Tensión entre Ciudad y Provincia: Jorge Macri reclama a Kicillof una deuda millonaria por asistencia a personas en situación de calle

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le reclamó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el pago de una deuda que supera los 27.000 millones de pesos por la asistencia a personas en situación de calle con domicilio en la Provincia que actualmente son atendidas en la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos oficiales difundidos por la administración porteña, el sistema local cuenta con 61 Centros de Inclusión Social que brindan atención integral durante las 24 horas a 4.626 personas. De ese total, al menos 2.327 tendrían domicilio en territorio bonaerense, lo que motivó el reclamo para que la Provincia se haga cargo de los costos asociados a su asistencia.

El Gobierno de la Ciudad fundamenta su pedido en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo y establece que la responsabilidad de atender a esta población recae en cada jurisdicción. En ese sentido, desde el Ejecutivo porteño sostienen que la Provincia incumple con esa obligación, pese a contar con su propio programa de asistencia integral.

A través de sus redes sociales, Macri endureció el tono del reclamo y apuntó directamente contra Kicillof: aseguró que “es hora de que los porteños dejen de pagar su desgobierno” y le exigió que asuma la responsabilidad de brindar alojamiento y contención a las personas en situación de calle con domicilio en la Provincia.

En paralelo, los ministros porteños de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, enviaron una nota formal al ministro de Economía bonaerense, Pablo López. En el documento, solicitaron la “inmediata transferencia de los recursos necesarios” para cubrir tanto la deuda acumulada como los costos futuros del sistema.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Ciudad, el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, lo que eleva el monto total reclamado a $27.066.151.450 desde la entrada en vigencia del decreto.

Mraida reforzó la postura oficial al señalar que “la ley no deja lugar a dudas” respecto de las responsabilidades de cada distrito. “Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte”, afirmó. Y concluyó: “Cumplir la ley no es opcional. Y hacerse cargo tampoco debería serlo”.

El planteo reaviva la disputa política entre la Ciudad y la Provincia en torno a la gestión de políticas sociales y la distribución de recursos, en un contexto de creciente demanda de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad.

Con información de la agencia NA