Milei cedió con discapacidad, pero la causa ANDIS mantiene abierta una amenaza para 2027
Javier Milei terminó haciendo lo que durante meses había intentado evitar. Después de bloquear el debate parlamentario sobre discapacidad, resistir los reclamos de las organizaciones del sector y enviar al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que insistía con los recortes, La Libertad Avanza levantó la mano para acompañar una ley que garantiza buena parte de las prestaciones que el propio Gobierno había puesto en discusión. No fue una conversión repentina a la política social. Fue el resultado de una negociación en la que el oficialismo se quedó sin margen para seguir dilatando el conflicto.
Sus aliados le habían advertido que no estaban dispuestos a acompañar nuevos ajustes y la oposición amenazaba con reunir los votos necesarios para imponerle otra derrota. Pero mientras el Gobierno buscaba una salida legislativa, la Justicia avanzaba sobre un problema todavía más delicado: la presunta red de corrupción que funcionó dentro de la hoy extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo que debía administrar los recursos destinados a las mismas personas a las que el Ejecutivo les discutía el financiamiento.
La coincidencia no podría resultar más incómoda para la Casa Rosada. Mientras Milei y Luis Caputo defendían la necesidad de restringir el gasto en discapacidad, los investigadores judiciales reconstruían un sistema de compras direccionadas, sobreprecios y presuntos sobornos que habría comprometido miles de millones de pesos del Estado. En el centro de esa trama aparece Diego Spagnuolo, el exdirector de la ANDIS que llegó al organismo por su cercanía con el Presidente y cuyo futuro judicial amenaza con convertirse en un problema político de largo aliento.
A medida que se acerca el año electoral, y luego del alivio judicial que recibieron Javier y Karina Milei tras ser sobreseídos en la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, la pregunta que empieza a adquirir otra dimensión es hasta dónde llegará la investigación que tiene a Spagnuolo en el centro de todas las miradas. Y si las responsabilidades terminarán circunscriptas a los funcionarios y empresarios involucrados o alcanzarán a otros sectores del poder libertario.
Consenso inédito
La votación de esta semana en Diputados dejó una fotografía elocuente. La nueva ley de protección social de la discapacidad obtuvo 237 votos afirmativos, apenas nueve negativos y cuatro abstenciones. El resultado, que permitió girar la iniciativa al Senado, mostró un consenso parlamentario que contrasta con la resistencia que el oficialismo había sostenido durante buena parte de los últimos meses. La Libertad Avanza terminó acompañando una norma que recupera casi todos los beneficios de la legislación de emergencia, aunque les otorga carácter permanente y elimina su excepcionalidad.
Para llegar a ese resultado hubo que atravesar semanas de bloqueo. El Gobierno y sus diputados mantuvieron paralizado el tratamiento de la cuestión en comisión, mientras el Poder Ejecutivo insistía con una política de restricciones presupuestarias. La resistencia no era solamente discursiva. En septiembre, Milei y Caputo enviaron al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con modificaciones que profundizaban los cuestionamientos al esquema de prestaciones y pensiones vigente. La propuesta chocó incluso con sectores que habitualmente acompañan al oficialismo.
Fue en ese contexto que el oficialismo decidió convocar a la sesión del miércoles pasado. La Libertad Avanza pasó de bloquear el tratamiento a encabezar una negociación para evitar que la oposición le impusiera una ley sin su participación. El cambio de estrategia fue impulsado por el ala política del Gobierno, que buscó construir un acuerdo con los bloques dialoguistas y terminó sumando también al peronismo. El presidente de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participaron de las conversaciones que permitieron destrabar el conflicto.
El dinero que sí circulaba
Mientras libertarios y kirchneristas votaban de forma inédita en una misma sintonía, la investigación sobre la ANDIS avanzaba con nuevas resoluciones judiciales que ampliaron considerablemente el alcance del expediente. El juez federal Ariel Lijo profundizó el procesamiento de Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita que habría operado desde el organismo estatal para favorecer a determinadas empresas mediante contrataciones irregulares. La causa, que inicialmente había puesto el foco sobre las compras de medicamentos de alto costo, se extendió también a insumos traumatológicos, cardiológicos, implantes auditivos, prótesis, sillas de ruedas y otros productos destinados a personas con discapacidad.
El nuevo capítulo se suma a la investigación de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes describieron en un dictamen de más de 300 páginas el funcionamiento de un presunto sistema de corrupción que habría permitido a la droguería Suizo Argentina controlar buena parte de las compras de medicamentos de la agencia entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
Según la acusación, la compañía no se limitaba a participar de las compulsas de precios. Habría conseguido información privilegiada, intervenido en las decisiones de funcionarios públicos, determinado qué empresas debían resultar adjudicatarias y coordinado acuerdos con otras 14 droguerías. Durante el período investigado, Suizo Argentina recibió adjudicaciones por más de $137.118 millones, equivalentes a cerca del 30% de las erogaciones totales de la ANDIS.
Los fiscales describieron un mecanismo de funcionamiento basado en dos acuerdos paralelos. Por un lado, empresarios y funcionarios habrían coordinado las compras y los pagos. Por otro, distintas compañías del sector se habrían repartido las operaciones bajo las condiciones establecidas por Suizo Argentina. Quienes no respetaban esas reglas podían sufrir represalias, como demoras deliberadas en los pagos.
La investigación avanzó todavía más. En el nuevo tramo de la causa, Lijo examinó contrataciones de insumos por más de $82.881 millones y estimó una afectación económica parcial superior a los $7.833 millones al considerar las diferencias de precios detectadas en medicamentos y otros productos. La cifra no representa el monto total de las compras investigadas, sino una estimación del perjuicio económico que pudo establecerse hasta ahora a partir de operaciones comparables.
Para la Justicia, las irregularidades no se habrían limitado a un proveedor ni a un rubro específico. El mecanismo investigado incluía la selección de empresas, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la intervención coordinada de funcionarios y particulares. En el centro de esa estructura, según las resoluciones judiciales, aparecían Spagnuolo y su colaborador Daniel Garbellini, junto con operadores privados como el operador Miguel Ángel Calvete.
¿Hasta dónde llega Spagnuolo?
La pregunta que más inquietudes puede generar en la Casa Rosada no tiene que ver solamente con el monto de los sobreprecios. Tiene que ver con Diego Spagnuolo y con lo que todavía puede surgir de la investigación sobre su gestión. El exdirector de la ANDIS no era un funcionario desconocido para Milei. Su relación personal con el Presidente precedía a su llegada al organismo y lo ubicaba en una posición diferente de la de otros integrantes de la administración libertaria. Esa cercanía adquirió una dimensión política particular cuando estalló el escándalo por la difusión de audios atribuidos al propio Spagnuolo, en los que se describía un presunto sistema de recaudación ilegal y se mencionaba a figuras del entorno presidencial.
Las grabaciones, difundidas en agosto de 2025, colocaron bajo sospecha a sectores particularmente sensibles del oficialismo. En ellas aparecían referencias a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores políticos de la secretaria general de la Presidencia. Las afirmaciones contenidas en esos audios no constituyen por sí mismas pruebas de participación en delitos y deben distinguirse de las responsabilidades que la Justicia haya podido acreditar. Pero explican por qué la investigación nunca fue, para el Gobierno, un expediente administrativo más.
Desde entonces, la evolución judicial de Spagnuolo se convirtió en una variable de interés político. La confirmación de su procesamiento y las nuevas decisiones de Lijo muestran que las sospechas sobre el funcionamiento de la ANDIS adquirieron una entidad que excede las denuncias iniciales. El exfuncionario está señalado como uno de los responsables de una estructura que habría utilizado las contrataciones públicas para beneficiar a determinados empresarios.
Los investigadores también incorporaron nuevos elementos sobre los vínculos entre Spagnuolo y Calvete. Según la acusación fiscal, el empresario habría gestionado y financiado un viaje del entonces director de la ANDIS a Israel en noviembre de 2024, incluyendo pasajes, alojamiento y otros servicios. La Fiscalía sostiene que esos gastos estaban relacionados con presuntos favores políticos. También detectó transferencias por más de 54.000 dólares desde Suizo Argentina hacia Calvete durante 2024, sin que se hubieran identificado actividades comerciales legales que justificaran esos movimientos.
El avance sobre los empresarios abre otro capítulo. Los fiscales solicitaron nuevas indagatorias de directivos de Suizo Argentina, entre ellos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, y de responsables de otras droguerías vinculadas con las contrataciones investigadas. La ampliación del expediente aumenta la cantidad de protagonistas que deberán responder ante la Justicia y multiplica las posibilidades de reconstruir cómo se tomaban las decisiones dentro del organismo.
¿Era Spagnuolo el vértice de la estructura investigada o existían responsabilidades por encima de su cargo? ¿Quiénes conocían el funcionamiento de las compras? ¿Hasta dónde llegaban los vínculos entre los empresarios y los funcionarios del Gobierno? Son interrogantes que todavía requieren respuestas judiciales. La cercanía del exdirector con Milei no demuestra que el Presidente estuviera al tanto de las maniobras, pero sí explica por qué la evolución de la causa tiene consecuencias políticas que exceden la suerte individual de sus imputados.
La causa ANDIS llega a una etapa especialmente sensible para el oficialismo. Milei se prepara para disputar su reelección en 2027 y La Libertad Avanza intenta consolidar una estructura política nacional capaz de sostener su proyecto más allá del primer mandato. La discusión sobre discapacidad, que durante meses fue uno de los principales focos de conflicto social y parlamentario, se combina ahora con una investigación judicial que se acelera y pone bajo examen la administración de recursos públicos durante el gobierno libertario.
PL/CRM
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