La violencia institucional aumentó durante la cuarentena, según informe de Correpi
En un año signado por la pandemia y las medidas de restricción de circulación en todo el país, con el aislamiento social como método de prevención de la propagación del coronavirus, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el organismo de derechos humanos que desde 1992 se encarga de hacer un seguimiento de casos de violencia ejercida desde el Estado, detalló que durante el primer año de mandato de Alberto Fernández se registraron 411 casos de “personas asesinadas por el aparato represivo estatal”.
El organismo señaló que, pese a que estas cifras representan un leve descenso en comparación con años anteriores, durante la cuarentena y las medidas de aislamiento implementadas para combatir el coronavirus los casos de distintos tipos de represión policial se incrementaron.
“Las medidas sociales adoptadas durante el ASPO se mostraron insuficientes, con lo que el aspecto represivo cobró relevancia. El resultado fue un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, con su natural correlato de aplicación de tormentos y muertes en comisarías, seguido por un importante número de fusilamientos de gatillo fácil en las calles”, señaló la organización en su informe.
“Del total de 411 casos registrados desde el 10/12/2019 al 19/11/2020, en el lapso anterior a la pandemia, casi el 30% del tiempo de gestión, se produjeron poco más del 15% de las muertes. En cambio, en el período posterior al 20 de marzo, que representa poco más del 70% del total de días de gobierno, se concentra casi el 85% de los casos”, agregó.
Por la menor circulación de personas, el organismo detectó que la violencia se concentró principalmente en las cárceles, comisarías y otros lugares de detención.
Informe de la situación represiva nacional 2020 - Correpi on Scribd
“En los últimos 10 meses, registramos 34 muertes en comisarías y dos en lugares de alojamiento de niños y niñas (Pablo Nogués y Almafuerte). Algunos casos, como el de Florencia Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa del Conlara, cobraron alguna visibilidad, pero la regla es el silencio”.
Aunque todavía falta procesar los casos de parte de noviembre y diciembre, las cifras muestran un leve descenso de los casos y “un retorno, por ahora, a valores similares a 2014” luego de años con “cifras récord”.
La Correpi destaca que “los años 2018 y 2019, con 497 y 480 casos respectivamente, muestran el récord absoluto de muertes a manos del aparato represivo estatal bajo el reinado de la Doctrina Chocobar”.
Sobre las desapariciones forzadas, que totalizan 203 desde diciembre de 1983 según los registros de la Correpi, “la mayoría de personas que fueron vistas por última vez en una comisaría, o cuando eran detenidas”.
En el último año se produjeron cuatro desapariciones forzadas, según la Correpi: “Carlos Bocacha Orellano el 23 de febrero en Rosario, Facundo Astudillo Castro, cerca de Bahía Blanca, el 30 de abril, y Francisco Javier Cruz en Florencio Varela, y Luis Armando Espinoza en Tucumán, desaparecidos el 15 de marzo y el 15 de mayo respectivamente”.
Los años 2018 y 2019, con 497 y 480 casos respectivamente, muestran el récord absoluto de muertes a manos del aparato represivo estatal bajo el reinado de la Doctrina Chocobar.
Sobre la metodología de registro de casos, Correpi señala que en sus informes anuales se incluye “todo caso que implique la aplicación de una política represiva estatal, así como la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima”.
“Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, Policía de la Ciudad, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas”, concluyen.
MA
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