Los pendientes del acuerdo con EE.UU.: bilateral Milei-Trump, cambios legales y discusión en el Congreso

El anuncio del acuerdo comercial que la Argentina logró con Estados Unidos es por ahora eso: un anuncio del que falta conocer el documento final y la letra chica. El Gobierno logró el golpe de efecto mediático con la publicidad del entendimiento con la Casa Blanca pero aún restan una serie de pasos claves para que efectivamente se materialice.

“Llevará unas semanas”, anticiparon a elDiarioAR fuentes libertarias al tanto de la negociación de los últimos días en Washington. Firmado el acuerdo marco, ahora comienzan a girar las ruedas de la burocracia de ambas administraciones. Las definiciones incluso podrían llegar al filo del Año Nuevo o ya entrado el 2026. 

El punto alto del acuerdo sería una nueva bilateral entre Javier Milei y Donald Trump, ya que la rúbrica del acuerdo la hacen los presidentes, confirmaron en el Gobierno. No está previsto ahora en la agenda del libertario un viaje a EE.UU. porque primero tienen que darse algunos pasos legales, como dictámenes y traducciones.

Pero Milei no tiene problemas en subirse a un avión hacia el norte. El último fue la semana pasada, cuando participó de una conferencia en Miami y reuniones en Nueva York. Antes había visitado a Trump en el Salón Oval en la previa a las elecciones del 26 de octubre. La semana próxima ambos presidentes podrían haberse cruzado en la cumbre del G20 en Sudáfrica, pero enviarán a sus respectivos cancilleres.

Entre los pasos más próximos se comenzará con la adaptación de cada aspecto del acuerdo a las legislaciones locales. Del texto de Washington se desprende que la Argentina cede en 30 ítems puntuales, mientras que EE.UU. lo hace sólo en dos. El comunicado oficial no abundó en detalles, ya que la instrumentación de cada ítem correrá por separado. 

El acuerdo refiere a temas tan distintos que su aplicación obliga a instrumentaciones separadas y con sus propia burocracia: tarifas, barreras arancelarias, normas y evaluaciones, propiedad intelectual, mercados agrícolas, ganaderos y mineros, mano de obra, medio ambiente, seguridad económica, oportunidades comerciales, comercio digital, y empresas estatales y subvenciones. 

Además de la adaptación en las normas locales, que se pueden aplicar mediante resoluciones y/o decretos ministeriales o presidenciales, se espera que haya discusiones en el Congreso. “Algunos de los compromisos, que serán detallados en el Acuerdo, requieren reforma legal, lo cual también deberá ser tratado por el Congreso”, aseguró un funcionario del Gobierno.

En la discusión parlamentaria entrarían los tratados internacionales para adoptar estándares globales en materia de protección de propiedad intelectual. Además, hay compromisos de otra índole que requieren cambios legales y ratificación de tratados internacionales, que también deben ser aprobados por el Congreso.

Dos puntos importantes quedan también pendientes de señales claras sobre cómo se resolverán. Por un lado, no quedó saldada la discusión sobre los aranceles a las exportaciones argentinas de acero y aluminio, que hoy alcanzan el 50% y que la Argentina busca rebajar. El Gobierno eliminó temporalmente -hasta fin de año- las retenciones a las exportaciones de esos productos hacia Estados Unidos, un beneficio para Techint y Aluar, empresas perjudicadas por el elevado arancel impuesto por Washington.

El anuncio hace referencia a la llamada Sección 232 de seguridad nacional norteamericana de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esa norma de EE.UU. autoriza al presidente norteamericano a restringir las importaciones que amenacen la seguridad nacional. En este caso aparecen acero y aluminio, sectores argentinos que esperaban una apertura.

A su vez queda abierta la definición sobre patentes, tema espinoso por el lobby de los laboratorios farmacéuticos y las semillas agrícolas. Bajo el subtítulo “Propiedad intelectual”, el acuerdo dice que la “Argentina se ha comprometido a abordar desafíos estructurales señalados en el informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, incluyendo los criterios de patentabilidad, el atraso en el otorgamiento de patentes, y las indicaciones geográficas, y a trabajar para alinear su régimen de propiedad intelectual con los estándares internacionales”.

Por ahora es una mera declaración de un compromiso. Lo que realmente quiere EE.UU. es que la Argentina elimine las resoluciones impuestas durante el kirchnerismo que impiden la vigencia de la Ley de Patentes –sancionada en 1995–, especialmente en el sector de medicamentos y agroquímicos donde los laboratorios locales copian fórmulas y las comercializan sin pagar derechos.

El gobierno de Milei tendrá entonces el desafío de enfrentar el lobby de empresarios farmacéuticos locales como los Bagó y los Sielecki, así como los agricultores que usan semillas de soja o maíz patentadas por las alemanas Bayer y BASF, la estadounidense Corteva o la china Syngenta.

MC