Crece la ola de rechazos a la reforma laboral de Milei: estatales convocan a un paro nacional para el 11 de febrero

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, encabezado por ATE, anunció un paro nacional para el 11 de febrero, fecha en la que el Senado comenzará a debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La decisión fue tomada tras una reunión que reunió a representantes de diversos sectores del Estado, incluidas áreas sensibles como salud, justicia, energía, vialidad y educación.

La convocatoria no será una medida aislada. Los sindicatos adelantaron que se organizarán movilizaciones simultáneas en distintas provincias para presionar a los gobernadores que respaldan el proyecto oficial. “Tenemos que hacerles sentir todo nuestro rigor a los mandatarios. Nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El sindicalista remarcó que la huelga debe ser parte de un plan de lucha más amplio, que incluya acciones previas y posteriores. “No podemos esperar al 11 para reaccionar. Tenemos que estar en la calle antes de que el proyecto comience a tratarse”, sostuvo. En ese marco, ATE y los gremios que integran el frente evalúan establecer un cronograma de protestas escalonadas en las provincias que expresen apoyo al oficialismo.

La reforma laboral, uno de los ejes centrales del paquete de leyes que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias de febrero, propone modificaciones estructurales que también afectan al empleo estatal. A pesar de que el Ejecutivo sostiene que la iniciativa se orienta al sector privado, desde ATE advirtieron que numerosos organismos públicos se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que el proyecto busca modificar.

Entre las dependencias involucradas mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, AFIP, Aduanas, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas.

Además de los cambios propuestos en indemnizaciones, jornada laboral y período de prueba, el frente sindical denunció un punto crítico que afecta directamente al Estado como empleador: la eliminación de la presunción de relación laboral en el caso de monotributistas. Según ATE, este punto busca “perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios” mediante el uso extendido de contrataciones precarias bajo esa figura tributaria.

“El Gobierno pretende quitarle protección a los trabajadores y multiplicar el poder de los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, alertó Aguiar. También señaló que se trata de un intento de retroceder “más de 100 años” en materia de derechos laborales, al socavar garantías básicas y principios constitucionales. “No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno hay que ponerle límites y decir basta”, afirmó.

En la reunión donde se resolvió la medida participaron también representantes de gremios judiciales, portuarios, docentes e investigadores universitarios, jubilados, abogados laboralistas, exjueces del fuero laboral y académicos especializados. Todos coincidieron en que la reforma representa un intento de “desestructurar el sistema de empleo público” y debilitar la organización sindical.

Mientras La Libertad Avanza avanza en las negociaciones con gobernadores y bloques aliados, y Patricia Bullrich inicia contactos en el Senado para garantizar la sanción del proyecto, el anuncio del paro eleva la tensión social y gremial. La jornada del 11 de febrero aparece como un nuevo hito de conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero.

JJD