Informar y morir en México

"Los mil y un velorios", había titulado el escritor y periodista mexicano Carlos Monsiváis su opúsculo sobre la crónica roja en su país.

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“¡No se mata la verdad matando a los periodistas!” “A los narco balazos, a los periodistas, abrazos” gritaron los carteles de los manifestantes en protesta contra el asesinato de Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacán, acribillado a muerte en Zitácuaro, en el estado de Michoacán la tarde del 31 de enero de este año. La Fiscalía General de Michoacán informó su fallecimiento después de ocho impactos de bala. El Coordinador General de Comunicación de Gobierno de la República Mexicana , Jesús Ramírez, condenó los hechos a través de sus redes sociales  y convocó a que “Defendamos la libertad de expresión y el derecho a la información”. Sin embargo, horas después  afirmó que Toledo no era periodista, sino auxiliar en un despacho de abogados desdiciendo la denuncia pública de Armando Linares,  director del portal quien sostuvo  que el atentado contra Toledo fue un mensaje para todo el equipo de Monitor Michoacán. 

Toledo fue el cuarto periodista asesinado ese mes. Otras tres muertes violentas lo precedieron. José Luis Gamboa Arenas, fundador y director  del portal  Inforegio y uno de los fundadores y editores del medio digital  La Noticia, con numerosos seguidores en sus redes sociales,  en Veracruz, el 15 de enero amaneció acuchillado en una calle del puerto. Dos días después, el fotoperiodista  Margarito Martínez, acribillado frente a su casa en la colonia Camino Verde en Tijuana.

Lourdes Maldonado, reconocida como referente del periodismo en Baja California, quien tres años antes pidió garantías para su vida al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una conferencia matutina - “Temo por mi vida” le dijo a AMLO cara a cara en esa oportunidad , debido a las amenazas recibidas luego de denunciar actos de corrupción del empresario y político Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California y militante del partido oficial Morena-  fue asesinada a plena luz del día, cinco días  después del homicidio de Díaz -a quien Maldonado homenajeó dedicándole íntegramente su programa de televisión y de radio-  en su auto frente a su casa, en Tijuana.

El 7 de febrero, el periodista Marcos Ernesto Islas Flores, editor del portal Notiredes  fue asesinado en la madrugada del domingo en Tijuana, frente a la puerta de la casa de Marco Antonio Islas Parras, su padre quien también como su tío, ejerce el periodismo.

Diez días después de la muerte de Toledo, asesinaron el 11 de este mes de febrero a Heber López, director del portal Noticas Web, en Salina Cruz, localidad del estado de Oaxaca.  Los tiros lo sorprendieron en el estudio de grabación de su casa: allí mismo cayó muerto y su voz crítica sobre la realidad de Oaxaca quedó silenciada para siempre.

Las muertes denuncian los grandes dramas de México, y también de la región: las pandillas, el éxodo, la pobreza, el narcotráfico, las masacres, los presidios.

AMLO, que ante los reclamos de los periodistas por  la muerte de Maldonado aseguró: “En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo” y aclaró: “La diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad, eso era el gobierno, una banda de malhechores. Ahora no”, adoptó una muy diferente postura, justo un día después del asesinato de López, ante la denuncia que el periodista Carlos Loret de Mola publicó respecto a su hijo mayor José Ramón López Beltrán , coordinador de campaña de la candidatura presidencial de su padre en 2018, por el posible conflicto de interés surgido por vivir en una lujosa casa en Houston (Texas, EEUU) propiedad de un contratista de la empresa estatal Pemex y conducir un Mercedes blanco que vale casi 70.000 dólares. Un nivel de vida lujoso muy  contrario a la austeridad proclamada por AMLO, quien por toda respuesta afirmó que Loret gana 1.6 millones de dólares al año -frente a los 100.000 dólares que percibe él-, y preguntó: “¿Cree usted que esto se debe a que es un periodista de alto nivel, muy inteligente, un buen escritor? No. Se debe a sus trabajos en mi contra”.

La bravuconada de AMLO persuadió solo a una parte de la población. Un sondeo de la consultora Mitofsky, publicado en el diario El Economista, señaló que el 36,9 % consideró que el hijo de AMLO y su esposa están “involucrados en actos de corrupción o conflicto de intereses”, pero la mayoría, el 42 %, está en desacuerdo. Y finalmente, el 55,8 % consideró que el presidente mexicano “no tiene la culpa”. 

Con estos crímenes de enero y el de febrero suman más de 50 los profesionales de medios comunicación ejecutados a mitad de la presidencia de AMLO que aún no muestra la voluntad política de contener el ascenso de la violencia contra los líderes del periodismo de investigación que desde principios de la década pasada, ha crecido exponencialmente en todo el país –lo que contrasta con el eco social realmente limitado. De las decenas de casos, víctimas  de la violencia generalizada contra periodistas en el país (que data aproximadamente del año 2000), Manuel Alejandro Guerrero, el director del departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, puntualizó  “En el lapso entre 2000 y agosto de 2007, 38 colegas murieron violentamente o sufrieron desaparición forzada. De estos, 33 sucumbieron a tiros o puñaladas, envenenados, arrollados, quemados o desaparecidos”.  

Durante los sexenios del Partido de Acción Nacional (PAN) 70 periodistas fueron asesinados bajo el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006)  y el de Felipe Calderón (2006-2012) , caracterizado por “la guerra contra el narcotráfico” 22 y 48 víctimas de homicidio respectivamente ), con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del mandato de  Enrique Peña Nieto (2012-2018), 47 muertos;   hasta la autodenominada “cuarta transformación” del morenista AMLO de acuerdo con el Centro de investigación y Capacitación Propuesta Cívica, en lo que va de este sexenio, se registraron 28 homicidios de periodistas, entre el 1° de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2022; a los que se suman las tragedias recientes.

No se trata sólo de cifras cada día más siniestras, de la devastación galopante o predecibles narrativas de sangre, silencio, dolor y muerte. Los datos reflejan con claridad un complejo clima social, propicio para que ciertos grupos de los poderes políticos, públicos, económicos y criminales conjuren contra el derecho público a la información. Consecuentemente, aumenta una mayor indefensión a las y los periodistas de investigación expuestos a la cooptación, el acoso y la violencia directa perpetrados por funcionarios públicos y delincuentes.  Además de la violencia y la desprotección de los profesionales de la información, la precariedad se acentuó durante la pandemia especialmente en los periodistas locales. Ninguna de las víctimas mortales de este 2022 residía en Ciudad de México. Dos de ellos, en Tijuana en la frontera con EEUU.

La periodista, abogada y antropóloga Marcela Duratti testimonia la difícil situación de los periodistas frente la precarización laboral in crescendo ocasionada por una industria noticiosa dependiente no de sus audiencias sino del dinero público, y cuyas políticas editoriales exponen a periodistas a riesgos de violencia e instrumentalización política y económica. “La impunidad mata” concluye Duratti ante los crímenes ocurridos.  

México tiene inscriptos en el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cerca de medio millar de periodistas y a un millar de defensores de los DDHH. Existen sistemas similares en la mayoría de los estados. Las medidas que se otorgan comprenden desde el botón de pánico y esquemas de monitoreo y vigilancia en su casas o escoltas, pero muchas veces fallan por falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno o porque los afectados no se sienten seguros y confían en las personas encargadas de protegerlas. Según compañeros y organizaciones del gremio, Maldonado estaba inscrita en este Mecanismo de Protección que, sin embargo, no fue eficaz para evitar su muerte.

La caracterización del periodismo como  “profesión peligrosa” -tal la ponderó Ryszard Kapuściński- adquiere en México el peso de evidencia para la prensa que peligra quedarse sola. Así  proclamó en su oportunidad el escritor y periodista mexicano, Juan Villoro, cuando denunció los peligros del trabajo de los periodistas en su país , debido al “desencanto” de la sociedad mexicana, que ha perdido la esperanza de que haya un cambio.

La inevitable pregunta cada vez que se revive el miedo y el riesgo de la vida activado en estas emergencias de si un periodista cambia las cosas como quiere cambiarlas, seguramente la respuesta es negativa. Sin embargo, en una reformulación acotada respecto a si un periodista cambia las cosas, la respuesta es que es posible sino siempre. O al menos un esclarecimiento de una injusticia o un crimen,  un avance en la búsqueda colectiva de la verdad.

AGB

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