Tras la orden de detención en su contra, denuncian el asalto a la casa de un exministro de Educación nicaragüense

Después de que el Gobierno de Daniel Ortega ordenara la detención del exministro de Educación Humberto Belli, su hermana, la escritora Gioconda Belli, denunció este sábado que la vivienda del exfuncionaria fue asaltada durante la madrugada.

“Ingenua, pensé que después del allanamiento de casa de mi hermano, no pasaría nada peor. Anoche vestidos como ladrones a las 3 am entraron y se llevaron absolutamente TODO de la casa. Amenazaron mi cuñada y mi sobrina. No sé ni como calificar este horror”, escribió en Twitter.

La Fiscalía de Nicaragua emitió este jueves una orden de detención contra Humberto Belli, exministro de Educación en el gobierno de Violeta Chamorro, en el marco de la investigación contra la Fundación Económica para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y en línea con las detenciones ejecutadas en las últimas semanas contra opositores y precandidatos presidenciales de cara a las elecciones previstas para el 7 de noviembre.

Además de para Belli, también se ordenó la captura del empresario Gerardo Baltodano -hermano de un general retirado y exfuncionario del Gobierno de Ortega-, mientras las casas de ambos, exdirectivos investigados de Funides, fueron allanadas después de que éstos no asistiesen a un interrogatorio al que fueron convocados por la Fiscalía, según recoge el diario local La Prensa.

La Fiscalía investiga a ambos exdirectivos de Funides “por indicios que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo y por haber recibido recursos económicos de fuentes extranjeras”.

Belli, por su parte, decidió salir del país tras la orden de captura en su contra y actualmente se encuentra en Estados Unidos.

La ola de detenciones comenzó a principios de mes con el arresto domiciliario de la opositora y precandidata Cristiana María Chamorro por supuestos delitos de blanqueo de capitales, gestión abusiva y falsedad ideológica. A ella, le siguieron otros precandidatos y líderes opositores.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua cifró en 124 los presos políticos que fueron detenidos y permanecen encarcelados en Nicaragua desde abril de 2018, a los que se suman diez detenidos antes de las protestas de 2018.

Esta persecución se intensificó en las últimas semanas, ante la inminente celebración de elecciones, mientras la comunidad internacional denunció en reiteradas ocasiones al Gobierno de Ortega y alertó de que, en este contexto, la cita electoral prevista para noviembre carecerá de legitimidad.

El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en un nuevo informe "la grave escalada de la represión" en Nicaragua en forma de detención de precandidatos a cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos y periodistas independientes.

La Comisión se refirió a la “detención y criminalización” de los precandidatos Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García y enumeró a una serie de líderes “y lideresas políticos y personas defensoras de Derechos Humanos” detenidos entre el 8 y el 14 de junio.

“La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente”, señaló el organismo internacional en un comunicado.

La declaración de la CIDH llega después de que esta semana la OEA expresara mediante una resolución su “grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables”, al tiempo que condenó “inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes”. 

La resolución contó con el voto favorable de 26 países, negativos de tres y la abstención de cinco, entre ellos Argentina.

CB con información de agencias