Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto sobre Ganancias de empresas

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada y giró al Senado el proyecto de ley sobre el Impuesto a las Ganancias de sociedades, que busca aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, al proponer una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada,

La iniciativa fue aprobada pasadas las 2.30 por 124 votos a favor y 104 en contra, y se registraron 28 ausencias.

Acompañaron al Frente de Todos en la sanción del proyecto el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el Movimiento Popular Neuquino y la bancada de Córdoba Federal (PJ cordobés); mientras que se expresaron en contra Juntos por el Cambio y Consenso Federal, además de otros espacios minoritarios.

El tratamiento del proyecto demoró más de tres horas y se inició cuando ya habían transcurrido más de ocho del inicio de la sesión en las que se aprobaron los expedientes sobre postergación de las elecciones legislativas y caducidad de partidos políticos.

En el comienzo debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos), aclaró que “en pos de un mayor consenso” se acordaron una serie de modificaciones en relación con el dictamen oportunamente firmado en relación con las escalas establecidas.

“Estamos en el final de una etapa y en el comienzo de otra, donde los impuestos tienen que ser más progresivos. Nuestra propuesta de reforma del impuesto a las ganancias de las sociedades es equitativa porque solo va a implicar una alícuota diferencial para empresas con ganancias que excedan los 50 millones de pesos (originalmente era de 20 millones)”, manifestó Heller durante su alocución en el recinto.

Heller añadió: “Mientras, la modificación del impuesto a las ganancias a las personas humanas ya aprobado elevó el piso de este gravamen de tal modo que 1.300.00 contribuyentes dejan de pagarlo. Se trata de un esquema virtuoso: los que más ganan pagan más, los que menos ganan pagan menos o directamente no pagan”.

En el mismo sentido, el oficialista Ariel Rauschenberger, señaló: “Ante un contexto pandémico que nos demanda cada vez mayores esfuerzos, debemos dar un paso hacia la sustentabilidad fiscal y aliviar a las empresas de menores ganancias”.

Por Juntos por el Cambio, Luciano Laspina cuestionó la iniciativa: “Hoy estamos votando un aumento impositivo a casi todos los tramos de las empresas y no de los empresarios, un aumento de la presión tributaria en un país que tiene presión tributaria récord”.

El radical Luis Pastori, amplió la voz de JxC: “El objetivo de este proyecto es claramente recaudatorio; y lo hacen en este contexto donde se mezcla la pésima gestión de la pandemia, más la profunda crisis económica, que da como resultado un escenario de pérdidas económicas generalizadas, para cuyas empresas el mercado central es el mercado interno. Pretenden compensar la reducción de la carga tributaria de Impuesto a las Ganancias de las rentas de cuarta categoría”.

Desde Consenso Federal, Jorge Sarghini, fijó la postura negativa de su bloque: “Lo más importante por lo que nosotros no acompañamos este proyecto, es que aún en lo más profundo de las crisis, cada política pública que se decide tiene que arbitrar entre el corto y el largo plazo”.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, que ahora deberá ser analizado por el Senado, propone un nuevo esquema de alícuotas escalonadas compuestas de tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad.

La iniciativa establece un primer escalón de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

El segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $20 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $50 millones.

“Esos 50 millones establecidos como tope de esa escala reemplazaron a los 20 millones que figuraban en el texto original”, tal lo anunciado en su discurso por Heller, “para que más empresas se vean beneficiadas por una menor alícuota”

Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del impuesto vigente.

Diputados posterga la votación del Consenso Fiscal para la próxima sesión

La Cámara de Diputados postergó la votación del proyecto de Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70.000 millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

A propuesta del diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez, a las 4.10 de esta madrugada se decidió postergar la sanción de esta iniciativa y el tratamiento de algunos proyectos que se iban a debatir sobre tablas, luego de deliberar por espacio de más de 14 horas.

La Cámara de Diputados aprobó en una maratónica sesión los proyectos de postergación por un mes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una reforma del impuesto a las Ganancias para las empresas, un sistema de beneficio para los bomberos, y una ayuda para el transporte escolar de todo el país.

La postergación del temario se adoptó cuando avanzaba el debate sobre el Consenso Fiscal. que es respaldado por el Frente de Todos, y los interbloques Federal, y de Unidad Federal para el Desarrollo y rechazado por Juntos por el Cambio, aunque algunos diputados votaron a favor del acuerdo entre la Nación y las provincias.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller brindó detalles del acuerdo fiscal firmado entre el Gobierno y los mandatarios, con excepción de La Pampa, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires.

Dijo que el consenso fiscal firmado el 4 de diciembre ante la pandemia del coronavirus se acordó “suspender la baja de impuestos a los ingresos brutos y de sellos”.

En tanto, el radical Luis Pastori justificó el rechazo a este acuerdo al afirmar que es “lesivo a los intereses de los contribuyentes de los impuestos provinciales, en particular del impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos, dos de los tributos más regresivos del sistema tributario argentino”.

El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

El proyecto además establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.

Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables.

Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunto en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.

Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.

Aprueban una ayuda para el transporte escolar

En el paquete de proyectos adoptados, la Cámara de Diputados aprobó una propuesta que aumenta el Fondo de Compensación al Transporte Publico de Pasajeros para ser destinado a los transportistas escolares, debido a la crisis que padece ese sector debido a la pandemia de coronavirus.

El proyecto incorpora al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano, de todo el territorio nacional, tanto de las provincias como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unos 600 millones para ser destinados al Transporte escolar.

La iniciativa, que fue girada al Senado Nacional, se aprobó esta madrugada con 216 votos a favor.

Previamente, el plenario legislativo convirtió en ley la transferencia de un conjunto de determinados inmuebles del Estado Nacional a ciudades del interior del país.

La Cámara de Diputados aprobó además ceder un inmueble propiedad del Estado Mayor de la Armada, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn, a la Municipalidad de esa ciudad.

El objetivo de esa transferencia que en esos terrenos la Municipalidad impulse programas de desarrollo urbano, planes de vivienda única, infraestructura de servicios, habilitación de parques o plazas públicas, unidades educacionales, culturales, asistenciales, sanitarias y/o desarrollo de actividades deportivas.

También votó transferir desde el Estado Nacional a la ciudad de San Carlos de Bariloche un inmueble situado en ese distrito, con el fin de que ese terreno se utilice como plaza pública.

AB con información de Agencia Télam.