El Gobierno entregó menos del 10% de las netbooks comprometidas en el programa Juana Manso
La pandemia de coronavirus demostró que tener o no tener acceso a una computadora y conexión de internet marca la diferencia a la hora de acceder a ciertos derechos básicos como la educación. En mayo pasado el presidente Alberto Fernández dijo que, en un marco de crisis sanitaria, proveer conectividad era tan necesario como equipar las salas de terapia intensiva y lanzó el Plan Juana Manso, que prometía entregar 633.000 netbooks a estudiantes de secundarios públicos de todo el país. Sin embargo, hasta el momento se distribuyó menos del 10%.
Un pedido de acceso a información pública hecho por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) al Ministerio de Educación reveló que al 15 de noviembre sólo se habían entregado 27.844 equipos. Es decir, apenas el 4,3%. Un pedido de información posterior realizado por el diario Clarín, arrojó que al 7 de diciembre la ejecución había subido al 7%, con la entrega de 45.824 netbooks. El bajo nivel de avance pone en duda el cumplimiento de las metas a mediano plazo. Para 2022 el Ministerio de Educación tiene proyectado sumar otro 1,5 millón de computadoras para estudiantes y totalizar así la entrega de 2.133.000 en dos años.
La explicación del Ministerio de Educación sobre el retraso es una demora en la entrega de los proveedores, algo que desde la cámara de fabricantes admiten y atribuyen a los problemas en la cadena de insumos que generó el parate en China en el primer momento de la pandemia. Una cuestión que, alegan, ya se habría comenzado a resolver.
“Ante la experiencia de las complicaciones en las primeras tres entregas, los fabricantes empezaron a anticipar los pedidos —en vez de hacerlos como se hacían normalmente, con entre 90 y 120 días de anticipación, ahora se hacen 180 días antes— y las entregas ya se están regularizando”, dijo a elDiarioAR Carlos Scimone, titular de la Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines (Camoca). Según sus cálculos, los 633.000 equipos de la licitación de este año estarán a disposición de los estudiantes hacia abril de 2022.
Las empresas proveedoras del programa son Newsan, PC Arts (Banghó), Exo, Coradir, Grupo Núcleo, Dinatech, Agen y Air Computers, que fabrican en plantas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y en las provincias de Tierra del Fuego y de Buenos Aires. El lanzamiento del programa se hizo en la sede de Ezeiza de BGH, empresa que aseguró a este medio que lleva entregado más del 50% de los productos comprometidos. “Hacemos entregas semanales y para fines de enero terminaremos con todo el pedido”, aseguraron.
Según Scimone, desde 2020 confluyen una serie de factores que complican la provisión de equipos electrónicos. Por un lado, la escasez de un insumo central, los microprocesadores. Es un problema global que se arrastra desde el primer momento de la pandemia, cuando la producción en China se alteró por la cuarentena, y que se conjugó con una mayor demanda no prevista de computadoras para estudiar o trabajar desde el hogar. Según anticipan en el sector, esta situación recién se normalizará recién hacia fines de 2023.
Por otro lado, hay una suba de costos de logística y falta de contenedores en el mundo, también derivados de la crisis pandémica. Además, este año las compañías aéreas dejaron de transportar baterías por considerarlas un producto peligroso, lo que obligó a reorganizar la logística.
El acceso a conectividad hoy es un derecho 'llave' que posibilita el ejercicio de muchos otros derechos
Los fabricantes se reunieron esta semana con funcionarios del Ministerio de Educación para ajustar temas técnicos en la elaboración del próximo pliego de licitación. El Gobierno apuesta a regularizar el “bache” del programa Conectar Igualdad, que entre entre 2011 y 2015 entregó 5 millones de netbooks y fue discontinuado por el gobierno anterior. Según Scimone, se necesitarían alrededor de 7 millones de computadoras para alcanzar a todos los estudiantes de escuelas públicas que todavía no tienen equipos y para renovar los que fueron saliendo del sistema.
“Para 2022 continúa la priorización de estas partidas en el presupuesto, con un crédito 71% más elevado, pero el desafío principal será la efectiva ejecución de estos recursos. De hecho, para el próximo ejercicio presupuestario, la meta prevé la entrega de 1,5 millones de dispositivos en todo el país”, precisó Bárbara Zanino, abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.
La ONG hizo el pedido de información pública tras notar que el Estado Nacional había aumentado un 119% el presupuesto original para el Plan Juana Manso en 2021, pero que su ejecución venía muy baja y no habían hecho disponible el dato de computadoras repartidas.
Con la información obtenida por parte del Ministerio, observaron que sólo se ejecutó el 30,4% del presupuesto del programa y el 22,5% de la actividad de “adquisición de equipamiento”, encargada de la compra de los dispositivos. Además, informaron que resta brindar conectividad al 51,5% de las escuelas estatales del país (faltan 25.902 escuelas, sobre un total de 50.382).
Según datos del Ministerio de Educación cerca de el 60% de las niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas de gestión estatal no poseen una computadora disponible en el hogar para uso educativo ni una conexión fija a internet que les permita cumplir con las tareas escolares de forma adecuada. En contraste, este porcentaje se reduce al 20% en acceso a computadoras y 35% en acceso internet entre quienes asisten a escuelas de gestión privada.
Los datos muestran que la situación empeora en barrios populares y áreas rurales. En la encuesta realizada a las y los habitantes de los barrios reconocidos por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), sólo el 13,9% respondió tener netbook o PC en el hogar y el 77% refirió utilizar celulares para las actividades escolares. Por otro lado, el 98% de los equipos directivos de zonas rurales indicó tener dificultades de conectividad.
“El acceso a conectividad hoy es un derecho 'llave' que posibilita el ejercicio de muchos otros derechos, como la educación, el acceso a la información, entre otros —señaló Zanino—. En particular sobre el derecho a la educación, existe muchísima evidencia sobre los impactos positivos de utilizar recursos tecnológicos para mejorar los aprendizajes y hace mucho tiempo forma parte de las obligaciones del Estado en torno a garantizar una educación de calidad”.
DT
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