Gobierna el corto plazo

Diego Genoud. Panorama político.

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El botón rojo era un nombre de ciencia ficción. Lo muestra el crecimiento alarmante de contagios en el arranque del segundo año de Alberto Fernández en el gobierno y la imposibilidad de tomar una medida que, por sí sola, altere las conductas de una sociedad hastiada, dividida y sometida desde hace tres años al estrés de la crisis múltiple. A esta altura, con casi 10 meses de pandemia, más de 44 mil muertos y el triunfalismo inicial sepultado, el Presidente no puede admitir que apeló a una metáfora inviable y que los primeros en rechazar un cierre intempestivo son los gobernadores de todos los partidos. Prefiere apuntar todos sus esfuerzos a las negociaciones para vacunar a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible. Entre el 14 y el 15 de enero, Aerolíneas Argentinas volará a Moscú para traer otras 300 mil dosis de la Sputnik V y el gobierno apuesta a que lleguen entre uno y dos millones de vacunas del laboratorio Sinopharm antes de fin de mes. Todo tarda más de lo que se presume y el corto plazo es el que gobierna. 

Como en el resto del planeta, pero en un contexto de mayor debilidad, el coronavirus hace volar por el aire todas las previsiones y destroza las expectativas de los que se jugaban a una recuperación rápida. La erradicación de gasto Covid que Martin Guzmán planificó entra en zona de riesgo y las restricciones activan los reclamos de sectores que se ven obligados a demorar la reapertura. La reducción del déficit fiscal que el ministro de Economía había diseñado en base a supuestos que ahora peligran enfrenta dos dificultades: el rebrote de un virus que nunca fue controlado por completo y la discusión dentro del Frente de Todos por la orientación en el año electoral. Es posible que se cumplan los pronósticos más pesimistas que Fernández tenía sobre la mesa desde julio del año pasado y que el proceso de distribución de la vacuna en Argentina se demore hasta mediados de 2021. De ser así, el momento del ATP y el IFE no habrá quedado en el pasado. 

Entre contradicciones públicas y privadas, al peronismo de la escasez le toca comprobar que la frazada también es corta en verano. La autodesmentida que el gobierno firmó en el Boletín Oficial por la suba que no fue para la medicina prepaga ubicó en el bando de la queja a Claudio Belocopitt, un empresario aliado del gobierno, que es socio de los entusiastas José Luis Manzano y Daniel Vila y tiene pantalla abierta las 24 horas. Todo indica que no habrá incrementos, pero sí una compensación que saldrá de las arcas del Estado. Las empresas la quieren recibir antes de que llegue febrero y les toque pagar sueldos. 

La reducción del déficit fiscal que Guzmán había diseñado enfrenta dos dificultades: el rebrote de un virus que nunca fue controlado por completo y la discusión dentro del Frente de Todos por la orientación en el año electoral.

El ida y vuelta con los aumentos, primero con las tarifas y después con las prepagas, exhibe las diferencias dentro del oficialismo en una situación de alta fragilidad y sugiere que el pancristininismo no sólo protege a sus votantes sino también a la iglesia antikirchnerista que milita la vuelta de Juntos por el Cambio. El Presidente dice que todos piensan igual pero, cuando habla, contradice a su propio gobierno. Lo hizo una vez más en los últimos días, cuando declaró en Radio con Vos: “Una de las cosas buenas que nos ha quedado con la pandemia es que ahora ya sabemos quién es quién. Entonces puedo intentar hacer una tarifa segmentada, una tarifa social para los que están muy mal, otra para los que viven de su sueldo y otra para los que puedan pagar la tarifa plena. Yo no sé cuál es la discusión, lo he hablado con todos”, dijo en referencia a su gabinete. Nada más alejado de lo que responden en la dependencia clave donde está la llave para el descongelamiento tarifario, la subsecretaria de Energía Eléctrica que conduce Federico Basualdo, un funcionario que viene del ENRE, pertenece a La Cámpora y es, para muchos, la voz de Cristina Fernández en la materia. Segmentar, dicen a su lado, no es tan fácil como se cree. La mudanza de Basualdo a la secretaría de Energía que dirige Darío Martínez alteró la política de un gobierno que avanzaba hacia la reducción de subsidios energéticos y llevó a la práctica el discurso de La Plata en el que la vicepresidenta pidió alinear, en el año electoral, tarifas y precios con jubilaciones y salarios. 

Quedó archivado hasta nuevo aviso el trabajo que había iniciado el abogado Santiago Yanotti desde la subsecretaría de Coordinación Institucional de Energía para cruzar datos con la Anses, en busca de la segmentación de la que habla el Presidente. La preocupación principal del gobierno está en el impacto que puede tener un aumento en el conurbano bonaerense, donde más se sienten los cortes de luz, pero devuelve al cristinismo al sendero de un aumento de subsidios que no distingue clases sociales y favorece -también- a los sectores más acomodados. Un técnico del área estimó ante el DiarioAR que sólo por el congelamiento en el gas la cuenta de lo que pone el Estado aumentará en U$S 1000 millones durante 2021. En la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), mientras tanto, enumeran un aumento de subsidios que pasó de 180 mil millones de pesos a 350 mil en el año que se fue. Es un circuito de precariedad en el que las distribuidoras como Edesur, Edenor y Edemsa le deben a Cammesa y la empresa estatal le debe a generadores, transportistas y productores entre los que figuran YPF, Marcelo Mindlin, Paolo Rocca y la familia Bulgheroni. Según cuentan en el gobierno, Manzano se convirtió en los últimos días en el hombre récord: ya le adeudaba a Cammesa unos 7000 millones de pesos como titular de la distribuidora de electricidad de Mendoza y, con el pasivo de Edenor, sumará una deuda superior a los $ 20000 millones. El socio de Daniel Vila le aporta un atractivo especial a una trama poco excitante que, sin embargo, puede definir desde el humor social hasta la estabilidad del gobierno. 

La preocupación del gobierno está en el impacto que puede tener un aumento en el conurbano, pero devuelve al cristinismo al sendero de un aumento de subsidios que no distingue clases sociales y favorece -también- a los sectores más acomodados.

La discusión existe puertas adentro del oficialismo y, aunque se dé en el más alto nivel -Alberto vs Cristina-, no puede encapsularse ahí: atraviesa a los funcionarios de segunda línea y los cuadros medios en un gabinete loteado de arriba a abajo. Mientras algunos sostienen que hay que evitar como sea el aumento de tarifas hasta noviembre, otros se miran en el espejo de Mauricio Macri y dicen que no perdió las elecciones por el tarifazo sino por la inestabilidad que se desató a partir de 2018. 

Con el rechazo a la reducción del déficit vía subsidios, la vicepresidenta construye el retorno al último cristinismo. Prioriza a su electorado y, además, desafía el mandato de ajuste del FMI, el actor central de la política argentina que Macri trajo de regreso. Así la diplomacia y los buenos modales quedan a prueba como nunca, en una relación asimétrica como pocas. Mientras el organismo con sede en Washington quiere cobrar los 44.000 millones que le dio al presidente que se fue para sostener su aventura de gobierno, el peronismo busca un margen mayor de autonomía para no atentar contra su base electoral. No habrá magia ni pagadios a 20 años, lo saben los funcionarios argentinos. Entre el padecimiento general, el aumento de la pobreza, la campaña electoral y la salida ortodoxa que pretende el Fondo, el oficialismo tiene dos opciones: la docilidad que implica mayor sacrificio a cambio de un nuevo préstamo de U$S 5000 millones o la necesidad de tensar la cuerda para que los socios del endeudamiento amarillo paguen una parte de la cuenta. 

El Fondo envió en los últimos días una comunicación al equipo de Guzmán para retomar la semana próxima las negociaciones de cara al Programa de Facilidades Extendidas que suele exigir reformas estructurales ortodoxas. En la invitación a la contraparte argentina, el organismo demostró hasta qué punto es el dueño de la escena: avisó que las conversaciones no se darán vía Zoom y especificó que esa plataforma sólo debería ser utilizada para reuniones menores o que necesitan de intérpretes. En su lugar, decidió que el contacto sea a través de Webex, considerada por los soldados de Kristalina Georgieva como la más rápida, más segura y aprobada para los negocios. Fundada en 2011 por el millonario Eric Yuan, una de las 100 personas más ricas del planeta, Zoom multiplicó sus ganancias gracias al COVID-19 y sus acciones tienen hoy un valor estimado en casi US $17.000 millones. Pero en Estados Unidos fue acusada de filtración a Facebook y a China, donde trabaja un tercio de los empleados de la empresa. Nancy Pelosi llegó a definir a la plataforma que se metió en los hogares de todo el mundo como una “organización china”. Webex, en cambio, fue creada en 1995, adquirida en 2007 por Cisco System y hoy cuenta con su sede en California. De todas maneras, Yuan conecta a los dos gigantes: después de que Estados Unidos le negara por lo menos siete veces la visa, trabajó durante 10 años en Webex y creó más tarde su propia empresa. El Fondo le sigue desconfiando.

El Presidente monopoliza la palabra en áreas que no domina, no delega el debate en manos de los funcionarios del área y sólo beneficia al bloque opositor.

Con cobertura asegurada, el paro de 72 horas que la Mesa de Enlace piensa iniciar mañana contra las restricción a la exportación de maíz confirma que la oposición de mercado no quiere permitirle al Estado arbitrar con ninguna decisión, ni siquiera por 60 días y para evitar un aumento de precios. Conducida por las grandes cerealeras, la larga mesa del Consejo Agroindustrial es más representativa del sector pero exhibe diferencias entre sus propios medios y no rinde en el show de la polarización. El agronegocio que sale a defender su rentabilidad vuelve a insinuar que es parte de otro país, irreconciliable con cualquier tipo de populismo, incluso con la cotización de la soja y el maíz en niveles exorbitantes. Con un poder comunicacional formidable, cuenta con una ventaja notable con respecto al gobierno: no exhibe fisuras en su discurso y sus viejas consignas son fáciles de propagar. En cambio, el Presidente monopoliza la palabra en áreas que no domina, no delega el debate en manos de los funcionarios del área y sólo beneficia al bloque opositor.

Con casi nada de prensa, lo que también comienza a calentar motores por lo bajo es la puja distributiva. Después de la victoria sindical de los Aceiteros sobre las cerealeras que integran el Consejo Agroindustrial, asoman dos conflictos de alto voltaje. La Bancaria de Sergio Palazzo apura su paritaria mientras paraliza las actividades en el Banco Francés y el Banco Santander: según el gremio, las dos entidades de capital extranjero ejecutan un ajuste que se manifiesta en el cierre de sucursales, la  presión para reducir personal y la exigencia de mayor ‘productividad’ con extensión de la jornada laboral. En paralelo, ATILRA se enfrenta con Danone y La Serenísima y denuncia que las dos compañías lácteas intentan avanzar con despidos bajo la forma de retiros voluntarios, sin haber tramitado el procedimiento preventivo de crisis. Es el otro capítulo del alineamiento que pidió CFK en La Plata: con salarios que acumulan tres años de caída en el poder adquisitivo y grandes empresarios que buscan achicar costos, la tensión en ese terreno también será inevitable.

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