El multiverso negacionista: cómo es el entramado de “memoria completa” que se entusiasma con un gobierno de Milei

“Soldado, no pidas perdón por haber defendido a tu Patria”, es el lema. Se lee además en muchos de los tantos carteles que sostienen los asistentes. Es 24 de mayo de 2006 y se movilizan a Plaza San Martín al acto organizado por una denominada Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión. La escalada judicial de los procesos contra la represión ilegal de la dictadura hace tiempo que pone nerviosos a diferentes sectores castrenses. Esta movida, que incluye a jóvenes oficiales en actividad y militares retirados, es la primera gran confrontación contra las políticas de derechos humanos del gobierno del presidente Néstor Kirchner −que cumple tres años de gestión− y la presentación en sociedad de muchas organizaciones de familiares de víctimas de la guerrilla y de defensa de ex militares que empiezan a poblar las cárceles de todo el país.

Unos centenares de manifestantes participan del acto, organizado por Ana Lucioni, armadora de la Comisión; por Karina Mujica, de Argentinos por la Memoria Completa, y por la Unión de Promociones, creada un año atrás e integrada por militares retirados. Como dice su documento fundacional, su misión es “asistir y entender a los camaradas detenidos-procesados y sus familias”. Lucioni es hija de un teniente primero del Ejército asesinado por Montoneros. Mujica, cuyo verdadero apellido es Marañón, fue novia del marino Alfredo Astiz, es una asidua invitada al show de Bernardo Neustadt y tiene su propio programa de radio con Nicolás Márquez. Unos meses después deberá abandonar su breve militancia procesista cuando un programa periodístico la muestre, con una cámara oculta, ejerciendo la prostitución. 

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Pasaron más de 17 años de ese acto en Plaza San Martín. Muchas de las organizaciones de “memoria completa”, tal como se definen, a partir de ese momento empezaron a afianzarse y a operar en la escena política. Habían surgido luego de la anulación por parte de la Corte Suprema de las leyes de impunidad, la bajada de cuadros de los dictadores Videla y Bignone del Colegio Militar, la cesión de la ESMA a los organismos de derechos humanos y, por sobre todo, con la reapertura de los juicios de lesa humanidad. 

“La llegada efectiva de la justicia modificó el escenario de enfrentamiento para algunos grupos nostálgicos del orden impuesto por el terrorismo de Estado, que son extremadamente reducidos y aislados, pero que aún generan algunas solidaridades entre miembros de las fuerzas y gran repercusión mediática”, advertía ya en 2007 el CELS. El antecedente de estas asociaciones era FAMUS, Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión, creada en los 80. FAMUS hacía misas en honor a los caídos, publicaba solicitadas de reivindicación de la represión y criticaba ferozmente cualquier intento de juzgamiento, como el Juicio a las Juntas. La organización significó un dolor de cabeza para el gobierno de Raúl Alfonsín. 

“¡Este gobierno odia a todo lo que tenga uniforme!”, se quejaba Cecilia Pando en aquel acto del 24 de mayo. Estaba en el apogeo de su popularidad: había aparecido en la escena pública el año anterior, a partir de una carta de lectores en la que criticaba a Kirchner por despedir al obispo castrense, Antonio Baseotto. Por esa acción, su marido, Pedro Rafael Mercado, mayor del Ejército, fue pasado a retiro. Pando se transformó así en la voz que dio forma al enojo que había empezado a crecer en los sectores de apoyo a los militares procesados. Era –y sigue siendo− la cara visible de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), que elegía esa forma de denominar a los genocidas, a los que consideraba “injustamente detenidos por haber cumplido con el sagrado deber de defender a la Patria durante la guerra contra el terrorismo en la década del 70”. 

Con los años, Pando sumó varios escándalos. Durante un juicio le hizo la seña de degüello a quien era entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. En la sentencia por los crímenes de La Perla intentó increpar a Estela de Carlotto. En 2010 se encadenó con otras esposas de militares al Edificio Libertad y en 2013 pintó crespones negros sobre los pañuelos de las Madres, en Plaza de Mayo. El perfil de Pando necesitaba un recambio, que vino de la mano de la abogada Victoria Villarruel, cara y alma del CELTYV, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, creado en 2006. Con los años, el CELTYV tomaría relevancia en el multiverso de las organizaciones gracias a Villarruel, hoy candidata a vicepresidenta de Javier Milei por La Libertad Avanza, que logró condensar y sintetizar todas las demandas que la derecha procesista venía arrastrando desde hacía dos décadas.

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Aníbal Guevara se llama igual que su padre, un teniente coronel retirado que fue condenado a perpetua en 2010, en Mendoza, por la desaparición de cuatro militantes de la JP. Guevara hijo es uno de los fundadores de Hijos y Nietos de Presos Políticos, una organización que nació al calor de las visitas a la cárcel para ver a sus padres y abuelos detenidos. Aníbal dice que empezó a participar porque estaba “agobiado e indignado”. 

“Sentía −explica− que no podía vivir sin ponerme a trabajar para intentar corregir lo que consideraba una inmensa injusticia y abuso de poder del Estado”, en referencia a los juicios de lesa humanidad. “Los juicios están plagados de irregularidades. En estos procesos el Poder Judicial no actúa con independencia del poder político”, denunciaba la agrupación en 2015. Un año después, cambió de nombre y hoy se denomina Puentes para la Legalidad. Hace cinco años, la organización logró algo impensado tiempo atrás: una reunión oficial con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde denunció al Estado argentino por supuestas “violaciones a los derechos humanos y al debido proceso penal” hacia los detenidos y procesados por delitos de lesa.

Guevara considera que el debate sobre la represión en los 70 tuvo varios picos de interés público desde 2005. Y que este “último resurgimiento” es posible gracias a la figura de Villarruel. “Las reacciones escandalizadas lo que hacen es realzar ante parte de la sociedad su discurso y su posición en la escena política”, analiza. Y dice que es reduccionista acusarlos de negacionistas. “Es una simplificación de la historia y una forma de acomodar los discursos a los prejuicios e ideas previas. Las víctimas de las organizaciones armadas existen y me parece absurdo desconocerlas”, responde. 

−En el caso de que Milei y Villarruel ganen la elección presidencial, ¿qué cree que pasará con las políticas de memoria?− le preguntó elDiarioAR. 

−Sería esperable que el trabajo de CELTYV se incorpore a las políticas de memoria, incluyendo el reconocimiento a las víctimas de la violencia política y las organizaciones armadas. Si tu pregunta está orientada, como me parece obviamente orientada, a mis expectativas respecto de los juicios de lesa humanidad, no me hago demasiadas ilusiones.

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Argentino del Valle Larrabure fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 11 de agosto de 1974, durante el copamiento de la fábrica militar de pólvora y explosivos de Villa María, Córdoba. Era subdirector del predio y un experimentado ingeniero químico. El ERP lo mantuvo en cautiverio y apareció muerto 377 días después, en las afueras de Rosario. La causa penal empezó en 1977, se investigó y se archivó al no haber detenidos ni avances. Tres décadas después, uno de sus hijos, Arturo, pidió en la Justicia que la muerte de su padre fuera calificada como de lesa humanidad. Hasta ahora, la Justicia argentina viene fallando en un mismo sentido: las acciones de las organizaciones guerrilleras no son equiparables a los crímenes contra la humanidad cometidos al amparo del terrorismo de Estado. Así, el expediente recorrió diferentes instancias judiciales y desde hace unos años está en la Corte Suprema, a la espera de su tratamiento. 

Con los años, Larrabure se transformó en un activo militante del CELTYV y en 2017 llegó a ser candidato a diputado nacional. Bajo el paraguas de una búsqueda de “reparación y verdad” para las víctimas que murieron en atentados guerrilleros, el organismo logró reinstalar una “teoría de los dos demonios recargada”, como la bautizó el sociólogo Daniel Feierstein. Larrabure dice que se decidió a involucrarse cuando vio que “la intención de Kirchner era hablar de solo una parte de los 70”. “Había hecho un respetuoso silencio de 30 años, de alguna manera mis cicatrices se habían curado, y creí que era un tiempo oportuno para comenzar a mostrar que la historia argentina no podía ser segmentada o parcializada”, explica.

−Siempre pareciera que tras el reclamo por las víctimas de la guerrilla hay un velado intento por justificar el terrorismo de Estado. 

−Nosotros no negamos que hubo un terrorismo de Estado, que comenzó mucho antes del 24 de marzo del 76. No hacemos una negación de los hechos del pasado, sino que tratamos de complementarlos, contando que hubo otros acontecimientos que una parte de la población negó. Está pendiente una promesa de la escritura de un Nunca Más sobre las víctimas del terrorismo, que nunca se hizo.

Larrabure se ilusiona con una presidencia de Javier Milei y Villarruel. “Según la promesa de Victoria, se va a poner más en manifiesto a las víctimas del terrorismo. Lo que se mostró en la Legislatura con los tres familiares de víctimas, el caso de Lorenza Ferrari, de Graciela Saraspe o mía, es que hay muchísimas más. El derecho a la verdad, a la memoria, a la historia, a la reparación de esas víctimas, se va a poner sobre el tapete político”, prevé. Y concluye: “Victoria se concentra sobre las víctimas del terrorismo, no se encarga del tema de los militares que están presos, eso jamás ha sido así. No está en la agenda ni de Milei ni de Villarruel”.

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Al teniente coronel Jorge Ibarzábal lo secuestró el ERP en enero de 1974, durante el fallido ataque al cuartel de Azul. Permaneció cautivo 300 días y fue asesinado durante un traslado. “Esto ocurrió en democracia, durante el período constitucional del general Perón. Sin embargo, no abrigo ningún odio”, dice Silvia, una de las hijas del militar. Es fundadora y presidenta de AFAVITA, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina. Al igual que Larrabure, busca en la Justicia que el crimen sea declarado de lesa humanidad. Explica que decidió armar AFAVITA “junto a otras víctimas de la guerrilla setentista para difundir la historia completa porque sistemáticamente se nos omitía de la historia oficial”. Ibarzábal reconoce que analizaron contratar a una agencia de publicidad para llegar con su discurso “a los más jóvenes, que tenían conocimiento de solo una parte de la historia”. Esa idea no prosperó. 

−¿AFAVITA es negacionista del terrorismo de Estado?

−No somos negacionistas, nos manejamos con la verdad. Y la verdad a veces incomoda. Negacionismo es ocultar a las víctimas de las organizaciones armadas, sometiendo a la sociedad al olvido obligatorio. Negacionismo es obligarnos a mentir por ley que los desaparecidos son 30 mil, como hizo María Eugenia Vidal durante su gobierno. Negacionismo es privarnos del derecho a conocer la verdad o censurarnos en medios de comunicación.

−¿Qué opina sobre los procesos judiciales por la represión ilegal de la dictadura?

−Con respecto a la detención de militares, otras ONG se ocupan del tema. Creo que no tienen igualdad ante la ley. Muchos están detenidos desde hace más de diez años, sin condena. Se los juzga retroactivamente, es una verdadera injusticia. Tampoco los alcanza el beneficio de la detención domiciliaria a partir de los 70 años. Muchos de ellos están enfermos, con más de 90 años. No tomo partido por ninguno de los bandos enfrentados.

Los datos del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de la Procuración, señalan otra cosa: del universo total de personas bajo investigación, 1.506 están en libertad y 717 detenidas, pero el 77% está en su casa con arresto domiciliario. Desde 1985 a la actualidad fueron condenados 1.189 represores, de acuerdo a las estadísticas en tiempo real de www.juiciosdelesahumanidad.ar, de la Secretaría de Derechos Humanos. Las demoras en los juicios y la “impunidad biológica”, sin embargo, siguen siendo el talón de Aquiles del proceso de memoria.

A Guevara y Larrabure en octubre de 2022 los recibió durante media hora el papa Francisco, en el Vaticano. Las agrupaciones que integran, además, tienen una relación muy cercana con el obispo castrense, Santiago Olivera, quien suele visitar en las cárceles a represores presos. El religioso escribió en 2018 una carta de lectores en La Nación que denunciaba que “la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la República”. Y fue quien inició hace pocos meses el trámite para transformar al mayor Larrabure en beato, un paso anterior a la proclamación de santo. Si no llega la justicia terrenal que exigen, tal vez le llegue la divina.

RA/DTC