Congelan precios de apuro y prevén bajar la carne por el fin de la media res, mientras aceleran el gasoducto y la AFIP intima

Con medio mes de retraso, el ministro de Economía, Sergio Massa, comenzó la semana pasada su prometida lucha contra la inflación, tras estabilizar la crisis cambiaria de julio. Su secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, dejó a un lado su preocupación por la escasez de figuritas del Mundial y comenzó a citar de a una a las 25 grandes empresas de alimentos, bebidas y artículos de higiene. Empezó por Arcor y Molinos y continuó esta semana con Ledesma, L'Oreal, Danone, Coca-Cola, PepsiCo y Mastellone, entre otras. A cada una le repitió que a partir del 1 de noviembre quiere acordar, no obligar como su antecesor Roberto Feletti, a congelar los llamados Precios Justos de entre 1.500 y 2.000 productos, más que los 450 de Precios Cuidados, y por cuatro meses, hasta el 1 de marzo, para pasar una Copa del Mundo y un verano tranquilos. Las empresas rechazaron la idea de Tombolini de imprimir los precios en los paquetes y pusieron en duda su capacidad para arribar tan rápido a un pacto que ponga los valores en un freezer por tanto tiempo, cuando venimos de una inflación del 6,2% solo en septiembre. Pero, a pesar del pataleo, la mayoría de ellas reconoce que quizá antes de que el 20 de noviembre muchos se empiecen a entretener con Qatar 2022 se firmará el convenio, aunque probablemente sin precios impresos.

Los ejecutivos le plantearon problemas de implementación a Tombolini. Uno de ellos le dijo que no es posible vender al mismo precio en las grandes cadenas, a las que les venden directamente, que en un supermercado chino, que se abastece mediante intermediarios, no sólo por mayores costos logísticos sino también por cargas impositivas que se suman en la cadena o diversas aspiraciones de rentabilidad en uno y otro negocio. “En los chinos se vende el mismo producto 40% más caro”, alegaron. Malacostumbrados a remarcar, también cacarearon contra la intención de mantener el mismo valor en noviembre que en febrero. Objetaron que se impriman los precios en los paquetes, que a partir de febrero deberán llevar las alertas de insalubridad que establece la ley de etiquetado frontal. Argumentaron que no se paga lo mismo en todo el país, que hay packaging en stock y problemas de insumos para producirlo. Reclamaron que el Gobierno también pida un esfuerzo a sus proveedores de insumos industriales, una tarea que intentó sin éxito la ex secretaria de Comercio Interior Paula Español. Ella también había procurado sin resultados la impresión de precios en los paquetes y la implementación de un acuerdo de valores en los supermercados chinos y almacenes. Veremos si a Tombolini le va mejor un año después.

Las empresas rechazaron la idea de imprimir los precios en los paquetes y pusieron en duda su capacidad para arribar tan rápido a un pacto que ponga los valores en un freezer por tanto tiempo, cuando venimos de una inflación del 6,2% solo en septiembre

El secretario admitió dificultades para materializar el plan, pero se mostró dispuesto a atenderlas. Por ejemplo, quizá el precio impreso sólo rija para productos con alta rotación. Les pidió a las firmas que trajeran contrapropuestas y les ofreció ventajas especiales para compensar las pérdidas que les supondrá el congelamiento. Por ejemplo, un dólar más alto para las exportaciones, lo que puede atraer a empresas como Arcor, Ledesma, Molfino (del grupo canadiense Saputo, dueño de la marca La Paulina), Unilever o Mastellone, o más acceso a divisas para importar productos. Pero no todas se ven atraídas por esas opciones porque algunas ni exportan ni importan. A ellas se les ofrecerán otros alicientes o quedarán afuera de los Precios Justos, pero sujetos a la competencia de compañías que sí los acepten y fuercen así a contener las remarcaciones de todos.

“Plan de estabilización”

Algunos empresarios consideran que los acuerdos de precios ya no van más y que se requiere un plan urgente de profunda baja del gasto público y de la emisión monetaria, Claman por limitar la política de alimentos a subsidiar a los más necesitados, que hasta la mitad de año eran el 36% de los argentinos, pero en ascenso. Tombolini les admitió que él sólo se ocupa de las consecuencias de la inflación, no de sus causas, y les explicó que para ello está Massa encarando un “plan de estabilización”, en referencia a su programa actual, nada similar al Austral de 1985 o la convertibilidad de 1991. Añadió que las medidas macroeconómicas del ministro, en alusión al actual ajuste fiscal y monetario, requieren complementarse con una moderación de los precios de los alimentos. Los empresarios que duplicaron los valores en el último año, como los fabricantes de azúcar, café, huevos, jabón, aceite, harina, manteca, hamburguesas, lavandina, algodón y leche, prometen que ya no remarcarán tanto.

En las empresas reconocen que el clima social están caldeado por una inflación que galopa al 83% anual. En una de ellas conversaron con un intendente del conurbano sobre el panorama de diciembre, cuando siempre se instala la amenaza de saqueos, aunque la mayoría de los años no ocurren. ¿Si la selección argentina queda afuera en la primera ronda del Mundial, el 30 de noviembre ante Polonia, podría sobrevenir un diciembre caliente en una población frustrada? El jefe comunal descarta un estallido porque el Gobierno “baja guita y morfi”, pero reconoce “una crisis de desánimo, que se manifiesta en la violencia familiar, un tipo de crisis distinta” a lo visto con anterioridad.

¿Si la selección argentina queda afuera en la primera ronda del Mundial, el 30 de noviembre ante Polonia, podría sobrevenir un diciembre caliente en una población frustrada?

Además de los Precios Justos, el Gobierno aspira a que el 1 de noviembre se abarate 20% la carne vacuna en los barrios populares y de clase media baja por efecto del fin de la distribución de la media res y el comienzo del reparto de los cortes cuarteados. Al dejar de comercializarse la vaca entera, las carnicerías de las zonas más humildes ya no deberán vender lomo y podrán optar por comprar sólo los pedazos más económicos. Los frigoríficos exportadores, como Azul Natural Beef, Swift, Gorina, Rioplatense, Marfrig (dueña de la marca Paty), Arre Beef, La Pampa o Friar, impulsan la medida con el argumento de que también mejorará la sanidad alimentaria, reducirá el esfuerzo de los “lomeros”, los trabajadores que ponen el lomo para transportar la media res, y reducirá la evasión tributaria. Pero los frigoríficos dedicados al mercado interno reclaman retrasar el funeral de la media res porque sostienen que el Estado nunca los ayudó a reconvertirse para comenzar a cuartear el animal. Mientras tanto, en octubre se prorrogó el acuerdo de Cortes Cuidados con un aumento de precios del 3,4% y queda pendiente un pacto que frene el encarecido valor de las hamburguesas y las salchichas.

A Massa también le preocupa el costo de la ropa. Se enfureció cuando el pasado viernes se informó que la inflación de septiembre fue liderada por la indumentaria, pese al acuerdo de precios hasta fin de año que a mediados de ese mes firmaron grandes marcas. Ese mismo día, Tombolini les pidió a los empresarios de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), proveedores de insumos a los confeccionadores de prendas, que se reunieran este lunes para congelar todos los precios de todas las empresas, de cualquier tamaño, hasta diciembre bajo la amenaza de abrirles la importación. Los hombres de negocios prometen un pronto acuerdo porque también se dan cuenta de que tanta remarcación les provocó una caída de ventas, como demostró el último Día de la Madre. Eso los disciplinará más que una reapertura de importaciones después de dos meses con entradas frenadas por la escasez de divisas. Más de una pyme empieza a ahogarse entre las alzas de la energía, los salarios, las tasas de interés y el contado con liquidación que usan para importar insumos al tiempo que el consumo se ha venido resintiendo desde julio, por la suba de la inflación el mes en que hubo tres ministros de Economía. Y advierten de que si es difícil el cumplimiento de acuerdos de precios en mercados concentrados como el de los alimentos, más aún lo será en otros atomizados como el de la ropa.

Ortodoxia

Pero así como Andrés Calamaro canta que no se puede vivir del amor, Massa reconoce que no se puede controlar la inflación con acuerdos de precios solamente. Por eso apuesta a la receta ortodoxa que le dicta su viceministro, Gabriel Rubinstein. Es el mismo economista que ruega que el Congreso incluya en el proyecto de presupuesto 2023 algunas de las quitas de beneficios impositivos incluidas en la separata que lo acompaña, como aquellas de las que ahora gozan las cooperativas financieras, como el banco Credicoop, que preside el diputado oficialista Carlos Heller, y la industria electrónica de Tierra del Fuego, donde ganan el macrista Nicolás Caputo (Mirgor), Rubén Cherñajovsky (Newsan) y los Hojman y los Teubal (BGH).

Rubinstein ruega que el Congreso incluya en el presupuesto quitas de beneficios impositivos como los que gozan cooperativas financieras como el banco Credicoop, que preside Carlos Heller, y la industria electrónica de Tierra del Fuego

Para que se cumpla la baja presupuestada para 2023, el gasoducto Néstor Kirchner debe terminarse el 20 de junio, de modo de reducir en un tercio las importaciones de gas. Así el fisco ahorraría para recortar el déficit y el Banco Central reforzaría sus reservas. A pesar de las dificultades actuales para importar equipamiento, la marcha de la construcción del ducto merece una calificación de 8 sobre 10, según sus constructores. Confían que se llegará al 20 de junio con el caño en operaciones entre Vaca Muerta y la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, Techint (de Paolo Rocca), Sacde (de Marcelo Mindlin), Esuco (de Carlos Wagner) y BTU (de Carlos Mundin) están limpiando el terreno, completando los obradores y preparándose para recibir los caños que ya están llegando desde la fábrica que en Valentín Alsina tiene el mismo grupo del empresario italiano residente en Buenos Aires. En noviembre, siempre y cuando no llueva demasiado, las obras avanzarán aún más. Son las mismas lluvias que sí ansían en el campo para evitar que la sequía hunda la cosecha de trigo en diciembre y dañe la reciente siembra de soja y maíz, que se levantará desde marzo, tres cultivos claves para el ingreso de dólares y de impuestos.

Para reforzar la recaudación tributaria en lo inmediato, el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, asumió el cargo en agosto, junto con Massa, bajo la promesa de perseguir la evasión de grandes, medianos y pequeños contribuyentes. Precisamente, desde ese mes, se intensificaron las intimaciones de la agencia tributaria a las personas sospechosas de eludir el aporte extraordinario a las grandes fortunas, aquellos que cambiaron de residencia fiscal para dejar de tributar en el país y los que cuentan con cuentas aparentemente no declaradas en el extranjero. Pero también comenzaron mayores requerimientos de información a trabajadores autónomos que, a diferencia de otros que evaden todo con operaciones en el exterior, sí contribuyen al fisco. Sería deseable de que, además de pescar en la pecera, la AFIP utilice la mayor parte de su plantel de inspectores para perseguir la gran evasión de los ricos, de los que se esconden en paraísos fiscales o los que se ocultan en el disfraz de monotributistas, y también a las empresas que eluden los gravámenes subfacturando exportaciones, sobrefacturando importaciones o deslocalizando sus ganancias en países de baja imposición, como hacen los gigantes de la tecnología o los productores de materias primas agrícolas, energéticas y mineras, todos ganadores de la economía mundial actual.

AR