Nuevo León, el estado más rico y más moderno de México, y donde más mujeres desaparecen

La fotografía de una joven sola, quien parece aguardar al borde  de la carretera más peligrosa de México se identificó , en cuestión de muy pocos días,  con el grave problema de desaparición de mujeres que asola al país y que recientemente marca un  trágico récord en Nuevo León, donde 15 mujeres desaparecieron.

Las ‘desaparecidas’  que no comparten algún patrón común, ni siquiera en la franja etaria que se extiende desde los 12 hasta los 26 años, representan un incremento en cifras de desapariciones especialmente de mujeres y menores de edad.

La desoladora instantánea, difundida ampliamente por las redes sociales, muestra a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, vestida en ese momento, según la ficha de localización de la Fiscalía General del estado de Nuevo León (FGE),  con “una blusa tipo top blanca de tirantes, pantalón oscuro y holgado y calzado deportivo Converse oscuros”. Menos de dos semanas después de denunciada la desaparición, encontraron el cadáver de Debahni en la cisterna de un motel en Nuevo León.

El lugar es la llamada carretera de la Muerte  de una extensión de 200 kilómetros que une la ciudad de Monterrey – capital del estado de Nuevo León-  con Nueva Laredo, del estado de Temaulipas en la frontera entre México y EEUU- donde se reportaron la desaparición de más de 200 personas desde 2021.

La desaparición de personas -en este caso particular de mujeres - tiene como principal protagonista al Estado: en una forma activa si se comprueba su participación directa o de ayuda en la comisión del delito, o mediante de su ausencia si es que fueron   cometidas por particulares.  Sea de una manera u otra, estas  desapariciones evidencian la incapacidad del estado de Nueva León – y por extensión del gobierno federal de México- para garantizar los derechos y libertades de sus ciudadanas.

El domingo 10, centenares de mujeres enardecidas  encabezadas por la Asamblea Feminista marcharon por las calles de la ciudad con fuego hasta la FGE para reclamar por la desaparición y posterior femicidio de María Fernanda Contreras, de 27 años, y la denuncia de la desaparición de Debanhi. 

Las asistentes – acompañadas por hermanos, padres y madres porque “tenían miedo”- corearon diversas consignas entre ellas: “no somos una, no somos diez, pinche gobierno, cuéntanos bien”,  incendiaron la puerta del Palacio de Gobierno y exigieron al gobernador Samuel García destituir del cargo a Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad de Nuevo León.  “¿No era que si se metían con una, se metían con todo Nuevo León? No sirves, Samuel” alegaron las  mujeres con su cuerpo blanqueado con cal ejemplificando las muertes.

En medio del crítico  panorama, el Gobierno estadual decretó “acciones urgentes y extraordinarias” para las operaciones de búsqueda de las mujeres que no regresaron a sus hogares en el último mes. Y anunció la formación de “un grupo especial” encargado de los crímenes. El gobernador, Samuel García, habilitó un aumento de personal del Grupo de Búsqueda de la Fiscalía, que recientemente ascendió a 200 efectivos.

Simultáneamente,  se creó la ‘Fuerza de Tarea’, compuesta por diversas instituciones de seguridad que realizarán un trabajo coordinado con las dependencias policiales, municipales, estatales, federales, la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda y un lugar  en el Centro de Control y Comando, donde están todas las imágenes generadas por las cámaras de video vigilancia de la ciudad.

Hasta el momento, todo el paquete de anuncios y los flamantes grupos de rescate dieron pruebas de una muy limitada eficiencia para encontrar con vida a las mujeres desaparecidas en el poderoso estado mexicano de Nuevo León.

Por el contrario, quedó en evidencia que los actores que tienen mayor capacidad para avanzar con una agenda política cuyas medidas tengan operatividad fáctica inmediata no caracterizan de manera adecuada la violencia contra las mujeres.

La aceleración de las violencias que sufren las mujeres se inició  en 2006 con la llamada “Guerra contra las drogas” durante el gobierno de Felipe Calderón. Según las propias palabras de este presidente derechista, la tal guerra costaría “vidas humanas inocentes” pero valdría “la pena”. Después vinieron, en consecuencia, la militarización de la seguridad pública, y la Iniciativa Mérida (2008), un programa bilateral antinarcóticos financiado por EEUU y México centrado en el entrenamiento de policías y militares mexicanos y las reformas legales en el aparato judicial y la Ley de Narcomenudeo  (2009). El endurecimiento de las políticas prohibicionistas, que tomó solidez institucional en 2009, aumentó un 62.5 por ciento la población  de mujeres en los penales en un año pasando de 21. 209 mujeres privadas de la libertad en 2008 a 34. 480 en 2009.

Nuevo León ejemplifica las intersecciones de narcopolítica, militarización y violencia de género en territorios de combate al narcotráfico. Fue la quinta entidad con mayor número de femicidios y la primera en trata de personas en 2021. La militarización se ha agudizado: en 2007 se registraban 872 militares desplegados en el estado, en la crisis de 2011 llegó a 3.576 y en 2021 hubo 1.465. Y las cifras oficiales revelan que cinco cárteles operan en el estado y hay un récord de homicidios.

Estas violencias paralelas impactan a niñas y mujeres. De enero a marzo de este año se registraron una treintena de femicidios en Nuevo León, de los cuales casi dos tercios estaban ligados a la narcoviolencia.

Las declaraciones del  secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, quien sostuvo que las diez jóvenes encontradas se habían escapado de sus casas por problemas familiares y minimizó la versión de que ronde “una banda que se dedica a secuestrar mujeres” fueron repudiadas enérgicamente por las feministas que solicitaron su renuncia.

“Actualmente hay más de 1800 mujeres desaparecidas, tienen historia de vida, a todas las mujeres les estamos buscando, hoy, marchamos por todas, exigiendo su hallazgo con bien”, leyeron en la protesta del 9 de abril  las integrantes de la Asamblea Feminista.

Para las agrupaciones que reclaman, la vieja política y  la seguridad continúa dirigida por los mismos agentes que perduran mientras que ellos desconocen el destino de  las  miles de mujeres desaparecidas. Y dentro del escaso número de hallazgos los más son de mujeres muertas: como la propia Debahni,  cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en instalaciones aledañas del Hotel Nueva Castilla, después de 13 días de búsqueda.

El Comité Contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el 12 de abril presentó un informe donde denuncia que desde el 26 de noviembre de 2021 a la fecha se registra:  95 mil 121 personas desaparecidas y no localizadas y especifica las particularidades que ofrecen las desapariciones de mujeres: sirven para ocultar la violencia sexual y feminicidio, reclutamiento, trata o explotación sexual con la alarmante conclusión de  que en las condiciones actuales, tomará 120 años identificar los cuerpos de nuestros y nuestras desaparecidas, sin contar los que se suman a diario, pidió al gobierno de Manuel López Obrador (AMLO) tomar medidas.

Oportunamente,  el presidente AMLO declaró que de ser solicitado por las autoridades de Nuevo León, el gobierno federal se encargaría de la investigación de qué ocurrió con el caso de la joven Debahni,

Amnistía Internacional (AI) México exigió a las autoridades que el femicidio de Debanhi “no quede impune”  y  colectivos feministas convocaron a una marcha bajo el lema “no perdonamos ni olvidamos. #justiciaparatodas” para este domingo en apoyo a las víctimas de desapariciones y feminicidios desde el Monumento a la Revolución hacia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Una semana atrás, frente a la sede de la Fiscalía General de la República, una veintena de mujeres integrantes del colectivo Amor, No Violencia realizaron una protesta contra la violencia de género y la “ineficiencia” de las autoridades de todos los niveles en la investigación de estos crímenes. Las manifestantes colocaron velas, flores y fotografías de Debanhi y de otras víctimas de femicidio, y señalaron que la causa principal de este fenómeno es la violencia machista y la sociedad patriarcal, además de las investigaciones ineficientes que generan impunidad.

AGB