Salud sexual y reproductiva, ¡afuera!

Cada año, el 28 de mayo marca una fecha fundamental: el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Desde su instauración en 1987, esta jornada tiene el objetivo de visibilizar, garantizar y reafirmar los derechos integrales de salud que niñas, adolescentes y mujeres tienen en todo el mundo. En Argentina, este día no solo nos llama a reflexionar sobre nuestros logros sino también sobre los desafíos que aún enfrentamos, especialmente en tiempos de retrocesos.

En los últimos 40 años, desde la recuperación democrática, observamos una profunda transformación en la protección de los derechos de las mujeres en nuestro país. Más allá de las políticas de erradicación de la violencia, desde los inicios del nuevo milenio, logramos avances significativos en el ámbito de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.

Sin embargo, en el contexto político, económico y social actual, donde se pretende afectar la capacidad de las mujeres de tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas en condiciones de igualdad y se desfinancian políticas públicas esenciales,  es crucial recordar y defender las conquistas logradas por los movimientos de mujeres. Conquistas que no solo beneficiaron a las mujeres sino que hicieron a la sociedad mejor en su conjunto.

El primer gran hito  en los derechos sexuales y reproductivos fue en 1986, cuando se derogaron las regulaciones en contra de la compra y venta de anticonceptivos, estableciendo el derecho a decidir sobre la propia reproducción. Sí, recién en 1986. Hasta entonces, existían prohibiciones desde 1974 que impedían las actividades de control de natalidad y la comercialización de anticonceptivos.

En 2002 se aprobó el primer proyecto de Salud Sexual y Reproductiva, marcando otro hito importante luego de la participación argentina en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995. Su sanción permitió la distribución de insumos de salud sexual y reproductiva en los Centros de Atención Primaria de Salud y hospitales públicos. A su vez, de brindar asesoramiento  y consejería especializada a las usuarias y la formación a los y las profesionales de la salud. Además, introdujo los anticonceptivos en el Plan Médico Obligatorio, que regula la cobertura de las obras sociales.

Leyes como la de Parto Respetado y la de Acceso a la contracepción quirúrgica, que establece el derecho a que toda persona mayor de edad acceda a la “ligadura de trompas de Falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios del sistema de salud, permitieron avanzar respetando derechos como el acceso a la información, el trato digno y los procedimientos médicos de calidad. 

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, garantiza el derecho de todas y todos los estudiantes a recibir formación en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos humanos y de equidad de género. Entre otras cosas, permite a las y los adolescentes recibir asesoramiento y abordar temáticas como salud metal, vínculos, violencia digital, abuso sexual, consentimiento y cuidados, entre otros. Sin embargo, hoy la ESI está siendo atacada por sectores que la tildan de “ideología de género”, ignorando el impacto positivo que ha tenido desde su implementación. Un estudio del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reveló que entre el 70 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de Entrevistas Especializada del organismo pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de Educación Sexual Integral (ESI). 

Otra gran conquista fue la sanción de la ley 26.862 de Reproducción médicamente asistida en 2013, que garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, de baja o alta complejidad. 

Le sigue en 2017 el lanzamiento del Plan ENIA, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, cuya continuidad se encuentra en riesgo ante el despido de 619 personas que tenían a cargo su implementación.

El ENIA es una de las políticas públicas argentinas más reconocidas a nivel regional por haber reducido en un 50% el embarazo no intencional adolescente. Su desfinanciamiento no solo pone en peligro la salud y los derechos de las adolescentes argentinas sino que también implica un retroceso en la lucha contra la pobreza intergeneracional, la deserción escolar y el acceso a empleos de calidad para estas jóvenes. 

En 2020, logramos una de las mayores conquistas en Argentina: la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y la atención postaborto. Junto a esta ley, se implementó también el “Plan de los 1000 días”, que acompaña integralmente a mujeres y personas gestantes que no cuentan con recursos necesarios, durante el embarazo y hasta los primeros tres años de vida de las niñas y niños. 

Finalmente en 2022, se sanciona la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis, garantizando que todas las personas expuestas o afectadas tengan acceso universal y gratuito a los tratamientos, tanto en prestadores de salud públicos como privados.

La conquista de todas estas leyes fue sin dudas el resultado de décadas de lucha y resistencia de los movimientos feministas y de diversidad sexual que levantaron insistentemente el reclamo para que el Estado garantice el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y permitieron avanzar hacia una sociedad mejor y más justa. Sin embargo, no debemos dar por sentado el acceso a estos derechos, que hoy podrían estar en franco retroceso ante las reformas y desfinanciamiento de las políticas públicas destinadas a garantizarlos.

Un reciente informe realizado por ELA y ACIJ muestra que el gasto en las políticas públicas que según el propio Estado apuntan a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va de 2024, un 33% más bajo que el año pasado. Este ajuste es incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%.

Y si atendemos específicamente al presupuesto destinado a Salud Sexual y Reproductiva, también se observa un desfinanciamiento, siendo la asignación de 2024 para el Programa de “Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsables” la más baja de los últimos 9 años y su reducción con relación a 2023 es del 73% en valores reales (es decir, ajustados por inflación). 

Después de todo lo logrado, no se puede retroceder con políticas que atenten contra estos derechos. La falta de remedios para tratamientos oncológicos, de insumos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo o el desfinanciamiento del Plan ENIA ponen en riesgo la salud de toda la población, particularmente de niñas, mujeres y adolescentes. Ponen en riesgo la libertad y la vida.

Próximas a conmemorar el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres recordemos que no hay salud sin derechos. Sí en Argentina se garantizan todos estos derechos, que el acceso a la salud también lo esté.

La autora es integrante del área Jurídica de ELA.