En medio de la segunda ola, temen que los desalojos a inquilinos favorezcan nuevos contagios
El 31 de marzo venció el decreto que suspendía los desalojos por falta de pago y las organizaciones que trabajan con la población inquilina coinciden en el diagnóstico de los primeros días sin protección: “un desastre”. Muchas familias en todo el país están en riesgo de quedarse en la calle o se ven obligadas a mudarse con parientes o amigos en condiciones de hacinamiento, lo que —advierten— podría favorecer los contagios y exponer a las personas a un mayor riesgo sanitario. Lo dijo algunos meses atrás el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal: “Perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida”.
“El 60% de las alrededor de 400 consultas que recibimos por día son de personas en situación de desalojo o de terminación de alquiler y búsqueda más bien desesperada de cómo extender el vínculo o cómo conseguir uno nuevo que puedan pagar”, resume a elDiarioAR Andrés Bernal, abogado de Inquilinos Agrupados.
La organización, que forma parte de la Federación de Inquilinos Nacional, presentó ayer una acción de amparo colectiva y una medida cautelar en el Juzgado N°6 del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires en la que solicita, en representación de los inquilinos e inquilinas con sentencia de desalojo, que se le ordene al Ejecutivo Nacional suspender la ejecución de desalojos hasta tanto esté resguardada la vida, la salud y la vivienda de las personas que están en esa situación y quedarían expuestas al virus.
De acuerdo con los argumentos de la presentación, la ola de desalojos puede propiciar un aumento de contagios dado que generará situaciones de hacinamiento en hogares y pondrá a cientos de familias a deambular por las calles. “Hoy, cuando vuelve a primar la consigna ‘quedate en casa’ hay familias, mamás, que están en los colectivos con los bolsos buscando alquileres”, apunta Bernal.
Las subas de los precios de los alquileres, que superan ampliamente la inflación, complica la posibilidad de encontrar una nueva vivienda. Según Glenda Gómez, presidenta de la Federación de Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, hay casos en los que los propietarios exigen para renovar el contrato un ajuste del 200%.
Hoy, cuando vuelve a primar la consigna ‘quedate en casa’ hay familias, mamás, que están en los colectivos con los bolsos buscando alquileres
De acuerdo con la presentación de Inquilinos Agrupados hay evidencia sobre cómo influye la falta de un techo en el agravamiento de la situación sanitaria. En otras ciudades del mundo en las que también se levantó sin previsión estatal la suspensión de la ejecución de desalojos la curva de contagios se disparó, aseguran. Por ese motivo, la organización hizo también un pedido de acceso a la información pública en la que le preguntó al Ministerio de Salud si había sido consultado por el Ministerio de Hábitat para tomar esta decisión, pero no obtuvo respuesta.
Si bien Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial, dijo a este medio que la caída del decreto no implicaría que los inquilinos con riesgo de ser desalojados se quedaran “inmediatamente de patitas en la calle”, Bernal afirma lo contrario. Explica que el decreto 320/20 suspendió la ejecución de los desalojos pero no la tramitación de las causas, por lo que —excepto por los meses de feria— avanzaron durante la pandemia y se acumularon sentencias listas para ser ejecutadas una vez caído el decreto. Es decir, listas para que un oficial de Justicia se dirija junto con la policía a un hogar y ordene a quienes viven ahí a abandonarlo. Eso fue lo que comenzó a ocurrir ayer, primer día hábil posterior al vencimiento de la norma que, mediante prórrogas, regía desde marzo de 2020.
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional en lo Civil, durante dos meses de 2020 (agosto y septiembre) se iniciaron la mitad de procesos de desalojo que en todo 2019, que fueron alrededor de 4.300. La hiperactividad de los desalojos se refleja en todos los organismos que están vinculados de algún modo a la problemática habitacional.
Fernando Muñoz, director del área de Inquilinos de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires declinó la invitación a conversar de elDiarioAR justamente por estar “abarrotado” de trabajo. Según explicó, ellos intervienen en “la previa” al desalojo: cuando hay una amenaza explícita (“o pagás o te vas”) y en cada caso su oficina debe pedir el contrato, conocer a fondo la situación, llamar a la inmobiliaria que representa al propietario y ofrecer una negociación, entre otras cosas. Otro ejemplo: Ana Fernández Borsot, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, atendió llamados de “alerta por desalojo” todos los días del fin de semana largo de Semana Santa. “Son inexistentes los dispositivos de acompañamiento institucional por el momento”, aseguró.
Como única herramienta frente a esta situación, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat publicó hoy la reglamentación del “Protocolo nacional para la alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales”. En resumen, establece que sistematizará información de los hogares que se encuentran atravesando procesos de desalojos, se conformará un registro y se establecerán convenios de colaboración con distintos organismos para ofrecerles soluciones.
Uno de esos convenios propuestos es con las unidades ejecutoras de programas de viviendas, que destinarán cierto porcentaje de unidades a esta población vulnerable. Además, la reglamentación establece criterios de prioridad para asignar esas soluciones habitaciones favoreciendo a familias monomarentales y monoparentales, adultos mayores, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o personas en extrema pobreza.
Durante dos meses de 2020 (agosto y septiembre) se iniciaron la mitad de procesos de desalojo que en todo 2019.
“No es un protocolo, es un proyecto de protocolo con lineamientos genéricos para constituirlo en el futuro”, matiza Bernal. Por otro lado, aplica sólo a los “alquileres formales”, dejando fuera a por lo menos el 45% de las relaciones de alquiler y al universo de los más vulnerables, que viven en hoteles, pensiones o conventillos sin que medie ningún contrato. “Además la ‘alerta temprana’ que propone el Gobierno ya fue: ya estamos recibiendo órdenes de desalojo”, agregó Fernández Borsot, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Las organizaciones alegan que el contexto por el que se decidió imponer el decreto no se modificaron; la pandemia y las medidas sanitarias para evitar su propagación todavía hacen que muchos hogares inquilinos tengan dificultades económicas para cumplir sus obligaciones. Además, la segunda ola referida esta mañana por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, amenaza con fortalecer las restricciones y profundizar el daño en los ingresos familiares.
“Estamos en una situación extrema, con riesgo de vida para estas personas. Cuando estamos en el peor momento del contagio, con nuevas variantes de la enfermedad circulando, se libera la ejecución de desalojos”, sostiene Bernal.
DT
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