Con la prórroga de la Hidrovía, sigue a cargo el empresario que se autodenunció en la causa Cuadernos y se estira la indefinición

Tras la muerte trágica de Mario Meoni y el anuncio de prórroga de la concesión que anunció por 90 días Gabriel Katopodis en la Hidrovía Paraná-Paraguay, el nuevo ministro de Transporte Alexis Guerrera debe definir en el corto plazo lo que no se resolvió en el primer año largo de mandato, marcado por la pandemia: la presentación de los pliegos para el llamado a licitación nacional e internacional de la vía fluvial que representa el 60% del comercio exterior argentino y factura 200 millones de dólares por año. Por lo pronto, dos de los objetivos que se había fijado el gobierno a la salida de un contrato que se prorrogó de manera repetida -durante un cuarto de siglo- no se cumplieron. 

En primer lugar, nada queda o nada se sabe de la “Sociedad del Estado” que anunció Alberto Fernández el 28 de agosto del año pasado en un acto con gobernadores de siete provincias en Puerto General San Martín, a orillas del Río Paraná. La “Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado” quedó perdida en el marco de la vorágine y las contradicciones internas y, ocho meses después, lo que rige es lo que el Presidente dijo que no iba a existir: una prórroga, de 3 meses, que podría extenderse por bastante más tiempo hasta que se presenten los pliegos que todavía no se presentaron y corran los 180 días hábiles necesarios para que la principal salida exportadora de la Argentina reciba finalmente nuevas ofertas y adjudique un nuevo contrato a un nuevo concesionario. Todo ese proceso demandará por lo menos un año más y estará auditado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) durante 18 meses. En una vía troncal estratégica, en la que tienen intereses las grandes cerealeras, no está claro quién estará a cargo de la concesión hasta ese momento. 

Por un plazo de 90 días, que puede ser renovado, la operación sigue en manos de Hidrovía S.A, el consorcio que integran los belgas de Jan de Nul, a cargo del dragado, y la argentina Emepa, de Gabriel Romero. Es una sociedad que sigue vigente en los papeles, pero se quebró de manera irremediable cuando el empresario declaró en la causa Cuadernos que había pagado 600 mil dólares en sobornos por el decreto de Cristina Fernández que, en 2010, prorrogó la concesión por 10 años.  De fondo permanecen las críticas de los sectores alineados con la vicepresidenta, que cuestionan el rumbo elegido por el Presidente. 

El martes pasado, en su debut televisivo, el ministro Guerrera afirmó en TN que el Estado no está en condiciones de hacerse cargo ni del mantenimiento, ni del dragado ni del balizamiento. “Ni en 90 días, ni en un año y medio, ni en dos”, especificó. Después dio indicios de dos posibilidades que se están evaluando: por un lado, desdoblar el dragado del balizamiento con mayor control del Estado y por el otro -algo más relevante- que el gobierno nacional se haga cargo del cobro del peaje a los barcos que pasan todos los días por el canal troncal por el que sale el 75% de las exportaciones argentinas. “Esto está en discusión, es una de las ideas”, dijo. De ser así, el Estado pasaría a recaudar para después pagar por el dragado y balizamiento, algo que hoy corre por cuenta absoluta de los privados. Tal vez en ese caso se active la Sociedad del Estado que fue anunciada por el Presidente y hoy aparece ausente del debate sobre el tema. 

El segundo propósito que el Gobierno no cumplió es político y resulta todavía más enigmático: la continuidad del legendario Gabriel Romero como concesionario de la Hidrovía. Es el aspecto del proceso que casi nadie se explica, según surge de la consulta de elDiarioAR con la mayor parte de los actores involucrados en la negociación. El empresario que tiene sus talleres en la localidad de Chascomús y quedó en la historia como el anfitrión de las reuniones en las que se amasó el Pacto de Olivos entró en una zona de no retorno con CFK, en agosto de 2018, cuando se declaró arrepentido ante el dúo dinámico de Carlos Stornelli y Claudio Bonadio. Si algo quería la vicepresidenta, coinciden en el Frente de Todos, era apartarlo del contrato. Pero Romero sobrevivió una vez más pese a que, según un consenso casi unánime, lo más arduo del proceso es el dragado que está a cargo de los belgas, no el balizamiento que corre por cuenta de la compañía argentina. La posibilidad de que la tarea que hace Emepa desde hace 25 años quedara a cargo del Estado o del sindicato que dirige el ex miembro del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid, era alentada por algunos sectores del Gobierno y hasta contaba con el visto bueno de la multinacional Jan De Nul, que busca desde hace tiempo despegar de su histórico socio y piensa presentarse a la próxima licitación por su cuenta o con un nuevo aliado para los negocios. 

Muestra de un vínculo que se quebró de forma definitiva, los socios belgas de Romero dejan trascender en oficinas de gobierno que el empresario arrepentido se lleva bastante más de lo que pone. De que la operación es rentable no hay duda porque hasta los pulpos cerealeros entran en contradicción con el concesionario y reclaman una tarifa más baja. Cuando el contrato se inició, en tiempos de la ficción contable conocida como Convertibilidad, Jan de Nul y Emepa cobraban 0,98 centavos de dólar por Tonelada de Registro Neto (TRN), una tarifa que aumentó siempre en moneda extranjera: en 1997 a U$S 1,14; en 2002 a U$S 1,65; en 2006 a U$S 2,25 y en 2014 a U$S 3,06. “Si hubieran dejado caer la concesión sin prórroga, podrían haber hecho incluso una contratación directa hasta que se adjudique el nuevo contrato”, le dijo a elDiarioAR un representante del sector privado que tiene interés en el negocio.  Mientras los defensores del dueño de Emepa sostienen que sobrevive porque no es tan fácil hacerse cargo del balizamiento, sus detractores afirman que lo hace gracias a la impericia de un gobierno que dejó pasar 17 meses desde que asumió sin resolver las condiciones de la licitación más importante que tenía por delante.  

La prórroga que firmó Katopodis y ya había sido definida por Meoni y el Presidente ahuyentó en el sector privado el fantasma de la estatización, lo mismo que las declaraciones de Guerrera en TN. Pero no hicieron más que extender una situación de precariedad que genera críticas entre los pesos pesados de las cerealeras que nuclean en la poderosa CIARA-CEC. Piden condiciones más claras que reduzcan el costo para las operadoras del comercio exterior pero también reiteran el pedido por mayor previsibilidad. De fondo, lo que asoma es la sospecha de que Jan de Nul y Romero van a invertir sólo lo imprescindible -por no decir cero- mientras se prolongue el estado de indefinición en un negocio del que dependen inversiones multimillonarias. De acuerdo a uno de los pedidos de informes que el senador Jorge Taiana presentó durante la gestión Meoni, cada año atraviesan la vía fluvial unas 4600 embarcaciones que trasladan 125 millones de toneladas de producción industrial y agropecuaria. Se trata de un canal troncal que es vital para la Argentina sedienta de dólares en un contexto en el que la tonelada de soja vuela hacia los U$S 600. 

WC