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El Gobierno presiona con el blanqueo de capitales y define un nuevo proyecto

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley

El ministro de Economía, Sergio Massa, firmó este lunes un acuerdo con el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley, para intercambiar de manera automática información financiera que le permita detectar dinero oculto de argentinos en ese país. Mientras se define la letra chica, y como una manera de presionar a los inversores a salir de sus “guaridas”, el ministro anticipó que enviará un proyecto de ley de blanqueo al Congreso

Según pudo saber elDiarioAR la norma enviada por el Ejecutivo será un texto nuevo y no se montará, como señalaron algunas versiones, sobre la iniciativa del senador kirchnerista Oscar Parrilli, que ya tiene media sanción de la Cámara Alta. En el Gobierno evitaron dar mayores detalles sobre la estructura del nuevo blanqueo, pero anticiparon que buscarán aprobarlo en lo que queda de diciembre, “durante el transcurso de éstas sesiones especiales”. Un escenario difícil. 

De todos modos, fuentes del equipo de Massa aseguran que que “ambas cosas no están atadas”. Es decir, el intercambio de información financiera se pondrá en marcha independientemente de lo que ocurra en el Congreso con la ley de blanqueo. Según aclararon, el acuerdo no necesita ningún aval por parte del Parlamento. 

Lo que sí está pendiente es la reglamentación, que la AFIP trabaja por estos días bajo condiciones de confidencialidad, y de dónde surgirá el detalle de qué períodos de tiempo quedarán sujetos al intercambio. Los datos podrían ir varios años hacia atrás, e incluso señalan que hay casos donde Estados Unidos ha entregado información de 2014. 

El Gobierno estima que en Estados Unidos hay alrededor de US$100.000 millones de argentinos que no están declarados. Si bien el número real se desconoce aseguran que, de los más de 100 acuerdos que tiene la Argentina con otros países, éste será el que aportará mayor caudal de información. Además, incluirá a todos los estados del país gobernado por Joe Biden. “Es el convenio más importante suscripto por la Argentina en los últimos años”, aseguran.  

La intención es que la reglamentación esté terminada en las próximas semanas y que el convenio entre en vigencia el 1° de enero. De todas maneras, la bajada de información se realiza una vez al año, en septiembre. Mientras se espera que eso ocurra, sería útil para tener el salvoconducto del blanqueo abierto. 

Estados Unidos, que es exigente en cuanto a la confidencialidad de los datos, exigió que la Argentina compre un software de seguridad que la AFIP ya adquirió y puso en vigencia dentro del organismo. Incumplir con algunos de los puntos en materia de protección de los datos le podría valer una suspensión del acuerdo, como le ocurrió a México. 

Hasta ahora la Argentina tenía un convenio con Estado Unidos, firmado en 2016,  que solo lo habilitaba a solicitar información de casos puntuales; no a un intercambio regular y masivo. Bajo este convenio accedió a información de 68 ciudadanos argentinos, según apuntó Massa en el acto de firma en el CCK.

Por fuera de lo que suceda con el blanqueo, funcionarios del Gobierno consideran que el acuerdo tendrá “consecuencias en la vida real”. Por ejemplo, presumen que los bancos estadounidenses empezarán a adaptar sus comportamientos y no le permitirán a un argentino o argentina abrir una cuenta si no presentan la declaración jurada correspondiente ante la Argentina.  

El acuerdo rige para personas individuales y para sociedades, dado que alcanza a la persona humana que sea la beneficiaria efectiva de esa estructura comercial o financiera. La información recibida abarca ingresos --intereses, dividendos, regalías-- y también saldos, sin topes o mínimos en los montos. 

Si, una vez vigente el acuerdo actual, se detecta que una persona que ingresó en el blanqueo de 2016 tenía dinero en Estados Unidos que evitó declarar en esa oportunidad --y que es superior al 1% de lo que efectivamente blanqueó-- se le quitarán los beneficios fiscales que obtuvo por acogerse a ese régimen. Es decir, se le quitarán los perdones otorgados. 

DT

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