Guantánamo, los pasos secretos hacia un cierre anticipado

La Base Naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo en Cuba se estableció en enero de 2002 para albergar presuntos terroristas extranjeros capturados en el extranjero. Desde entonces Guantánamo ha tenido casi 800 hombres detenidos; hoy sólo se hallan  36 detenidos  después de que los cientos restantes durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama volvieron a casa o fueron reasentados en terceros países. El más reciente detenido llegó en 2008; algunos de los hombres se hallan en esta prisión desde hace  dos décadas.

'Terroristas de máxima peligrosidad'

El enjuiciamiento del 11 de septiembre  ha quedado empantanado durante años por los crueles métodos utilizados por los interrogadores de la Agencia Central de Inteligencia a los  acusados. Entre ellos, se encuentra Abd al-Rahim al-Nashiri Mohammed  bajo los cargos de  perfidia, asesinato en violación de la ley de la guerra,  terrorismo,  conspiración y poner en  peligro embarcaciones en la planificación de ataques, incluido el bombardeo de 2000 del destructor de la marina estadounidense USS Cole que se encontraba anclado en el puerto yemení de Adén con el saldo letal de 17 marineros.

Otros tres detenidos condenados por comisiones militares. Uno, Abd al-Hadi al Iraqi, quien se declaró culpable de conspiración y violación de la ley de la guerra y está esperando la sentencia. Un segundo, Ali Hamza al-Bahlul, está cumpliendo un término de vida para proporcionar apoyo material para el terrorismo, la solicitud y la conspiración. Un tercero, Majid Khan, hizo un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de conspiración, asesinato en violación de la ley de guerra, intento de asesinato en violación de la ley de guerra y espionaje. Se convirtió en un cooperador del gobierno y completó su sentencia en marzo.

Otros cuatro detenidos indefinidamente sin cargo debido a que  las autoridades los consideran un riesgo de seguridad. Otros veinte han sido autorizados para la transferencia por una junta de revisión conformada por funcionarios de defensa, inteligencia y aplicación de la ley; sin embargo, el traslado de los hombres ha demostrado ser más difícil de lo que el equipo Biden esperaba,

La administración Bush transfirió a más de 500 detenidos de Guantánamo antes de 2009; la de  Obama transfirió cerca de  200 más. Solo una transferencia, que se había negociado durante la era de Obama, tuvo lugar durante la administración Trump. Cuarenta detenidos permanecieron en Guantánamo cuando Biden asumió el cargo.

 

En búsqueda de consenso político

Joe Biden ha pedido durante mucho tiempo que se cierre la base incluso durante su campaña presidencial de 2020.  mantuvo la orden ejecutiva de Trump de 2018 que revocó la directiva de Obama en 2009 para cerrar la instalación.

La Casa Blanca está tratando, según un informe especial del Wall Street Journal, de evitar el tipo de reacción que obstaculizó los planes del presidente Obama quien después de sus anuncios de alto perfil para cerrar la prisión debió enfrentar la respuesta del Congreso que en 2010 aprobó una prohibición de la transferencia de detenidos de Guantánamo a EEUU.

En 2017, Harvey  Rishikof,  entonces  director de las comisiones militares y autoridad del Departamento de Defensa, comenzó las negociaciones con los acusados del 11 de septiembre que podrían haber llevado a las declaraciones de culpabilidad si las ejecuciones estuvieran fuera de la mesa. “La administración no quiere parecer que es suave en el terrorismo y está esperando un consenso político”, sostuvo  Rishikof.

El Departamento de Defensa está avanzando con un proyecto de la era Trump, construyendo una tercera sala del Tribunal en la Bahía de Guantánamo a un costo de 4 millones de dólares, a pesar de que no se esperan pruebas adicionales en la base naval. Sin embargo, un portavoz de las comisiones militares dijo que “una extensa expansión” de las instalaciones de juicio de Guantánamo, incluida una nueva sala del tribunal, permitiría a los jueces militares celebrar “juicios multi-defensores simultáneos y largos”.

Dos décadas y un año

Veintiún años después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y un año después de que EEUU se retiró de Afganistán, los críticos están presionando al gobierno de Biden para que actúen con mayor rapidez en el cierre de la  prisión de Guatánamo . “Mantener a las personas sin cargo o juicio durante años no se puede conciliar con los valores que defendemos como nación, y ha privado a las víctimas del 11 de septiembre y sus familias de cualquier apariencia de justicia o cierre”, sostuvo el presidente demócrata del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin.

Mientras tanto, algunos legisladores republicanos se han opuesto a cualquier acción que pueda llevar a los detenidos que abandonen Guantánamo. “La administración Biden quiere liberar a más terroristas, y sabemos, a una certeza metafísica absoluta, los resultados de eso serán más estadounidenses asesinados”, declaró  el senador republicano de Texas Ted Cruz en diciembre en una audiencia del comité judicial en Guantánamo.

El Centro de Investigación de la Universidad de Pennsylvania  publicó un informe de 197 páginas el lunes que proporciona una hoja de ruta para cerrar la instalación, al tiempo que proponía enfoques alternativos para proteger la seguridad nacional. Redactado por expertos en seguridad nacional, incluidos los ex fiscales militares de Guantánamo y abogados defensores, el informe recomienda abolir las comisiones militares, creadas para juzgar  prisioneros enemigos sin darles derechos constitucionales y resolver los diez juicios de comisión pendientes a través de ofertas de culpabilidad que podrían en lugar de la ejecución o prisión perpetua liberar a los prisioneros para su reinserción a la sociedad. En el informe, se aboga por una campaña más sólida para la repatriación de los detenidos del extranjero y una derogación de las restricciones del Congreso para transferir a los detenidos que cumplen condenas en Guantánamo a las cárceles en el territorio de EEUU.

Según los datos del informe, la base militar en Cuba cuesta  540 millones de dólares al año para operar, incluidos aproximadamente  100 millones para comisiones militares. La cifra entiende   15 millones por detenido, en comparación con alrededor de78,000 al año para un recluso en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en el estado de Colorado, donde se encuentran recluidos terroristas y otros convictos de máxima peligrosidad.

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