Análisis

Chile, ¿hacia dónde se encamina el proceso constituyente después del Rechazo?

De un padrón de 15 millones de personas, más de 13 millones votaron el domingo 4 de septiembre en el plebiscito chileno donde el electorado estaba invitado a escoger entre el Apruebo y el Rechazo a un nuevo y controvertido texto constitucional que reemplazaría a la Constitución actual vigente desde la dictadura pinochetista. En la imagen, largas filas para votar en Santiago, capital de Chile, el día del plebiscito con una asistencia electoral récord y una victoria avasalladora del Rechazo con el 62% de los sufragios.

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El resultado del  plebiscito del 4 septiembre al que concurrieron más de 13 millones de votantes, una cifra que se acerca al 86% del padrón electoral, para dar su voto por el Apruebo o el Rechazo al nuevo texto constitucional elaborado por la Convención Constitucional conformada por 150 representantes elegidos por sufragio popular, expresó un claro  Rechazo más de 20 puntos (el 62%de los votos) al Apruebo a la que hubiera sido la nueva Constitución para Chile.  

En esa oportunidad,  según  encuestas a boca de urna, 3 de cada 4 votantes del Rechazo quieren un nuevo proceso constitucional y una nueva Constitución para Chile que asegure para las mayorías las demandas del 'estallido social' de octubre de 2019.

Toda lectura política  guiada por la prudencia -que preserva de errores incurridos cuando la impulsa el ánimo o la convicción facciosa- del contexto por el que atraviesa Chile advierte que no hay espacio para triunfalismos. Los distintos actores políticos de la opción contraria al Apruebo  durante la campaña, no se habían dejado ver: no se puede sostener la tesis de que los vencedores son los partidos de oposición al Gobierno. Tampoco ganaron los extremos que no buscan acuerdos mayoritarios y  sí instaurar constitucionalmente sus propias miradas de mundo. Los principales rivales del Apruebo fueron  figuras de centroizquierda, nucleados en movimientos no numerosos con alto alcance mediático como Amarillos por Chile, que instalaron  la idea de que el texto era problemático principalmente para el  ala más conservadora que no se integró al gobierno como la mayoría del Partido Socialista y defienden otros intereses: el nuevo texto consagraba, entre otros temas, la eliminación del Senado, una línea roja para varios. Salvador Allende fue senador desde 1945 hasta 1970, y presidente del Senado entre 1966 y 1969.

En el contexto de una búsqueda de la democracia perdida en Chile, el cardenal Raúl Silva Henríquez, en su homilía luego llamada  El alma de Chile, pronunciada en el Tedum Deum del 18 de septiembre de 1974,  un Dieciocho como se llama en el país andino el día de celebración de la patria desde  1811, definió el ‘alma’ nacional en la certeza de la existencia un orden jurídico a favor de la libertad de las personas y la fe del pueblo. El proceso constituyente no valoró la historia del orden jurídico chileno y propuso el fin del Senado y del Poder Judicial sumado a la prescindencia de otras normas que aseguran la unidad del Estado.

 

El momento de ‘la hora cero’ ha llegado

El presidente Boric había anunciado antes del plebiscito que de ganar el Rechazo convocaría a empezar desde “cero” una nueva Convención y la redacción completa de un nuevo texto. De acuerdo a Boric, el plebiscito que habilitó en 2020 el primer proceso constitucional, en el que un 78% de los chilenos aprobó reformar la Carta Magna, había terminado por sepultar definitivamente la actual Constitución de 1980, herencia de la dictadura del capitán General  Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada parcialmente en democracia.

Ese 4 de septiembre no fue el esperado espejo de aquel de 1970 que había dado la victoria a la coalición de la Unión Popular y a la presidencia del socialista Salvador Allende. “Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de forma fuerte y clara”, reconoció en cadena nacional el presidente chileno Gabriel Boric cuando no había pasado ni una hora de los resultados del referendo constitucional,  y convocó a los presidentes de los partidos políticos y de las dos cámaras del Congreso a reunirse en el Palacio de La Moneda, para acordar los pasos siguientes al proceso constitucional después del revés sufrido al proyecto presentado  por la Asamblea Constituyente insignia de su gestión hasta ese momento.

El martes 6 de septiembre, el presidente Boric realizó el primer cambio de gabinete desde que asumió en marzo con el 55,7% de las urnas, con el propósito declarado de impulsar una nueva coordinación  en la conducción del país procurando una corrección en la asimetría entre socialismo y comunismo.  Las dos figuras salientes de mayor peso fueron la ministra de Interior, Izkia Siches, y el secretario de la Presidencia, Giorgio Jackson, quienes comparten militancia política con Boric desde su época de dirigente estudiantil e integraban el círculo más cercano del jefe de Estado. Sus reemplazantes, Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte son dos dirigentes de amplia experiencia política, formadas en la época de la transición democrática posterior a la dictadura de Pinochet. El resto de los cambios comprenden a las carteras de Desarrollo Social, Salud, Energía y Ciencia

Los líderes de los partidos políticos tanto opositores como oficialistas mantuvieron una primera reunión el miércoles 7 de septiembre para acordar las fechas y estructura destinadas a diseñar  un nuevo itinerario Constitucional.  “Lo que está claro es que nadie dijo que no iba a haber una nueva constitución”, comentó al final del encuentro el senador opositor Manuel José Ossandón.

En tanto, cientos de estudiantes de secundario protagonizaban protestas que iniciaron  el día anterior y continuaron el día después en el centro de la ciudad capitalina de Santiago. Los manifestantes quienes entre otras consignas coreaban “¡Ante un pueblo sin memoria, estudiantes haciendo historia!”, sufrieron una dura intervención de las fuerzas antidisturbios del cuerpo de Carabineros. El presidente Boric, quien en el 2011  lideró protestas estudiantiles, ha anunciado que el gobierno querellará contra los manifestantes.

El lunes 12 de septiembre, distintas fuerzas políticas - incluida el ultraderechista  Partido Republicano (PLR)- reunidas en el Congreso llegaron a varios acuerdos, entre ellos  que la nueva Constitución sea redactada, al igual que la anterior, por un órgano paritario elegido por voto popular y que sea aprobada en un plebiscito donde el sufragio sea obligatorio. También  que el organismo encargado de la redacción de la nueva Carta Magna esté acompañado por un comité de expertos.  Quedaron temas por definir como la participación de todos los grupos, así los pueblos indígenas y los independientes. 

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados,  Raúl  Soto  declaró que “avanzando a paso firme, sin prisa, pero sin pausa, como hemos dicho, y ojalá que antes del 18 (de septiembre) tengamos buenas noticias”, y agregó que “hemos ido dejando las diferencias de lado y acercando nuestras posiciones porque queremos dar certidumbre al país de cuál es el camino que viene en este nuevo proceso”.

Antagonismos políticos y compromisos inciertos

El presidente Gabriel Boric por sus palabras y acciones ha mostrado la voluntad de conducir la negociación política por un camino de gran entendimiento nacional aunque  le signifique una tensión en el bloque oficialista: el Partido Comunista (PCy algunos sectores del Frente Amplio (FA) fueron los artífices ideológicos de la propuesta constitucional rechazada.

En especial respecto de la perspectiva indigenista y plurinacional, la incertidumbre en materia de propiedad privada y los lineamientos en seguridad pública y unidad territorial.

La derecha chilena  presenta hacia el interior de su propio espacio una  tensión entre un sector moderado dispuesto a seguir el proceso constituyente al cual se habían comprometido en la campaña electoral, y otro más extremo que rechaza realizar reformas sociales.

 “Nosotros cumplimos nuestros compromisos y vamos a refrendar la voluntad de que el proceso constituyente continúa”, ha declarado  Javier Macaya senador y presidente del ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Bajo el lema “rechazar para reformar”, partidarios de esta opción política se comprometieron en avanzar en enmiendas a la actual Carta Magna o apoyar un nuevo proceso constitucional, aunque no han sido explícitos en las condiciones y condicionantes que éste se realizaría.

Sin embargo, la opción de reformas se da de bruces con la posición más dura del ultraderechista  PLR del excandidato a la presidencia José Antonio Kast, quien había celebrado  que se haya “derrotado una propuesta constitucional que le hacía mucho daño a la patria y a todos los chilenos”.  La posición de Kast representa  una derecha que muy probablemente no va a estar dispuesta a ningún cambio; por el contrario, impulsarán la continuidad del status quo y en consecuencia, no participarán favorablemente en proceso constituyente alguno. 

Para realizar las reformas que promueve la derecha más moderada que por ahora son un listado de intenciones más moderada, se impulsó en el Congreso una ley que rebaja el quorum para poder modificar la Constitución. Marco Moreno, politólogo de la Universidad Central, sostiene que  los cambios que proponen los conservadores requerirían de acuerdos transversales con las bancadas de izquierda en el Congreso y “no se requeriría de los parlamentarios republicanos” de ultraderecha.

La divergencia dentro de la derecha deja en “incertidumbre” cómo se abordarán las posibles reformas y a qué acuerdos llegarán en un Congreso con fuerzas equilibradas  y una izquierda fraccionada por el resultado del referéndum del domingo 4 de septiembre.

Apenas cumplida una semana de la mesa de negociaciones entre las fuerzas políticas,  el partido de centro derecha Chile Vamos se desmarcó del acuerdo razonando en su cuenta de Twiter que “no aceptamos que pretendan imponer un curso de acción”

Mientras los partidos políticos dirimen su diferencias y se acomodan a esta segunda etapa, seguramente  el éxito en el acuerdo nacional en materia constitucional dependerá de que los ciudadanos sigan activos y movilizados.

AGB

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