Vence la conciliación obligatoria con los controladores aéreos y el conflicto con el Gobierno sigue abierto

El conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) entra en una fase crítica: este viernes 19 de enero vence la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Si no se alcanza un acuerdo o una prórroga, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) podría retomar las medidas de fuerza, interrumpidas desde el 23 de diciembre.

ATEPSA exige la reapertura de paritarias, revisión de trayectorias laborales, condiciones operativas y mejoras en los adicionales salariales. El reclamo incluye más de 60 puntos que, según el gremio, fueron presentados formalmente sin recibir respuesta. La organización también denuncia despidos en aeropuertos con dotación crítica, falta de cobertura médica adecuada y omisiones de mantenimiento en infraestructura estratégica. La conducción sindical advirtió que muchos controladores deben tener doble o triple empleo para alcanzar ingresos básicos, situación que se agravó con la aceleración inflacionaria y el congelamiento salarial.

En un comunicado reciente, EANA anunció una nueva audiencia para el mismo viernes y anticipó que podría solicitar una prórroga de cinco días hábiles, tal como lo habilita la normativa vigente. El objetivo declarado es evitar interrupciones durante la temporada alta del turismo, donde la operación aérea alcanza picos de demanda. Esta posibilidad se encuentra contemplada en la Ley de Asociaciones Sindicales y la normativa de la Secretaría de Trabajo, que establece la conciliación como herramienta para evitar daños mayores en actividades sensibles.

“Desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto”, sostuvo la empresa, aunque volvió a calificar de “beligerante” la postura del gremio. En un tono confrontativo, aseguró que ATEPSA busca “generar daño” y no mejoras laborales, y defendió la vigencia de acuerdos previos. Esta narrativa fue replicada por el Ministerio de Capital Humano, que a través de la Secretaría de Trabajo definió las medidas como “ilegítimas y extorsivas” y vinculó la protesta con intereses políticos, sin detallar cuáles.

La secretaria general del gremio, Paola Barritta, sostiene que el actual escenario es consecuencia directa del vaciamiento institucional de los espacios de negociación colectiva. Según ATEPSA, la última instancia paritaria legítima fue desconocida de manera unilateral por EANA, y los acuerdos salariales firmados a fines de 2023 no fueron homologados formalmente. La conducción sindical también reclama una revisión de los protocolos operativos, ya que alertan sobre fallas crecientes en los sistemas de navegación, radarización y control técnico, que impactan directamente en la seguridad de trabajadores y pasajeros.

El conflicto ya tuvo expresiones previas. En julio de 2023, el gremio impulsó medidas de fuerza antes de las vacaciones de invierno, que fueron desactivadas por conciliación obligatoria. En agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional. En noviembre, ATEPSA focalizó su plan de lucha en vuelos de carga y capacitaciones técnicas, con nueve jornadas de acciones progresivas. Finalmente, en diciembre, las protestas afectaron por primera vez a vuelos de pasajeros y derivaron en la intervención administrativa que vence este viernes.

A diferencia de etapas anteriores, el conflicto actual traspasó el plano gremial y se dirime también en la Justicia federal. Se investigan dos causas paralelas: una por fraude administrativo en la firma de un acta paritaria de 2023, en la que están implicadas Barritta y la expresidenta de EANA, Gabriela Logatto; y otra por presuntas irregularidades en seguridad operacional, donde la empresa acusa al gremio de interferir con torres de control mediante elementos sindicales que obstaculizarían la visibilidad.

El controlador aéreo es un recurso humano insustituible. Cumple una función altamente especializada, que requiere formación técnica intensiva, certificaciones oficiales y una alta carga de responsabilidad operativa y psicológica. La presión laboral sobre estos trabajadores aumentó con la reactivación pospandemia y el crecimiento del tráfico aéreo, sin que esto se traduzca en mejoras estructurales ni salariales.

La línea económica oficial insiste en sostener el congelamiento del gasto, pero el sistema de navegación aérea necesita dotaciones mínimas, turnos adecuados y condiciones técnicas garantizadas para su funcionamiento. Los trabajadores denuncian que la parálisis no es el objetivo, sino el único recurso de presión ante el deterioro del servicio y el vaciamiento del diálogo.

De no concretarse un acuerdo o una nueva prórroga este viernes, ATEPSA podría retomar medidas de fuerza inmediatas, lo que afectaría a miles de pasajeros y pondría a prueba la capacidad del Estado para sostener un servicio esencial bajo conflicto.

JJD, con información de NA