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Universidades públicas desfinanciadas
Igual que en la Argentina

La Complutense de Madrid acumula un déficit millonario y pide un crédito para sobrevivir, estrangulada por una amiga de Milei

Cartel de la facultad de CCII en la Complutense.

Daniel Sánchez Caballero

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La Universidad Complutense de Madrid presenta un déficit de 142,3 millones de euros entre 2023 y 2024. El agujero que esta situación ha dejado en la caja de la universidad más grande de España, que maneja un presupuesto superior a los 700 millones de euros anuales, ha llevado al Rectorado a pedirle al Gobierno de la Comunidad de Madrid que le permita pedir un crédito de 35 millones para sobrevivir, tal y como adelantó El País.

El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso no ha respondido a la pregunta de este periódico acerca de si va a aceptar la petición. Fuentes universitarias explican que para hacerlo sin incumplir el artículo 57.8 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) la Comunidad de Madrid debe asegurarse de que la UCM reduzca el gasto estructural, medida que no figura en la memoria económica que el rectorado ha enviado al Gobierno regional justificando la necesidad del crédito. Sin un ajuste en las cuentas, reflexionan estas fuentes, la universidad está abocada a pedir otro crédito el próximo año.

Pero la UCM habla mayoritariamente de (la falta de) ingresos. “La Universidad Complutense de Madrid soporta un déficit estructural de financiación desde hace años, que se ha visto agravado con el tiempo”, empieza el documento, al que ha tenido acceso este periódico. Según las cuentas que refleja el texto, la universidad tuvo un déficit de 64,5 millones de euros en 2023, que se fue hasta 77,8 millones de euros el año siguiente. 140 millones de déficit en solo dos ejercicios.

La memoria económica culpa de la situación de la universidad a la infrafinanciación que recibe de la Comunidad de Madrid. “El déficit estructural refleja la insuficiencia de ingresos ordinarios para atender las necesidades de gasto de funcionamiento de la Universidad, a fin de que esta pueda sostenerse, y tiene su origen en una insuficiente financiación crónica, fundamentalmente pública”, se lee.

Específicamente, continúa el texto, la transferencia corriente de la comunidad (la conocida como “nominativa”) no da siquiera para cubrir las nóminas, y además su ritmo de crecimiento (un 2,77% el pasado ejercicio) es inferior a la velocidad a la que crece el gasto en salarios por el aumento de trienios, quinquenios y sexenios, lo que genera un mayor agujero cada año.

“La nominativa no cubre la totalidad del gasto del personal de plantilla. Los incrementos de nominativa anuales están muy lejos de cubrir las subidas salariales (incremento 2,50%), los trienios (incremento del 3,56%), quinquenios (incremento 5,28%), sexenios (incremento 17,96%), Seguridad Social (incremento 5,65%), las ofertas de Empleo Público o los Planes de Actuaciones del Profesorado, entre otros conceptos”, argumenta la universidad.

No es solo una cuestión de ingresos

La Comunidad de Madrid es la región que peor financia a su universidad, pero en este caso concreto la Complutense, explican fuentes conocedoras de las cuentas del centro, no tiene solo un problema de financiación pública. También, y quizá más severo, de gasto. La universidad, elaboran las fuentes, mantiene la estructura de los años de la abundancia de estudiantes, pero ya no es el caso. Estaría, según ese análisis, sobredimensionada.

Los datos dicen que la universidad está exactamente en la media estatal en cuanto a ingresos ordinarios por alumno de grado y máster. Pero si se atiende solo a la financiación autonómica y no se cuentan los precios públicos (la otra gran fuente de ingresos de las universidades) su situación empeora: la media del sistema universitario nacional son 7.980 euros por alumno para todas las públicas presenciales, mientras la UCM estaba en el 2023 en 7.412 estudiantes, 568 euros menos por persona. Si se multiplica esa cifra por los 54.626 alumnos que tiene el centro salen 31 millones menos, una cifra muy cercana a la que pretende solicitar el centro.

En cuanto a los gastos, la universidad destinó 464 millones de euros al capítulo 1 del presupuesto de ese año 2023. Eso quiere decir que el esfuerzo de personal por alumno son 8.511 euros. La media del sistema público español está en 7.465 y del madrileño 6.757 (un 90%). Dicho de otra manera, la UCM está 14 puntos porcentuales por encima de la media nacional y 24 puntos por encima de la madrileña. Gasta más que los otros centros.

En general, explican las fuentes, todas las universidades españolas lo hacen, o al menos tienen una estructura de gasto diferente a las europeas: mientras el reparto de estas últimas se mueve entre un 80%-82% en personal y el restante 20%-18% en el capítulo 2 (gasto corriente), la media europea se sitúa en un 70%-75% y un 30%-35%. “Tenemos mucho gasto en personal y no es porque los sueldos sean muy altos”, explican las fuentes.

Un parche

Aunque la universidad reciba el préstamo, si no cambia su estructura de ingresos y gastos esos 35 millones de euros apenas servirán para salvar el año, explican las fuentes. Pero el problema se repetirá el siguiente.

El artículo 57.8 de la LOSU establece que “en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social deberá proceder a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido”. Y continúa: “Las transferencias, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma a favor, directa o indirectamente, de las universidades requerirán la aprobación y puesta en marcha de la reducción de gastos”.

Pero al menos la memoria presentada para solicitar la aprobación del crédito no recoge medidas concretas para ajustar las cuentas. Sí arroja la cifra, tras una serie de cuentas, de 68,3 millones de euros “como créditos presupuestarios ”libres“ para poder actuar sobre ellos, en caso de aplicar reducciones presupuestarias (...). Cualquier medida de ajuste de gasto que se valore, ha de dimensionarse sobre estos 68,3 millones de euros, teniendo en cuenta que los centros de la Universidad no pueden dejar de funcionar en ningún caso. Estos datos intentan poner de manifiesto el escaso margen de maniobra que tiene la Universidad en escenarios presupuestarios restrictivos y ante posibles Planes Económicos Financieros de no existir un incremento de financiación”, sostiene la memoria.

“Queda el interrogante de cómo plantear la devolución de ese préstamo y si ese préstamo se tendrá que volver a plantear en el año próximo”, apunta un experto en financiación universitaria. La situación ha llevado a la universidad a tener -31 millones de euros en la caja, agujero que solo amenaza con hacerse más grande.

De momento, la solicitud del crédito contempla la devolución a cinco años (vencería en 2030) con una carencia de tres. Esto es, más allá de los intereses no se empezará a abonar hasta 2029. El actual rector, Joaquín Goyache, concluye su segundo y último mandato a mediados de ese mismo año. Otra persona tendrá que lidiar con ese problema.

Y la nueva ley universitaria que planea el Gobierno regional no va a mejorar la financiación ordinaria de la Complutense. Según una proyección realizada por los profesores Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente, si la ley se aprueba en los términos que contempla el borrador supondrá una merma en los ingresos ordinarios del centro del 5,7%.

Una afinidad ideológica que en la Argentina también se refleja en el ajuste a las universidades públicas

La situación financiera crítica de la Universidad Complutense de Madrid guarda resonancias con la que atraviesan las universidades públicas en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, especialmente tras el fuerte recorte presupuestario aplicado en 2024. En ambos casos, los gobiernos promueven una visión que minimiza el rol del Estado en la financiación de la educación superior, trasladando el peso del sostenimiento institucional a una lógica de ajuste permanente.

En la Argentina, el conflicto por la subejecución presupuestaria llevó a una masiva movilización en defensa de la universidad pública, que incluyó marchas federales con amplio respaldo social. La afinidad política entre Milei y Díaz Ayuso, expresada en premios y gestos de apoyo mutuo, se traduce también en una estrategia compartida: avanzar en la desarticulación progresiva de los sistemas públicos de educación superior bajo el argumento de su “ineficiencia” o “sobredimensionamiento”.

En junio de 2024, durante una visita a España, Milei fue condecorado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por Díaz Ayuso, presidenta del gobierno regional. Esta distinción tiene su origen en la Ley 3/1985, de 22 de marzo, que instituyó este galardón, y adquirió su forma actual mediante el Decreto 145/2017, que creó la categoría específica de Medalla Internacional para distinguir a personalidades extranjeras con vínculos significativos con la región.

La entrega del premio, más que un gesto protocolar, tuvo un fuerte contenido político. Ayuso, una de las figuras más influyentes del Partido Popular, defendió la condecoración como una expresión de afinidad ideológica con el presidente argentino, con quien comparte una visión política ultraconservadora centrada en la reducción del Estado, la desregulación económica y un discurso confrontativo hacia el progresismo.

El gobierno central de Pedro Sánchez cuestionó la legalidad del acto, al considerar que Milei no realizaba una visita oficial, condición necesaria según la normativa vigente. El PSOE presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para impugnar la entrega, y el caso permanece abierto.

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