Cambian por DNU la ley de personal militar y amplían el acceso de las FFAA a cargos políticos
El Gobierno avanzó con una nueva modificación sensible del régimen que regula la carrera de las Fuerzas Armadas. A un mes de la nominación de Carlos Presti como ministro de Defensa, este lunes Javier Milei y todo su gabinete firmaron el Decreto de Necesidad y Urgencia 34/2026 para reformar la Ley 19.101 de Personal Militar. La modificacióni permite que militares en actividad puedan desempeñarse en cargos dentro del Ministerio de Defensa sin pasar a situación de disponibilidad o pasividad, y sin que ese tiempo afecte su carrera profesional.
La medida generó críticas inmediatas desde la oposición, que advirtió sobre un riesgo de politización de las Fuerzas Armadas, mientras que desde el Gobierno defendieron el cambio como una corrección administrativa necesaria para garantizar el funcionamiento del Ministerio y aprovechar personal calificado.
Hasta ahora, la normativa establecía que los militares designados en cargos políticos o administrativos dentro del Ministerio de Defensa debían pasar primero a disponibilidad y luego a pasividad, un esquema que implicaba que ese período no computara como servicio efectivo para ascensos, antigüedad o retiro. Con el nuevo decreto, ese límite queda eliminado: el personal militar podrá ocupar funciones en el Ministerio sin ver interrumpida su carrera.
Desde el Ejecutivo explicaron —en off a elDiarioAR— que la modificación busca resolver un problema operativo inmediato. Según esa interpretación, la restricción vigente desalentaba la incorporación de cuadros técnicos y profesionales al área de Defensa, ya que implicaba un perjuicio directo para la trayectoria militar. “El objetivo es que el Ministerio pueda contar con el personal más calificado para la gestión de la defensa nacional”, señalaron fuentes oficiales.
El Gobierno también justificó la decisión en el artículo 16 de la Constitución, que establece la igualdad ante la ley y el acceso a los empleos públicos en función de la idoneidad. A su criterio, la prohibición previa implicaba una limitación de derechos para el personal militar y no introducía una garantía adicional de control civil.
La explicación oficial subraya que la medida no crea privilegios ni altera aspectos sustanciales de la carrera militar, y aclara que la modificación no se aplica a los oficiales de más alto rango —Teniente General, Almirante o Brigadier General— ni a quienes hayan ejercido como jefes del Estado Mayor Conjunto o de los Estados Mayores Generales de cada fuerza, al tratarse del tramo final de la carrera.
Sin embargo, la reforma desató una fuerte reacción política. El exministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó el decreto en términos duros y lo calificó como “un DNU hecho a medida”, al advertir que habilita que militares en actividad ocupen cargos políticos y luego regresen a puestos de mando dentro de las Fuerzas Armadas.
“Con este DNU, el personal militar podrá ser funcionario político del gobierno de Milei y volver después a estar al frente de un regimiento, división, brigada o comandar un buque”, escribió Rossi en redes sociales. Y agregó: “La necesaria e imprescindible neutralidad política de las FFAA queda claramente vulnerada”.
Para el exfuncionario, la medida profundiza un doble proceso que considera preocupante: por un lado, la militarización del Ministerio de Defensa y, por otro, la politización de las Fuerzas Armadas. “Retroceso absoluto”, sintetizó.
MC
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