato de Trabajo (con contrato por tiempo indeterminado) al Sistema Nacional de Empleo Público. Se le otorgó una contratación anual en lo que se denomina “planta transitoria” (aunque conservó su antigüedad y su salario), que se renueva de manera periódica cada año. Al menos era así hasta la llegada del gobierno actual, porque la preocupación sobre qué pasará cada tres meses con su contrato se volvió una constante. 

“Tengo muchos conocidos que trabajan en otros organismos del Estado, algunos en situaciones mucho más precarias que la mía –yo estoy en relación de dependencia y muchos de ellos son monotributistas– y que corren riesgo minuto a minuto. Eso también viene de la historia que trae el Estado argentino y sus pésimos niveles de contratación desde hace años. Parte de lo que está pasando es resultado de no haber podido garantizar realmente la estabilidad laboral para nadie. Y diciendo esto, claramente que estoy en contra de lo que propone la visión del Estado que tiene LLA, pero también quiero hacer una crítica a cuestiones anteriores, de otras gestiones”, apunta Mariana. 

Si los pases entre ministerios/secretarías son usuales, mucho menos común es la fusión de tres o cuatro ministerios en una estructura elefantiásica y con competencias muy distintas en sus políticas, tal como el experimento del Ministerio de Capital Humano o lo que planea ahora Sturzenegger con todo el gabinete. 

Parte de lo que está pasando es resultado de no haber podido garantizar realmente la estabilidad laboral para nadie

En Capital Humano trabaja actualmente Mariana y fue testigo cuando en abril de 2024 el interior del Palacio Sarmiento, una de las dependencias oficiales, amaneció lleno de policías armados. Mientras custodiaban todos los accesos, hubo un vacío de autoridades y de su pinacoteca, y luego una masiva ola de despidos en vísperas del feriado de Semana Santa de 2024. Desde hace un año y medio, Mariana periódicamente es trasladada de una oficina a otra junto con otros compañeros. Dice que no les dan tareas, que le preguntan cada tanto sus funciones, y que, mientras ATE está en modo asamblea permanente, el gremio de UPCN “no hace nada”.

Alerta que todos los trabajadores están a la expectativa de lo que vendría en las próximas horas. Y en ese sentido, lanza preocupada: “Nadie tiene la seguridad de algo y tomar algún tipo de acción ahora puede ser mandarse al muere”.

MC