La baja de la imputabilidad suma críticas de la Iglesia mientras el Gobierno de Milei impulsa el debate legislativo
La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal sumó este sábado una nueva intervención de peso. La Conferencia Episcopal Argentina fijó posición frente al proyecto impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que una reforma centrada únicamente en reducir la edad de responsabilidad penal resulta insuficiente para abordar la complejidad del delito juvenil. El pronunciamiento se conoció en medio del avance oficial para instalar el debate en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
En un comunicado titulado “Más oportunidades que penas”, la Iglesia expresó su solidaridad con las víctimas de hechos delictivos y sus familias, pero señaló que el foco exclusivo en la sanción penal puede invisibilizar factores estructurales como la exclusión social, la falta de oportunidades educativas y la ausencia de acompañamiento estatal. Según el documento, una respuesta eficaz debe contemplar políticas de prevención y contención que vayan más allá del castigo.
El texto retoma cuestionamientos ya formulados por la Pastoral Social en 2025, entre ellos el destino que tendrían los menores en caso de aprobarse la reforma y la capacidad real del sistema para garantizar procesos de educación y reinserción social. También plantea dudas sobre la infraestructura disponible en las provincias y la aptitud de las instituciones penitenciarias para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley.
La Conferencia Episcopal remarcó la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada integral y humanizada, orientada a la recuperación y no solo a la sanción. En ese marco, evocó la figura de san Juan Bosco y los 150 años de presencia salesiana en el país, destacando un modelo pedagógico basado en la cercanía, la educación, el trabajo y la vida comunitaria como herramientas clave para el desarrollo de los jóvenes.
Los obispos también insistieron en la importancia de fortalecer las políticas educativas y comunitarias y de consolidar estrategias preventivas sostenidas en el tiempo. Subrayaron, además, que la prevención del delito juvenil requiere del compromiso de las familias, de una comunidad activa y de un Estado con capacidad de intervención. El comunicado fue firmado por las principales autoridades de la Comisión Ejecutiva de la CEA.
Mientras tanto, el Gobierno nacional avanzó con el envío del proyecto al Congreso, en un contexto atravesado por el impacto social del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que reactivó el debate público sobre la responsabilidad penal de los menores. Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca acercar la legislación argentina a la de otros países de la región, donde la imputabilidad comienza a edades más tempranas.
Luego del recambio legislativo, la iniciativa perdió estado parlamentario y deberá ser tratada nuevamente desde el inicio. Sin embargo, referentes de La Libertad Avanza anticiparon que intentarán reconstruir los acuerdos alcanzados en la discusión anterior, con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales. El proyecto establece los 14 años como edad mínima de responsabilidad penal y fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos de extrema gravedad, excluyendo en todos los casos la prisión perpetua.
La propuesta pone el acento en medidas alternativas a la cárcel para los delitos de menor gravedad, como tareas comunitarias, restricciones de contacto con las víctimas o reparación del daño, y reserva la privación de libertad para situaciones excepcionales. También contempla la creación de institutos especializados para menores, con acceso a educación, atención sanitaria y tratamiento de adicciones, además de la prohibición de su alojamiento junto a presos adultos.
La iniciativa abrió además un frente de discusión con los gobernadores, que reclaman financiamiento específico para la infraestructura necesaria. A su vez, incorpora herramientas como la mediación penal juvenil, programas de formación y asistencia psicológica, y un régimen diferenciado para inimputables, junto con mayores garantías para las víctimas.
Con información de agencias y medios
JIB
0