Gobernadores piden a la Casa Rosada eliminar la baja de Ganancias a empresas a cambio de apoyar la reforma laboral
El debate por la reforma laboral del Gobierno sumó en las últimas horas un nuevo eje de tensión política: gobernadores de distintos signos reclamaron a la Casa Rosada eliminar o modificar la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en el proyecto de “modernización laboral”, al advertir que la medida recorta recursos coparticipables y afecta de manera directa a las finanzas provinciales.
Según la Noticias Argentinas, la presión provino tanto de mandatarios aliados como opositores y se intensificó a pocas horas de que el Senado comience a debatir la iniciativa en sesiones extraordinarias. El reclamo se apoyó en el impacto fiscal que tendría la reducción del tributo, que forma parte de los ingresos que la Nación distribuye a las provincias.
El conflicto se volvió central porque los gobernadores condicionaron su respaldo legislativo a la reforma laboral a la resolución de este punto. En la mesa de negociaciones, exigieron que el Gobierno nacional asuma el costo fiscal, modifique el esquema o postergue la medida. De lo contrario, advirtieron, el apoyo político quedará en duda.
De acuerdo a la información oficial citada por NA, la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades y empresas —incluida en el proyecto que impulsa el presidente Javier Milei— implicaría una pérdida estimada de hasta $3 billones en recursos coparticipables. Ese impacto explica la resistencia de los mandatarios, incluso de aquellos que acompañan el rumbo general del Ejecutivo.
Entre los distritos más afectados se encuentran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que lideran el ranking de provincias con mayor pérdida proyectada, con un índice estimado superior a $1 billón en cada caso. La advertencia encendió alarmas en los gobiernos provinciales, que enfrentan restricciones presupuestarias en un contexto de ajuste y caída de la recaudación real.
Los gobernadores aliados al oficialismo, como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, expresaron su disposición a acompañar la reforma laboral, pero reclamaron garantías fiscales concretas. En ese marco, plantearon dos alternativas: que la Nación absorba el costo de la rebaja o que la medida se postergue hasta 2027.
La tensión se instaló cuando el Ejecutivo defendió la reducción del impuesto como un instrumento para mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión, aun cuando el costo recaiga sobre las provincias. Para los mandatarios, el esquema implica trasladar el ajuste a los territorios sin compensaciones claras.
Desde el Gobierno nacional, sin embargo, la posición se mantuvo firme. Según NA, el Ejecutivo insistió en sostener la rebaja de Ganancias, aunque en las últimas horas comenzó a evaluar alternativas para no poner en riesgo la sanción de la reforma laboral. Entre ellas, se analizó la posibilidad de sacrificar el capítulo fiscal para garantizar la aprobación del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.
La negociación dejó expuesta la lógica que atraviesa el tratamiento legislativo: la reforma laboral se convirtió en una ficha de canje en una disputa ajena a las condiciones de trabajo. Mientras se discuten impuestos, coparticipación y costos fiscales, el contenido laboral del proyecto —que modifica normas centrales de la relación entre empleadores y trabajadores— quedó subordinado a acuerdos políticos.
En el otro extremo, gobernadores que ya rechazaron la reforma mantuvieron una posición intransigente. Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Axel Kicillof ratificaron su rechazo a la reforma laboral, con o sin modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.
Ese posicionamiento marcó un límite político claro: para esos distritos, el problema no es solo fiscal, sino el contenido mismo del proyecto, que consideran regresivo para los derechos laborales y perjudicial para quienes trabajan.
El escenario refuerza una constante del debate actual: las condiciones de empleo quedan fuera del centro de la discusión, mientras el foco se desplaza hacia la ingeniería fiscal y las negociaciones de poder. La reforma laboral avanza así como parte de un paquete más amplio, donde los derechos de los trabajadores funcionan como variable de ajuste en un intercambio entre Nación y provincias.
A horas de que el Senado abra el debate, el Gobierno enfrenta un dilema político: sostener el capítulo fiscal y arriesgar apoyos clave, o ceder en Ganancias para asegurar la sanción de una reforma laboral cuestionada por sindicatos, trabajadores y sectores de la oposición. En ninguno de los escenarios, el eje del debate se corre hacia la protección del empleo o la recuperación del salario, que continúan ausentes de la negociación.
JJD
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