Opus Dei niega acusaciones de explotación laboral en Argentina y dice que se “tergiversa la verdad con fines mediáticos”

El Opus Dei negó la acusaciones de explotación laboral presentadas por 43 mujeres en Argentina y acusó a los medios de haber “tergiversado la realidad” del caso, en un comunicado colgado este lunes en su página web, en el que se refiere a la investigación judicial respecto a las denunciantes que vivían en situación económica vulnerable, y que entraron a la organización católica cuando tenían entre 12 y 16 años, con la promesa de un hogar y educación.

En su largo comunicado, el Opus argumenta que “el conflicto comenzó en los medios de comunicación y fue mutando a lo largo del tiempo en su planteamiento: primero como un reclamo laboral, luego como una demanda de indemnización por daños y perjuicios, hasta llegar a denuncias por explotación laboral”.

Y que “a partir de junio de 2023, existe una investigación judicial iniciada por una denuncia que afirma que un grupo de mujeres habría sido víctima de trata de personas y explotación laboral”, lo que niegan “categóricamente”

Al mismo tiempo, se lee en la nota, se considera “que esta alegación es un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las propias personas que denuncian, y mucho menos con la realidad en el Opus Dei”.

La institución conocida como 'La Obra' explica que en septiembre de 2020, un abogado se presentó ante la prelatura afirmando representar a 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei, y reclamó la regularización de aportes para las contribuciones al sistema de seguridad social del país, para la pensión de jubilación y otros beneficios sociales y que fue recibido y escuchado “pero la escasa información suministrada por el abogado no resultó suficiente para analizar la situación de cada persona”.

Critica que “desde entonces, han circulado nuevos cuestionamientos al Opus Dei a través de diferentes medios de comunicación, tergiversando la realidad y confundiendo los distintos planos de reclamo (previsional, laboral, penal)”.

En el comunicado, explica que “ante la falta de presentaciones formales del abogado y de sus representadas frente a instancias judiciales, en 2022 las autoridades de la prelatura en Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender mejor los hechos”.

Y que como resultado de ese proceso, “a finales de 2022 se constituyó una Oficina de Sanación y Resolución, para canalizar la resolución personalizada de posibles reclamos y propiciar procesos de sanación”.

Sobre el proceso judicial, también explican que “por el momento, el juez no ha imputado aún delito alguno” y lo que existe es “un pedido de los fiscales para que el juez a cargo convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto si dará lugar o no a ese pedido, ni ha decidido a quiénes podría citar”.

Y reiteran que se trata de “una grave manipulación con fines mediáticos del sistema judicial, pues se realizan acusaciones totalmente infundadas para presionar en un reclamo laboral-económico”

Fazio fue acusado formalmente el pasado 11 de junio por el Ministerio Público Fiscal argentino, órgano competente para realizar la imputación, por trata de mujeres con fines de explotación laboral dentro de su orden religiosa, en condiciones de semiesclavitud.

La querella solicitó expresamente su inclusión en la causa, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014, junto a los exvicarios regionales Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022), y el sacerdote numerario Gabriel Dondo, quien dirigió durante casi todas esas décadas la rama femenina de la organización.

El comunicado completo

En el marco de la investigación judicial sobre la situación personal de una mujer mientras fue parte del Opus Dei, el abogado querellante declaró en medios de comunicación que ha solicitado que se convoque a manifestar su posición sobre los hechos al prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz. La prelatura considera que este pedido –sin fundamento fáctico ni jurídico– se enmarca en una estrategia mediática engañosa y sostenida que, desde el inicio, ha intentado tergiversar los fines de una investigación penal para tratar un reclamo laboral económico.

La causa en su conjunto representa un intento de manipular la aplicación de una figura penal (la trata de personas) que no guarda relación con los hechos narrados por la denunciante, y mucho menos con la realidad del Opus Dei. Se está utilizando el fuero penal, que debe tener como finalidad la investigación de delitos y la búsqueda de justicia, para perseguir un objetivo económico, desnaturalizando así el sentido y la función de esta herramienta judicial.

Esta última petición vuelve a apoyarse en conjeturas, sin aportar elementos concretos que justifiquen estas alegaciones. Se intenta así extender artificialmente el objeto de la investigación penal a personas cuya vinculación directa con los supuestos hechos narrados por la denunciante es inexistente. Es preocupante que esta dinámica de instrumentalización y tergiversación del procedimiento penal se repita, con el fin de amplificar el impacto en la opinión pública y ejercer presión sobre el sistema de justicia. Algo que hemos visto recientemente con la solicitud de que llamen a manifestar su posición a Mons. Mariano Fazio, que fue anunciada con un despliegue mediático orquestado.

Como hemos expresado anteriormente, el conflicto comenzó en los medios de comunicación como un reclamo por inconsistencias en aportes previsionales y laborales. Luego, mutó a un reclamo económico civil de daños y perjuicios, y finalmente se transformó, en agosto de 2024, en una acusación de una persona que afirma haber sido víctima del delito de “trata de persona”. Para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei.

Lamentamos que se utilicen los mecanismos judiciales para sostener una narrativa prefabricada que busca instalar culpabilidades sin base en los hechos verdaderamente ocurridos. Es fundamental preservar la seriedad institucional de la Justicia y garantizar que los trámites se desarrollen con objetividad, sin presiones externas y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.

La prelatura del Opus Dei insiste en rechazar estas alegaciones y mantiene su disposición plena a colaborar con las autoridades judiciales, confiando en que la verdad prevalecerá.

Detalles de la acusación al “número dos” del Opus Dei

La acusación es contundente: el sacerdote Mariano Fazio, primero en la línea sucesoria para ser el jefe máximo de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, fue parte del sistema de trata de mujeres pobres para explotación laboral que diseñó y ejecutó la Obra durante al menos cuatro décadas en la Argentina, su país, y que tiene al menos 43 víctimas. Así lo afirma el escrito de ocho páginas al que tuvo acceso exclusivo elDiario.es y que pide que se lo cite a declaración indagatoria junto a otros cuatro religiosos.

En 2024, tras dos años de una investigación secreta y sin precedentes, la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, habían elevado una acusación formal contra las máximas autoridades del Opus Dei en Buenos Aires. En ese pedido se citaba a indagatoria a los exvicarios regionales, Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010) y Víctor Urrestarazu (2014-2022) y había llamado la atención que no se nombrara a Fazio, quien había estado en el mismo cargo en el período intermedio entre los dos últimos.

Fazio llegó a Roma en 2014, un año después de que su coterráneo Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el papa Francisco. El nombramiento, primero como vicario general, no fue casual. El jefe máximo del Opus Dei entonces, Javier Echevarría, lo llevó con el fin de buscar acercarse al jesuita que, aunque recién desembarcaba en el Vaticano, ya aparecía con una impronta reformista que los alarmaba. Según fuentes cercanas al Opus Dei y al Vaticano, la intención fue la de “controlar” a Francisco, con quien Fazio sostenía una relación cordial en Buenos Aires.

El pedido formal de imputación, despachado el pasado 11 de junio por los fiscales Alejandra Mángano, Marcelo Colombo y Eduardo Taiano, va dirigido al juez federal Daniel Rafecas y sostiene que las pruebas que alcanzan a los demás acusados son suficientes para imputar también al segundo hombre más importante del Opus Dei en el mundo.

La principal víctima del caso: “Le limpiaba su habitación”

La sede principal del Opus Dei en la Argentina está ubicada en el barrio de la Recoleta, uno de los más caros de Buenos Aires. Allí, en un edificio que ocupa más de un cuarto de manzana y que fue construido sobre un terreno donado por una dictadura militar y con subsidios de otra, viven las máximas autoridades de la organización, incluida toda la cúpula religiosa.

Allí también, en una torre de ventanas casi tapiadas, funcionó y funciona Laya, la mayor residencia de mujeres de servicio de la organización: criadas que atienden a los hombres de las jerarquías sin recibir ningún pago por su trabajo y en condiciones de semiencierro. Allí vivió Mariano Fazio durante muchos años, incluidos los cuatro en los que fue vicario regional y allí trabajó la testigo principal de la investigación.

La causa en Argentina, que podría tener réplicas en otros países, habla de 43 casos de explotación. Sin embargo, la gran mayoría de las denunciantes logró irse antes de 2008 del Opus Dei –algunas tuvieron que escaparse–, fecha en la que entró en vigor la Ley de Trata, y por lo tanto sólo cuatro casos del total se enmarcan en ese delito. En tanto, la prescripción en tres de los casos que son posteriores a 2008 podría estar en juego porque que tiene un plazo de 12 años.

La acusación se centra en el caso de una mujer boliviana que fue captada cuando era menor y sirvió como mucama durante 31 años. M.I.E. –sus iniciales– fue llamada a declarar por segunda vez en abril de 2025. Entonces, frente al juez Rafecas, la testigo clave amplió su testimonio y señaló que conocía al “padre Mariano” (Fazio), que había coincidido con él en la sede central mundial del Opus Dei en Roma –a ella la habían enviado como sirvienta y a él como jerarquía– y en la sede central en Buenos Aires, donde también trabajó muchos años. La mujer aseguró que entre 2009 y 2014 tuvo asignada la limpieza de la habitación de Fazio, justo en el período en que fue vicario regional.

M.I.E. también contó su experiencia con el vicario Carlos Nannei (1991-2000), predecesor de Fazio en Buenos Aires, enviado a Roma junto a él en 2014 con el mismo fin de influir en el Papa Francisco y también acusado en la justicia por los mismos cargos. M.I.E. contó que en las “meditaciones” –ceremonias religiosas diarias en los oratorios del Opus Dei–, el sacerdote Nannei les decía que “querer irse de la obra era como salirse de la barca” y que una de las cosas de las que se tenían que convencer era que “salir de la barca era una muerte súbita”. También que, para eso, tenían que “rendir el juicio, quemarse por Dios, hacerse holocausto por Dios”.

La imputación sobre Fazio describe las características del trabajo de M.I.E.: “La cantidad de labores que le eran exigidas, la disponibilidad a toda hora, las interminables jornadas, y el sometimiento psicológico volvieron a formar parte de esta nueva declaración”, dice el escrito y resalta una frase de la víctima: “Yo iba por la calle pensando que no quería vivir más. Iba por la calle pensando cómo puede la gente sonreír. Ahí me mandaron al psiquiatra”.

Los fiscales concluyen que “la respuesta institucional a lo que eran las consecuencias de la vida que le exigían eran antidepresivos, somníferos, ambos suministrados por psiquiatras de la organización”.

Nueve meses desde la acusación y una petición al juez

Los fiscales volvieron a exigir al juez Daniel Rafecas que se concreten las indagatorias a los acusados y remarcaron la demora de casi diez meses desde la primera petición, el 20 de agosto de 2024. También destacaron la obligación internacional del Estado argentino “de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos”: “En un caso con las características del presente, que involucra a mujeres víctimas de trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre en el ámbito de una institución religiosa, corresponde tener especialmente en cuenta el deber de debida diligencia en las investigaciones judiciales que las involucran”.

A su vez, en el mismo precedente se resaltó que “la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”. En este sentido, los fiscales agregaron que “la garantía del plazo razonable exige que los procesos penales no se dilaten innecesariamente, y que las investigaciones y resoluciones sean realizadas sin demoras indebidas”.

Qué dice el Opus Dei sobre la investigación judicial en Argentina

En su página web, el Opus Dei Argentina da su versión de lo hechos. Esta es la reproducción textual que publica la organización católica:

Desde septiembre de 2020 se han presentado públicamente distintas críticas contra el Opus Dei en Argentina. El conflicto comenzó en los medios de comunicación y fue mutando a lo largo del tiempo en su planteamiento: primero como un reclamo laboral, luego como una demanda de indemnización por daños y perjuicios, hasta llegar a denuncias por explotación laboral. A partir de junio de 2023, existe una investigación judicial iniciada por una denuncia que afirma que un grupo de mujeres habría sido víctima de trata de personas y explotación laboral. La prelatura del Opus Dei niega categóricamente esta acusación. Al mismo tiempo, considera que esta alegación es un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las propias personas que denuncian, y mucho menos con la realidad en el Opus Dei.

1. ¿Cómo empezó todo?

En septiembre de 2020, un abogado se presentó ante la prelatura afirmando representar a 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei, y reclamó la regularización de aportes previsionales (contribuciones al sistema de seguridad social del país, para la pensión de jubilación y otros beneficios sociales). Fue recibido y escuchado por las autoridades de la prelatura, pero la escasa información suministrada por el abogado no resultó suficiente para analizar la situación previsional de cada persona.

Desde entonces, han circulado nuevos cuestionamientos al Opus Dei a través de diferentes medios de comunicación, tergiversando la realidad y confundiendo los distintos planos de reclamo (previsional, laboral, penal). Ante la falta de presentaciones formales del abogado y de sus representadas frente a instancias judiciales, en 2022 las autoridades de la prelatura en Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender mejor los hechos, el contexto en el que tuvieron lugar, y ofrecer respuestas adecuadas. Como resultado de ese proceso, a finales de 2022 se constituyó una Oficina de Sanación y Resolución, para canalizar la resolución personalizada de posibles reclamos y propiciar procesos de sanación.

2. ¿Qué hay hoy en la Justicia?

En septiembre de 2022, el abogado querellante presentó una denuncia ante la procuraduría especializada en trata y explotación de personas (Protex), aportando las apariciones en la prensa de algunas mujeres que habían sido miembros del Opus Dei. Posteriormente, los fiscales a cargo de la Protex efectuaron la denuncia formal en el ámbito judicial penal en junio de 2023. El juez federal que recibió la denuncia delegó la investigación en la fiscalía correspondiente. Después de realizar ciertas medidas investigativas, la fiscalía presentó al juez en agosto de 2024 el resultado de su investigación, que se publicó en la prensa en septiembre de ese mismo año.

Los fiscales solicitaron al juez en 2024 que se citara a prestar declaración indagatoria a varias autoridades de la prelatura (en concreto, cuatro sacerdotes que fueron vicarios del Opus Dei en Argentina a lo largo de tres décadas), argumentando que tendrían responsabilidad en los supuestos hechos en consideración a su cargo. Hasta ahora el juez no los ha llamado para tomarles declaración.

En 2025, han ampliado la solicitud a otro anterior vicario regional, Mons. Mariano Fazio, actual vicario auxiliar de la prelatura, residente en Roma. Recientemente, el abogado querellante ha declarado en medios de comunicación que ha solicitado a la fiscalía que involucre en el caso a Mons. Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei, que reside en Roma.

En este momento, pues, el juez no ha imputado aún delito alguno. Lo que existe es un pedido de los fiscales para que el juez a cargo convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto si dará lugar o no a ese pedido, ni ha decidido a quiénes podría citar.

En relación con esta investigación judicial, reiteramos que negamos categóricamente la acusación de trata de persona y explotación laboral contra miembros de la prelatura.

Aunque hubiéramos preferido no llegar a esta instancia, nos vemos obligados a advertir sobre esta grave manipulación con fines mediáticos del sistema judicial, pues se realizan acusaciones totalmente infundadas para presionar en un reclamo laboral-económico. A su vez, sostenemos nuestro compromiso de escuchar a todas las personas que tengan un reclamo por su experiencia vivida en el Opus Dei y la disposición a colaborar con la justicia en todo lo que corresponda.

3. ¿Quiénes son las numerarias auxiliares?

Las numerarias auxiliares son miembros del Opus Dei, institución de la Iglesia católica, que, como todos los demás miembros, forman parte del Opus Dei como respuesta a una llamada vocacional a encontrar a Dios y hacerlo presente en su entorno cotidiano, especialmente a través del propio trabajo y las relaciones familiares, sociales y de amistad.

En el caso de las numerarias auxiliares, ese trabajo profesional (que como cualquier otro requiere competencias especializadas, un plan de desarrollo y formación continua) consiste en el cuidado de las personas y de los centros del Opus Dei, creando hogar al fomentar un ambiente material y espiritual que favorezca el florecimiento y la formación de cada persona.

Por otro lado, como todos los miembros del Opus Dei, ellas tienen además sus amistades, aficiones, relaciones familiares, y participan de la misión evangelizadora de la prelatura, colaborando con distintas iniciativas formativas y apostólicas.

Se trata de un camino elegido por muchas mujeres en todo el mundo, que requiere del ejercicio pleno de la libertad y un proceso de discernimiento e incorporación gradual y voluntario. Cualquier persona que desea formar parte del Opus Dei debe manifestar su voluntad explícitamente en múltiples oportunidades, algunas de las cuales deben ser por escrito: toda persona que se incorpora definitivamente al Opus Dei tiene que reafirmar su deseo de ser miembro al menos ocho veces, durante un período de tiempo de 6 años y medio como mínimo.

A quien le interese conocer mejor cómo es la vida de una numeraria auxiliar, puede ver aquí algunos testimonios de numerarias auxiliares de distintas partes del mundo.

4. ¿Cuáles son las condiciones de vida de las numerarias auxiliares?

Las numerarias auxiliares reciben una remuneración por su trabajo profesional, tienen cobertura médica, acceden a formación académica y desarrollo profesional. Además, cuentan con facilidades y recursos adicionales para viajar a visitar a sus familias o para ayudar económicamente a sus familias en caso de que lo necesiten.

Contrariamente a lo que se ha afirmado en algunos medios de comunicación, viven en un entorno cuidado, con espacios para el descanso, la lectura y el crecimiento personal.

Varias numerarias auxiliares de Argentina han manifestado el deseo de que se dé a conocer las casas y habitaciones en donde viven: en este enlace se pueden ver fotos de algunas casas.

5. ¿Cuál es la posición del Opus Dei frente al caso?

Desde el inicio, el Opus Dei ha intentado establecer canales de diálogo, y hoy reafirma su disposición a colaborar con la Justicia para que los hechos se esclarezcan. Al mismo tiempo, rechaza categóricamente la acusación de trata y explotación, y sostiene que la denuncia se basa en una descontextualización de la vocación que libremente eligen las numerarias auxiliares. A su vez, considera que se está manipulando la aplicación al caso de una figura penal que no tiene ninguna vinculación ni con los hechos que describen las propias personas involucradas, ni mucho menos con la realidad en el Opus Dei.

Por eso, considera fundamental que las personas a las que se pretende imputar este delito puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y presentar por primera vez su versión de los hechos, lo que permitiría aclarar esta situación.

Esto es especialmente importante ante los intentos sistemáticos de instalar en los medios una narrativa de culpabilidad automática, sin respetar el debido proceso ni la presunción de inocencia, y tergiversando hechos para intentar manipular una acusación de un delito que nada tiene que ver con la realidad. Esto ha quedado demostrado una vez más con la reciente propuesta del abogado querellante de involucrar al prelado en la investigación, algo que no tiene ningún fundamento fáctico ni jurídico. En este sentido, el Opus Dei advierte sobre esta grave manipulación comunicativa del sistema jurídico para presionar en un reclamo económico-laboral.

6. ¿Cómo funciona el sistema penal de Argentina en un caso como este? ¿En qué etapa está el proceso judicial?

Para quienes no conocen el funcionamiento de la justicia penal en Argentina, puede ser útil una breve explicación que ayude a interpretar el estado actual de la situación y a evitar conclusiones apresuradas sobre un tema tan delicado y complejo.

En líneas generales, un caso penal en Argentina atraviesa dos grandes etapas: una primera, de investigación, a cargo de un juez o de un fiscal, y una segunda, de juicio oral, adjudicada a un tribunal integrado por tres jueces, que solo se abre si se considera que hay elementos procesales para avanzar hacia esta segunda etapa.

Al momento de la publicación de este texto, este caso se encuentra en la fase de investigación, también llamada “instrucción”. Esta etapa puede durar varios meses o incluso años y su objetivo es reunir elementos para determinar si hubo o no un delito y, en su caso, elaborar una hipótesis sobre quién podría ser responsable. Esta etapa está generalmente a cargo de los fiscales, tal como ocurrió al inicio de esta investigación. Sin embargo, en este caso, el juzgado consideró necesario reasumir la investigación. Desde entonces, el juez dirige la investigación, evalúa las pruebas reunidas, asegura las garantías procesales y está llamado finalmente a decidir si el caso debe cerrarse o continuar hacia la segunda etapa.

Tras la indagatoria, el juez debe tomar una decisión: puede dictar el sobreseimiento, si resuelve que no hubo delito o que la persona no lo cometió; puede declarar la falta de mérito, si considera que no hay pruebas suficientes de que se haya cometido un delito y que debe profundizarse la investigación; o, si entiende que existen indicios suficientes de que se hubiera cometido un delito, lo acusa formalmente mediante el auto de procesamiento, que implica avanzar hacia el juicio oral en primera instancia –regido por la presunción de inocencia y las garantías procesales–, en el que las partes deben presentar sus argumentos y pruebas ante un tribunal que juzga el caso. Después de la primera instancia, el sistema permite instancias de apelación.

En este caso concreto, hasta el momento, el juez no ha tomado ninguna decisión sobre los eventuales llamados a indagatoria, ni ha definido a quién convocar.

Por estos motivos es importante tener en cuenta que, en Argentina, una denuncia penal abierta (incluyendo las declaraciones de quien el juez considera necesario) no implica automáticamente la realización de un juicio oral. En muchos casos, la causa se cierra antes de llegar a esa etapa, ya sea porque el juez considera que no hubo delito (sobreseimiento) o porque considera que las pruebas son insuficientes (falta de mérito). La diferencia es relevante para quienes están acostumbrados a sistemas judiciales distintos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la situación actual es equivalente a una investigación sin indictments.

La trata de personas es un delito gravísimo que atenta directamente contra la dignidad de las personas. Por eso mismo, la prelatura ha negado categóricamente esta acusación desde el primer momento. Además, considera especialmente grave que se intente forzar la aplicación de una figura penal tan seria en un caso que no guarda relación con los hechos narrados por la denunciante. Este tipo de maniobras no solo desvirtúan la función de la Justicia, sino que terminan banalizando situaciones verdaderamente dolorosas que afectan a miles de víctimas reales en el mundo.

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Con información de EFE e investigación de Paula Bistagnino.