Panorama político

El Fondo puede esperar

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Pasó diciembre sin desbordes sociales y pasaron las fiestas como el permitido para el intercambio de los buenos deseos. Pero el año nuevo anunció enseguida que no venía a abrir una nueva etapa. Unas horas después del brindis, se confirmó la virulencia de la tercera ola del Covid 19 -muy atenuada en cuanto a víctimas fatales por la campaña de la vacunación- y el poder en la Argentina volvió a enfrentarse a la debilidad de un país que carga con una deuda impagable y tiene sin resolver la negociación con el Fondo Monetario Internacional. 

La reunión de Alberto Fernández y Martín Guzmán con las gobernadoras y gobernadores en el Museo del Bicentenario evidenció, una vez más, el dramatismo de una situación que se prolonga sin fecha de vencimiento. En palabras del ministro, “a veces, las cosas se alargan”. De vacaciones en el exterior, algunos refugiados en sus countries o yendo y viniendo desde Uruguay, los dueños iniciaron el 2022 a puro pesimismo.

En las próximas semanas, el Gobierno intentará conseguir lo que no pudo en sus primeros dos años de mandato: que el organismo de crédito que en los papeles conduce Kristalina Georgieva ceda en sus exigencias para que el ajuste fiscal que se comprometa a hacer el Frente de Todos no vaya tan rápido ni sea tan profundo.

En la reunión de 2 horas y 25 minutos, Guzmán habló durante 1 hora y 10 minutos. En ese lapso, solo Jorge Capitanich, Axel Kicillof y Alberto Rodríguez Saa hicieron observaciones de fondo. El gobernador de Chaco preguntó por el aumento de tarifas y advirtió sobre el financiamiento del déficit cuasifiscal -los intereses de las Leliq que cobran los bancos- que hoy llega, según dijo, a 44.000 millones de dólares y se elevaría en caso de que el Gobierno avance con la tasa de interés real positiva que exige Washington. El de Buenos Aires advirtió que Estados Unidos es el que decide la orientación del Fondo y sugirió cambiar la estrategia que Guzmán viene llevando adelante sin éxito.

Sin embargo, el Presidente y su ministro insisten en apostar a la diplomacia. Según dicen en Casa Rosada, el viernes mismo el embajador argentino en Washington Jorge Argüello y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, retomaron las gestiones para que Jake Sullivan incida de manera favorable ante el Tesoro norteamericano y la administración Biden apoye el pedido de clemencia de Argentina. Contra lo que afirma la oposición, el Presidente considera que su asunción en la CELAC no conspira contra su objetivo sino que lo fortalece en el rol de interlocutor de Biden, como líder de un país estable en una región polarizada que convulsiona en forma acelerada.

La intervención que menos eco tuvo fue la del gobernador de San Luis: se remontó al inicio del endeudamiento en América -1533, en la plaza de Cajamarca, Perú, con la muerte del Inca Atahualpa a manos de Francisco Pizarro-, invocó el concepto de “deuda odiosa” y pidió una consulta popular para que la sociedad decida qué rumbo seguir. A esa verdad incómoda, según su definición, nadie quiso escucharla. 

Guzmán dijo que Argentina tiene que pagar, entre capital e intereses, U$S 19.000 millones de dólares este año y U$S 20.000 millones en 2023. Además, aportó un detalle poco difundido sobre el endeudamiento. Dijo que los pagos de deuda del sector privado en moneda extranjera son el principal factor que explica la diferencia entre el excepcional superávit comercial de los últimos dos años y la acumulación de reservas de la entidad que preside Miguel Pesce. En sus dos años de mandato, según consignó el ministro, el Frente de Todos le otorgó a un grupo de empresas poderosas de la Argentina nada menos que 8300 millones de dólares para pagar la deuda récord que contrajeron bajo Macri, a la par del proceso vertiginoso de endeudamiento público. 

Guzmán aportó un detalle poco difundido sobre el endeudamiento: los pagos de deuda del sector privado en moneda extranjera son el principal factor que explica la diferencia entre el excepcional superávit comercial de los últimos dos años y las reservas

Para dar cuenta de la encrucijada de la que no puede salir, Guzmán dejó en claro que el Gobierno acuerda con el Fondo en dos puntos: la necesidad de aumentar las reservas -lo que implica soltar el dólar oficial que estuvo pisado durante 2021- y fijar por primera vez una tasa de interés real positiva, por encima de la inflación, -lo que beneficia el ahorro en pesos pero conspira contra el crédito y eleva la bola de nieve de las Leliqs y los pases pasivos-. El desacuerdo está en el sendero fiscal, la velocidad del ajuste que reclama el acreedor privilegiado de la Argentina, un pliego de obligaciones que conspira mal contra la recuperación económica que promociona el Gobierno. Eso pese a que, según él mismo admitió, la reducción del déficit fiscal en 2021 más que duplicó a la de 2020. 

En relación a los últimos años de recesión profunda, la reactivación es tan notoria como heterogénea. Matias Kulfas es uno de los que más insiste en el vaso medio lleno. El ministro de Desarrollo Productivo destaca los datos del INDEC: la industria tuvo su mejor noviembre desde 2018, aumentó un 10,1% interanual, creció 4,8% respecto a octubre, produjo 15% por encima de 2019 y acumula 13 meses en alza. Más discutible es el impacto en el empleo. El economista, investigador del Conicet y especialista en temas laborales Javier Lindemboim observó que el empleo registrado en octubre de 2021 creció en casi 200 mil puestos de trabajo respecto de octubre de 2019, pero advirtió que ese aumento se explica en gran parte por la expansión de los monotributistas. Hay 100 mil empleados públicos más que contrastan con los 100 mil asalariados privados menos, dice. Se crea empleo precario y estatal -que sufre un ajuste violento desde 2014, casi sin interrupciones- y se destruye trabajo registrado sindicalizado. Así se profundiza la caída de los ingresos y se eleva la tasa de ganancia en sectores de la economía que ahora advierten que la tercera ola vuelve para complicar su tasa de rentabilidad. 

En el encuentro con gobernadores, el ministro de Economía sostuvo que “no existe un buen acuerdo en términos absolutos”, advirtió que va a llevar años “resolver la magnitud del problema” y admitió que el Gobierno apunta a tomar deuda para pagar deuda: “que el Fondo nos preste para pagarle”. 

Sin embargo, los burócratas de Washington vienen de hacer una rara autocrítica en la que ninguno de sus errores tienen consecuencias sobre la negociación en curso y es apenas un mea culpa discursivo, parte de su propio confesionario. De acuerdo a el último trabajo de la consultora Economía y Energía, el monto del crédito que el FMI le otorgó a Mauricio Mari representó en términos relativos 1227% la cuota de la Argentina y más que triplicó lo aceptado para los créditos Stand-By standard, que limitan el monto a un volumen de entre 145% y 450% de la cuota. 

El mayor crédito en la historia del Fondo, otorgado de manera temeraria a un gobierno que, según la propia Evaluación Ex Post, no fijaba controles de capitales y le ponía alfombra roja a la fuga de capitales, se presenta casi como una nota pie. El diálogo constructivo del que tantas veces habló Guzmán y el Nuevo Fondo que Fernández creyó haber visto nacer de la mano de Georgieva se desvanecen en la mesa de las negociaciones, donde Washington confirma que solo quiere cobrar lo antes posible. Los que se endurecieron fueron ellos.

Pese a eso y a la cara que tenía durante el acto en el que habló su ministro, el Presidente sigue siendo optimista y cree que el acuerdo llegará más temprano que tarde. Todo lo contrario piensan en el arco que va desde los agitadores del mercado y los pesados del establishment hasta los gobernadores de la oposición, liderados ahora por el dialoguista Gerardo Morales. A diferencia de las distintas alas del PRO, la cúpula del radicalismo no sólo admite lo evidente -que Macri, Nicolás Dujovne y el gobierno de Cambiemos contrajeron una deuda demencial en dólares- sino que quiere colaborar con el peronismo para evitar una cesación de pagos con el Fondo, lo que en el arranque del año parece haber madurado como nunca antes. 

Según Emmanuel Álvarez Agis, la presentación de Guzmán en el Museo del Bicentenario muestra que se propone llegar al equilibrio fiscal en 2027: apunta a un déficit primario de 3,3% del PIB en 2023, lo que implicaría un recorte del déficit de 0,7% del PIB por año, un ajuste que va en línea con el que se comprometieron a hacer otros países que firmaron acuerdos recientes con el FMI como Jordania, Gabón, Costa de Marfil y Camerún. Su conclusión es que el Fondo exige un ajuste mayor para Argentina porque piensa que la convergencia será inviable debido al escaso tamaño del sistema financiero local y la debilidad del peso, la segunda moneda que más se devaluó en el mundo en 2021 en términos nominales después de la lira turca.

Para el director de la consultora PxQ, los meses de verano serán difíciles de transitar con una inflación arriba del 50%, reservas en niveles bajos y chances decrecientes de un entendimiento antes de marzo. El acuerdo con el Fondo, ese cielo que el establishment vislumbra como tabla de salvación, se aleja una vez más. Pero la asimetría entre la Argentina y el FMI es notable y la demora en decidir un rumbo no es igual para las partes. 

El acuerdo con el Fondo, ese cielo que el establishment vislumbra como tabla de salvación, se aleja una vez más. Pero la asimetría entre la Argentina y el FMI es notable y la demora en decidir un rumbo no es igual para las partes

El ex viceministro de Kicillof se ubica entre los que entienden que más ajuste podría hundir a la economía en la recesión sin garantizar una trayectoria sostenible para el pago de la deuda y dice que el conjunto del Frente de Todos registra correctamente que el acuerdo con el Fondo implica un doble techo al crecimiento: menos dólares para las importaciones que precisa la producción y menos gasto público para el crecimiento. Una forma de incumplir un contrato electoral que estuvo basado en la recuperación económica. La diferencia que parte en dos al FDT se da, dice, entre los que quieren tensar hasta que el organismo conceda condiciones excepcionales para repagar un acuerdo que fue, sin lugar a dudas, excepcional; y los que comprenden que el nivel de reservas no permite demandar nada. Para los segundos, entrar en atrasos con el FMI implicaría incumplir aún más el contrato electoral: tensión financiera, impacto sobre la economía real, freno a la recuperación y agonía de las reservas. De un lado Cristina y Maximo Kirchner; del otro, el Presidente y su ministro de Economía. 

Para Álvarez Agis, electoralmente hablando, el que devalúa pierde. Por eso, supone, la oposición dura tiene un alto incentivo para no colaborar: entrar en atrasos con el organismo aumenta la probabilidad de una crisis que termine en devaluación y eleve las chances de que Juntos vuelva al gobierno con el trabajo sucio hecho por el peronismo. Lejos del Estado-Nación por el que predica Guzmán y cerca del sálvese quien pueda que delata, entre otras cosas, la falta de visión de la dirigencia para salir de una crisis prolongada.  

El problema es que no hay salida virtuosa y cualquier camino implica costos; para el Frente de Todos y para la población. El acuerdo con el Fondo no solo implicará ajuste sobre una sociedad extenuada y con ingresos pulverizados sino que incrementará la inflación vía aumento de tarifas y suba del dólar. “Al margen de lo que se diga, los programas con el FMI están destinados a servir la deuda, y no a estabilizar la economía”, dice Álvarez Agis. Por eso critica la ausencia de una estrategia en el Gobierno para bajar la inflación y reducir la brecha cambiaria.

Superada queda en parte la tensión entre Guzmán y La Cámpora por el aumento de la luz y el gas. El año nuevo trae una suba que pondrá a prueba la eficacia de la segmentación tantas veces postergada. En ese plano también, el Gobierno venía mordiendo la banquina. De acuerdo al informe de la consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo, durante 2021 los subsidios al sector energético ascendieron a 10.910 millones de dólares, un 2,4% del PIB: se incrementaron un 75% respecto a 2020 y un 130% respecto a 2019. La montaña de subsidios creció tanto que solo 2014 y 2016 registraron una cifra superior.

Mientras el secretario de Energía Darío Martínez se queda sin padrinos en la interna eléctrica del gobierno, los cortes de luz en las últimas semanas tienen a Edesur como blanco principal, aunque también alcanzan a Edenor. La empresa que el consorcio liderado por José Luis Manzano le compró a Marcelo Mindlin registra desde siempre un blindaje mediático superior.

En el mercado hay quienes piensan que, con ese servicio defectuoso -a esta altura, un sistema- Edesur les sirve a todos. Al Estado para evitar que la furia de los usuarios se descargue directamente sobre el gobierno y al nuevo consorcio que se hizo cargo de Edenor para quedar opacada por las fallas sistemáticas en el servicio que ofrecen los italianos de Enel. Solo resulta insoportable para los miles de clientes que enfrentan sin luz la temporada más alta de calor.

DG

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