Caso Nisman: la Justicia sigue sin desentrañar la trama de relaciones entre servicios de inteligencia y nexos con empresarios

A seis años de su muerte, cuatro expedientes judiciales se entrelazan en torno al fallecimiento del fiscal de la UFI-AMIA Alberto Nisman, su patrimonio, el rol de los servicios de inteligencia y sus nexos con personas relacionadas con el negocio financiero y de la seguridad privada, según confirmaron fuentes judiciales de los casos y documentos que constan en los expedientes consultados por elDiarioAR. Sin embargo, las pistas que surgen de estas líneas de investigación siguen siendo preliminares y han avanzado poco y tarde, según permiten reconstruir las fuentes consultadas. La Justicia federal sigue dando vueltas sobre estos nexos pero no logra desentrañarlos.

El caso Nisman tiene un expediente central en torno a su muerte, que investiga el fiscal federal Eduardo Taiano, quien actualmente busca que 89 agentes y exagentes de inteligencia declaren como testigos para explicar una inusual “explosión de llamadas” que protagonizaron el 18 de enero de 2015, día en que murió Nisman, mientras se encontraban en locaciones centrales para la investigación, como el departamento donde el fiscal fue hallado sin vida en Puerto Madero, según confirmó una fuente de la investigación. 

Nisman apareció muerto de un disparo en la cabeza días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum con Irán y un supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de ordenar el atentado a la Asociación Mutual Islarealita Argentina (AMIA) en 1994. La actual vicepresidenta sostiene que el acuerdo con Irán buscaba que los imputados declararan ante la Justicia argentina. Los iraníes niegan haber participado en el atentado.

La primera investigación sobre la muerte de Nisman conducía a la hipótesis del suicidio, según una Junta Médica Interdisciplinaria que analizó el caso. La segunda, que instruye Taiano, sostiene que lo asesinaron, en base a una pericia de Gendarmería Nacional.

Teléfonos y bienes

Los miembros y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), incluidos exdirectores del organismo, deberán explicar qué hablaron ese 18 de enero de 2015 entre sí y en algunos casos con miembros del Ejecutivo y de fuerzas de seguridad, y por qué se encontraban en esos lugares específicos, confirmó la misma fuente. La pandemia, la falta de personal y la dificultad de la tarea implicarán que el proceso lleve al menos un año y todavía está en la etapa preparatoria, ya que la fiscalía se encuentra en el proceso de ubicar y notificar a los agentes y exagente, agregó la fuente. 

A fines de noviembre se reactivó por orden de la Cámara Federal un segundo expediente sobre supuesto lavado de activos centrado en el patrimonio del fiscal fallecido y una cuenta bancaria no declarada en los Estados Unidos. “La causa estaba prácticamente paralizada desde hacía mucho”, confirmó una fuente judicial del caso. Nisman era apoderado de una cuenta no declarada en el ex Merrill Lynch de Nueva York que recibió transferencias de dinero “sospechosas”, según el organismo anti-lavado estadounidense.

En la causa de presunto lavado, el juez Marcelo Martínez De Giorgi también incorporará la lista completa de bienes de la sucesión de Nisman y ordenó el 24 de noviembre último cruces telefónicos, informes de evolución patrimonial y embargos preventivos de todos los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de los imputados en el expediente: los co-titulares de dicha cuenta no declarada, es decir, la madre y hermana de Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman; y el técnico informático Diego Lagomarsino, procesado además en el expediente a cargo de Taiano por haber entregado al fiscal el arma que provocó su muerte. Un cuarto imputado por presunto lavado es el empresario Claudio Picón, quien transfirió dinero a la cuenta, entre otros nexos con Nisman.

Según un informe del organismo antilavado de los Estados Unidos (The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), la cuenta registró “movimientos reportados como sospechosos” por un total de US$ 542.775, realizados entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014, según la traducción del informe incorporado a la causa. 

Lagomarsino reiteró a este medio que el fiscal Nisman le había solicitado en 2014 que figurara en su lugar como co-titular. Pablo Lanusse, abogado de Garfunkel y Sandra Nisman (quienes nunca se pronuncian sobre la cuenta), apelará los embargos del juez, confirmaron fuentes de su defensa. Desde 2017, Garfunkel espera que la Corte Suprema se expida sobre la causa. La madre de Nisman pidió la nulidad de la investigación, debido a que su defensa planteó que se basa en la prueba aportada por el organismo de Estados Unidos que “sólo puede ser utilizada con fines de inteligencia” y “no puede servir como prueba” judicial, entre otros cuestionamientos.

El financista

Martínez De Giorgi requirió además investigar si existen antecedentes penales del financista desaparecido en octubre de 2014, Damián Stafanini, quien el 23 de octubre de 2012 había girado US$150 mil a la cuenta de Nisman. Está desaparecido desde octubre de 2014, tres meses antes de la muerte del fiscal. Su desaparición sigue siendo investigada en los tribunales de San Isidro por la exesposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Aún no han podido establecerse las circunstancias de su desaparición, según una fuente del caso.

Antes de ser apartado de la fiscalía en 2018, el primer fiscal que investigó la cuenta bancaria del ex Merrill Lynch, Juan Pedro Zoni, había comenzado a cruzar información con su colega Fernando Domínguez (fiscal del caso de Stefanini), según pudo corroborar este medio. Pero el intercambio de pruebas se frenó tras el desplazamiento de Zoni ordenado por el procurador general Eduardo Casal.  Recién en 2020, según confirmó elDiarioAR con fuentes judiciales, la fiscalía de Taiano logró incorporar a la causa de la muerte toda la información en torno a la cuenta bancaria en el ex Merrill Lynch de Nueva York de la que Nisman era apoderado. 

La muerte y la cuenta

La fiscalía de Taiano había solicitado copia del expediente al juez Claudio Bonadío, entonces a cargo de la causa de supuesto lavado de activos contra Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino. Taiano buscaba evaluar si había información útil para la investigación por la muerte del fiscal Nisman. Sin embargo, el juez Bonadío nunca le dio acceso, confirmó una fuente judicial con acceso directo al caso. 

Tras el fallecimiento de Bonadío, Martínez De Giorgi quedó a cargo de su juzgado y autorizó el pedido. La fiscalía de Taiano ya tiene copia de los siete cuerpos de la causa por presunto lavado, con alrededor de 200 fojas cada uno, es decir unas 1.400 en total. “Tras la feria, en febrero, también pediremos incorporar a la causa (de la muerte) todo lo relacionado a los embargos, cruces de teléfonos de los imputados en la causa de presunto lavado y otras medidas nuevas que dictó el juez instructor”, agregó la fuente. El 24 de noviembre último, Martínez De Giorgi ordenó los embargos preventivos de todos los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de los investigados, según el escrito al que accedió este medio. 

La información era necesaria para tener un panorama más claro de la denominada ‘pista económica’, aún no hay indicios de una conexión evidente entre la cuenta y la muerte.

“La información era necesaria para tener un panorama más claro de la denominada ‘pista económica’, aún no hay indicios de una conexión evidente entre la cuenta y la muerte, pero es un nexo muy directo entre Nisman y Lagomarsino y no puede dejar de investigarse”, aseguró uno de los investigadores desde que la fiscalía quedó a cargo del caso.

Un viejo expediente

Desde noviembre, el juez a cargo de la investigación por supuesto lavado busca ahondar en un viejo expediente para investigar supuestos nexos de Nisman con un empresario del rubro de la seguridad privada. Se trata de Eugenio Eduardo “Pipo” Ecke, exjefe de seguridad del Exxel Group, sindicado en los medios de comunicación (incluida la agencia oficial Télam) como socio del exagente de la CIA, Frank Holder, asesor en seguridad e investigaciones corporativas a nivel mundial. Sin embargo, en los registros oficiales no hay nexos comerciales entre ambos en Argentina.

Ecke figura como accionistas de dos compañías en las que Claudio Picón integró los directorio (además es socio de su hermano, Fabián Picón). Claudio Picón, quien está imputado en la causa por presunto lavado, abrió otra pista que lleva al juez a la vieja causa de las escuchas ilegales que instruyó Norberto Oyarbide, según estableció el juez Martínez De Giorgi en el escrito fechada el 24 de noviembre último.

Durante la instrucción de Oyarbide, la causa de las escuchas tuvo como principal blanco al entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, luego sobreseído por el magistrado Sebastián Casanello, quien entendió que no había pruebas para responsabilizarlo, según los escritos en el expediente. Pero la causa incluyó a otros imputados, supuestos clientes de una “banda” que realizaba inteligencia ilegal.

El empresario Ecke fue investigado como uno de los supuestos “usuarios” de la red de intervenciones telefónicas ilegales. Entonces se desempeñaba como jefe de seguridad del Exxel Group y fue acusado de presuntamente utilizar las escuchas para espiar a competidores de la compañía. Fue sobreseído de todos los cargos el 2 de diciembre de 2011, según consta en documentos consultados por este medio. 

Como Nisman intervino en la causa de las escuchas, Martínez De Giorgi ahora investiga si Nisman tuvo participación en la acusación contra Ecke, según el escrito fechado el 24 de noviembre. Por eso solicitó al juzgado de Casanello y al Tribunal Oral Federal número 5, que debe realizar el postergado juicio del caso de las escuchas, documentación en torno al caso del empresario e información sobre el rol de Nisman en el caso. También pidió saber si Picón estaba nombrado en el viejo expediente sobre espionaje ilegal.

Una fuente con acceso directo al expediente de presunto lavado explicó que el juez busca establecer si Ecke estuvo relacionado con la seguridad personal de Nisman antes de su muerte; y cómo fue el proceder del fiscal de la causa AMIA en torno a la situación procesal del empresario (si apeló o no su sobreseimiento, por ejemplo, o si el expediente refleja que se interesó en su caso). 

Nisman y las escuchas

¿Por qué es importante para el juzgado de Martínez De Giorgi la relación Nisman-Picón-Ecke? “Es una línea de investigación”, afirmó una fuente judicial con acceso al expediente. Ante la consulta de este medio, la fuente remarcó que el juez se centra en Ecke también porque el empresario figura como accionista de dos compañías (Easypack SA y Starpack SA) dedicadas al negocios de los envases, según los registros públicos comerciales. En ambas es socio de Fabián Picón, hermano de Claudio Picón, y este último figura como miembro de los directorios de ambas.

Picón se define como “amigo desde hace unas tres décadas” de Nisman, según dijo uno de sus abogados a elDiarioAR, y es quien le prestaba el Audi Q5, modelo 2013. El juzgado intenta determinar si la conexión “patrimonial” entre Picón y Nisman está relacionada con la causa de las escuchas, dijo la fuente judicial que interviene en la investigación. 

Picón también realizó transferencias “sospechosas” por US$72 mil a la cuenta no declarada de Nisman entre el 24 de enero de 2013 y el 19 de marzo de 2014, según consta en la información brindada por el organismo antilavado de los Estados Unidos y a la que accedió este medio. Esas fechas son lejanas al sobreseimiento de Ecke, según pudo establecer este medio (2 de diciembre de 2011). 

La FinCEN sostuvo en su informe de 2015 que no pudo establecer la razón de dichos giros bancarios, dice el documento incorporado en la causa, y Picón sigue sin explicar el motivo de ese giro bancario ni el origen del dinero.

En el expediente por la muerte de Nisman también consta que el fiscal guardaba en su caja fuerte, en el departamento de la Torre Le Parc, un comprobante de una transferencia de Picón por US$200 mil, según consta en la causa.

Uno de sus abogados informó a este medio que Picón se dedica al negocio de los envases y que con Nisman lo unía sólo “una amistad de décadas”. “La camioneta fue comprada con fondos cuyo origen lícito se encuentra acreditado y obra en la causa. No le daba uso y simplemente se la prestó a Nisman, quien era un posible comprador”, dijo el defensor de Picón.

Picón simplemente le prestó la camioneta a Nisman, quien era un posible comprador.

Ante las reiteradas preguntas de elDiarioAR sobre la razón de dichas transferencias a la cuenta en el ex Merrill Lynch, la defensa de Picón decidió no hacer comentarios. El abogado de Picón sostuvo que su cliente no tiene ni tuvo relación alguna con los servicios de inteligencia o empresas de seguridad.

elDiarioAR se comunicó con exabogados y allegados a Ecke para consultar al empresario y conocer su versión de los hechos. Todos los consultados rechazaron hablar o derivar la consulta a Ecke. En los teléfonos de sus direcciones publicadas tampoco fue posible dar con él.

El defensor de Picón también dijo a este medio que su cliente no tiene relación con Ecke desde 2008. Las actas de directorio y asamblea de dos empresas que consultó elDiarioAR este semana confirman que Picón fue director y presidente de dos empresas que Ecke tiene con Fabián Picón, hermano del primero. Las empresas son Easypack SA y Starpack SA. En la primera figura en el directorio hasta 2008 y en la segunda hasta 2013.

El fiscal titular de la causa de las escuchas era Jorge Di Lello. Dos fuentes cercanas a Di Lello explicaron que Nisman había solicitado unirse y participar de algunas de las indagatorias, en especial de Macri, el excomisario Jorge “Fino” Palacios (uno de los imputados por la maniobra de escuchas ilegales) y el “espía” Ciro James. No recuerdan un particular interés en el caso de Ecke pero los hechos sucedieron hace más de una década, aclararon. 

Una tercera fuente de aquel expediente dijo que Nisman, como fiscal titular de la causa AMIA tenía autorización de la Procuración General de la Nación para poder intervenir en cualquier expediente vinculado al atentado a la sede de la mutual judía. La causa de las escuchas ilegales contra Macri y otros se originó justamente por una denuncia de Sergio Burstein, familiar de una víctima del ataque de 1994, quien denunció ser víctima de una intervención ilegal de su teléfono. 

ED