Boudou podrá solicitar la libertad condicional dentro de seis meses, tras un nuevo fallo
El exvicepresidente Amado Boudou quedó más cerca de acceder a salidas transitorias y, dentro de seis meses, a la libertad condicional, según confirmaron fuentes con acceso directo al expediente. Igualmente, la decisión dependerá de la Cámara Federal de Casación, que aún no revisó las decisiones tomadas por instancias inferiores.
En diciembre, la Corte Suprema confirmó la condena de cinco años y diez meses que recibió el ex vicepresidente por el caso Ciccone. Tras ese fallo del máximo tribunal, el juez Daniel Obligado decidió a finales de diciembre que Boudou debía regresar a una cárcel federal para completar la pena que cumplía de manera preventiva con arresto domiciliario. Sin embargo, en la práctica, esta nueva decisión judicial del magistrado de acortar los tiempos procesales, tomada casi un mes más tarde, cambió el panorama para Boudou: quedó más cerca de las salidas transitorias y de la libertad condicional, explicó una fuente con acceso directo al caso.
Según un escrito judicial del 29 de enero último, el juez Obligado, quien intervenía como juez de ejecución de la pena, aceptó que a Boudou se le redujeran en diez meses los plazos para solicitar la libertad condicional. Antes de este fallo, al exvice le restaban 16 meses para poder solicitar la libertad condicional, explicó una fuente directa del caso. Ahora, los tiempos se acortan y podrá pedirlo dentro de seis meses, confirmó la misma fuente con acceso al expediente. Además, en el corto plazo, podrá incluso solicitar salidas transitorias, agregó la voz. El Ministerio Público Fiscal había accedido a reducir el plazo a sólo seis meses, no diez.
Como consecuencia, este escenario disminuye sus posibilidades de regresar a una cárcel federal cuando Casación analice su situación en los próximos días o semanas.
Se adelantan los tiempos del progreso penitenciario por estímulo educativo.
El juez Obligado se basó en que el funcionario realizó cursos de capacitación en la cárcel, de tipo técnico, pero también currículas académicas que cursa durante su encierro domiciliario. El sistema de estímulo educativo para personas privadas de su libertad consiste justamente en fomentar la educación y capacitación a cambio de beneficios procesales, como en este caso.
El premio obtenido por Boudou “no es una reducción de pena”, explicó uno de sus abogados a elDiarioAR, Alejandro Rúa. “Se adelantan los tiempos del progreso penitenciario por estímulo educativo”, informó ante la consulta.
La reducción del plazo procesal había sido planteada por la defensa, que presentó información sobre una serie de cursos realizados por el exvice. El Ministerio Público Fiscal había opinado que la Justicia sólo debería restarle seis meses y no diez, debido a que sólo le computó a su favor los cursos finalizados dentro de la cárcel de Ezeiza como programador de sistema de base de datos de computadoras personales, montador electricista, electricista instalador, práctico en organización de eventos y un taller de filosofía, sostuvo el fallo.
Se encuentra estudiando y continuando su formación profesional.
El exvice se encuentra cursando un Doctorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Ciencias Sociales; una Diplomatura Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); y la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNA), según consta en el fallo. El juez Obligado lo tuvo en cuenta porque “se encuentra estudiando y continuando su formación profesional” en el arresto domiciliario. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que esos cursos no son en el marco de programas penitenciarios.
Trámite
Boudou tiene una condena confirmada por la Corte Suprema de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone. Fue sentenciado en 2018 por el Tribunal Oral Federal número 4 por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, acusado de haberse hecho con el 70 por ciento de las acciones de la imprenta de billetes a cambio de garantizar a sus dueños el salvataje de la compañía casi quebrada. El exfuncionario siempre negó los cargos, al igual que el resto de los condenados.
A partir de febrero, el nuevo juez de ejecución de pena que asumirá el caso, Ricardo Basílico, deberá darle continuidad al trámite que quedó pendiente por la feria de enero: decidir si permite a la defensa apelar la decisión de que Boudou regrese a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Si el magistrado hace lugar al recurso presentado por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort a mediados de enero, la defensa de Boudou podrá recurrir a la Casación para que revisen la decisión y ordene si el exvice puede seguir cumpliendo la pena en su domicilio, como solicita la defensa, o debe hacerlo en un penal.
El entorno de Boudou organizó una campaña de firmas que superó a principios de enero las 13.000 adhesiones para solicitar su libertad, según explicó el politólogo Edgardo Mocca, uno de los gestores de la solicitada. Peñafort también confirmó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que la corte de dicho organismo analice la sentencia del caso Ciccone. Plantearán la supuesta violación al debido proceso. Tiene alrededor de seis meses para hacer el planteo desde la confirmación de la Corte.
ED
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