Argentina y México llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua por las detenciones de opositores
Los gobiernos de Argentina y México llamaron este lunes a consultas a sus embajadores en Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera, respectivamente, por las “preocupantes” acciones del gobierno de Daniel Ortega, que en los últimos días llevó adelante una serie de detenciones de opositores previos a las elecciones de noviembre.
Ambos diplomáticos deberán trasladarse a sus capitales para “realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”, aseguró un comunicado conjunto.
“Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y la promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión”, indicó el texto.
La decisión llega después de que ambos países se abstuvieran la semana pasada en una votación en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que aprobó una resolución de condena al accionar del gobierno nicaragüense. Esta expresó “grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables”, al tiempo que condenó “inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes”. Además, pidió “la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos”.
Un quinto aspirante a la presidencia de Nicaragua en las elecciones de noviembre fue detenido en la noche del domingo por presuntos delitos contra la soberanía, con lo que ya son 17 los opositores encarcelados en una ola de arrestos lanzada este mes.
Miguel Mora, quien también es periodista, fue detenido por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”, dijo la policía en un comunicado.
Como los demás arrestos del mes, el de Mora se realizó en virtud de una ley de seguridad que el Gobierno del presidente Daniel Ortega aplica a opositores y que ha sido duramente criticada.
El comunicador era precandidato a la presidencia por el evangélico Partido de Renovación Democrática (PRD) al que el tribunal electoral le quitó la personalidad jurídica en mayo, dejándolo fuera de las elecciones del 7 de noviembre.
Con Mora son 17 los opositores detenidos y el quinto precandidato a la presidencia bajo arresto a cinco meses de las elecciones generales, en las que no se descarta que Ortega, de 75 años y con 14 consecutivos en el poder, busque un cuarto mandato sucesivo.
La redada policial contra opositores inició el pasado 2 de junio con el arresto domiciliar de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, 67 años, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Según los sondeos, Chamorro era la más popular de los postulantes a la silla presidencial y potencial rival de Ortega en las elecciones de noviembre. La política es acusada de lavado de dinero a través de una fundación con el mismo nombre de su madre.
También están detenidos el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana. Las autoridades nicaragüenses dictaron una orden de detención contra el exministro de Educación Humberto Belli, que huyó del país hacia Estados Unidos. Su hermana, la escritora Gioconda Belli, denunció este sábado que la vivienda del exfuncionario fue asaltada durante la madrugada.
Mora era director del cerrado canal 100% Noticias, actualmente en formato digital. Es la segunda vez que es encarcelado, luego de un primer arresto el 21 de diciembre de 2018 bajo cargos de incitar al odio para promover “actos terroristas” durante una ola de protestas antigubernamentales que ese año sacudió el país centroamericano. Fue liberado seis meses después bajo una ley de amnistía.
El Gobierno considera que las manifestaciones de 2018, que se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios, fueron un intento de golpe de Estado para apartar a Ortega del poder.
CB
0