Se duplicó la represión en 2025: más violencia estatal, espionaje ilegal y armas prohibidas en protestas

La represión del gobierno de Javier Milei y de Patricia Bullrich -como ministra de Seguridad- se duplicó durante 2025 en comparación con el año anterior. Así lo revela el Tercer Informe de Monitoreo de la Represión a la Protesta, elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo público autónomo de derechos humanos que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. El documento sistematiza el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones realizadas entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 y da cuenta de un patrón sostenido de violencia institucional, acompañado por prácticas ilegales como tareas de inteligencia sobre manifestantes y el uso de armas de fuego con munición de plomo, expresamente prohibidas en estos ámbitos.

Según el relevamiento, en 2025 se registraron hechos represivos en 34 de las 79 movilizaciones monitoreadas, lo que representa un 43% del total, frente a las 17 manifestaciones reprimidas en 2024, que equivalían al 28%. “Esto significa que en 2025 se duplicó la cantidad de manifestaciones con represión respecto a 2024”, advierte el informe, que subraya que el incremento no responde a episodios excepcionales sino a una modalidad de intervención estatal cada vez más extendida.

La CPM, que actúa como mecanismo local de prevención de la tortura y trabaja en articulación con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y organismos internacionales, relevó 139 movilizaciones en el período analizado, con presencia directa en 127 de ellas. El informe señala que, incluso en protestas pacíficas y de baja convocatoria, se desplegaron operativos desproporcionados, con fuerte presencia de fuerzas federales y locales y uso sistemático de la coerción.

Heridos y detenidos: el impacto directo de la represión

El aumento de la represión tuvo un correlato inmediato en la cantidad de personas heridas. En total, 2.585 personas resultaron lesionadas en los dos años relevados: 1.216 en 2024 y 1.369 en 2025, es decir 153 personas más, lo que implica un incremento interanual del 13%. El informe advierte que la violencia “se extendió a lo largo de todo el período”, consolidando una forma de abordaje de la protesta que naturaliza el uso de la fuerza.

Entre los sectores más afectados se destacan los jubilados y jubiladas, cuyas lesiones se cuadruplicaron: pasaron de 42 personas heridas en 2024 a 155 en 2025, en el marco de las protestas semanales frente al Congreso. También se duplicaron las agresiones contra trabajadores de prensa: 184 periodistas y reporteros gráficos fueron heridos en 2025, frente a 98 en 2024. El caso más grave es el de el fotorreportero Pablo Grillo, que fue gravemente herido el 12 de marzo por el gendarme Héctor Guerrero, quien está procesado. El informe registra además lesiones a niños, niñas y adolescentes, todos afectados por gases irritantes.

Las detenciones arbitrarias también mostraron un fuerte crecimiento. En total, 258 personas fueron detenidas: 93 en 2024 y 165 en 2025, lo que representa un aumento del 77%. Según la CPM, la mayoría de estas detenciones se produjeron durante la desconcentración de las marchas y se basaron en imputaciones genéricas como “resistencia a la autoridad” o “atentado”, sin fundamentos suficientes. Entre las personas detenidas hubo jubilados, trabajadores de prensa, vendedores ambulantes y personas en situación de calle.

Inteligencia ilegal y armas prohibidas

Uno de los aspectos más graves del informe es la persistencia de tareas de inteligencia ilegal, relevadas en el 69% de las movilizaciones monitoreadas. El documento describe la presencia de personal sin uniforme ni identificación, agentes filmando con cámaras portátiles, tomando fotografías con celulares personales, instalando cámaras en puntos estratégicos, utilizando drones e incluso participando de las marchas para luego interactuar con efectivos identificados.

“Estas prácticas solo pueden explicarse en la realización de tareas de inteligencia, en colisión con la ley de inteligencia nacional”, señala el informe, que vincula su expansión con reformas normativas recientes que ampliaron las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, el 78% de los operativos incluyó portación de armas de fuego con balas de plomo, prohibidas en el control de manifestaciones públicas por el riesgo letal que implican. La mayoría de los casos correspondió a efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, especialmente de cuerpos motorizados. La CPM advierte que esta práctica viola estándares nacionales e internacionales sobre el uso progresivo de la fuerza.

Una política planificada

En sus conclusiones, el informe es contundente: “La represión a la protesta social ha sido sistemática pero selectiva, a partir de una política planificada y repetida que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de la disidencia”.

También alerta sobre el incumplimiento de obligaciones básicas del Estado: “Se verifica un evidente incumplimiento del deber estatal de garantizar las manifestaciones públicas y pacíficas”, al tiempo que critica la falta de control judicial. “Se destaca el incumplimiento del deber de investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza”, concluye el documento.

MC