La pelea que abrió CFK por el Potenciar Trabajo

El Gobierno les transfiere los planes sociales a los municipios, y las organizaciones amenazan con nuevas protestas

Organizaciones de la Unidad Piquetera se reunión ayer con Zabaleta, y pese a firmar una tregua podría volver a marchar ante la decisión oficial de quitarles planes sociales.

El impasse acordado ayer entre Juan Zabaleta y las organizaciones de la Unidad Piquetera está en riesgo, luego de que el ministro de Desarrollo Social decidiera transferir miles de planes del Potenciar Trabajo a las provincias y municipios, en línea con la propuesta de Cristina Kirchner

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La decisión comenzó a tomar cuerpo anoche, apenas minutos después de la séptima reunión que Zabaleta tuvo con las agrupaciones más combativas –como el Polo Obrero y Barrios de Pie–, y en sintonía con las críticas que la vicepresidenta lanzó el lunes pasado contra el oficialista Movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico. La medida contemplaría cambiar de unidad ejecutora a unas 200 mil personas –del total de 1,2 millón beneficiarios que hay–, quienes ya no estarían bajo la coordinación de las organizaciones sociales, sino de los Ejecutivos de sus jurisdicciones.

Ya el martes pasado, elDiarioAR había contado que desde que el 29 de diciembre una resolución de Desarrollo Social permitía que cualquier beneficiario del Potenciar Trabajo podía cambiar de unidad ejecutora, al 1 de junio se acogieron unas 170 mil personas, de las cuales el 30 por ciento efectivamente ya se cambió. Los argumentos para pasarse son distintos: por mudanza, por necesidad de hacer otra tarea y también por cuestiones políticas. Unas 7 mil personas denunciaron irregularidades, según los datos oficiales, entre ellas el pedido de un porcentaje del salario para la agrupación, un hecho que la semana pasada despertó críticas hacia el Polo Obrero, que admitió cobrar 2% a sus integrantes para solventar distintos gastos propios de la organización, emulando a los sindicatos.

Cada beneficiario del Potenciar Trabajo cobra unos $22.000 pesos mensuales por una contraprestación de cuatro horas diarias. Las tareas pueden ser de limpieza, textilería, albañilería, pequeñas obras y agricultura, entre un sin fin de rubros. Para ser parte del programa, las personas deben estar organizadas en cooperativas de unidades ejecutoras, que son manejadas por los movimientos sociales –tanto los oficialistas como los de izquierda–, pero también por los municipios y las gobernaciones. Si bien no hay estadísticas oficiales sobre el reparto de las unidades ejecutoras, se estima que unos 170 mil corresponden a la Unidad Piquetera, mientras que el Evita maneja unos 300 mil. Días atrás en el ministerio le aseguraron a elDiarioAR que el dinero de cada mensualidad se transfiere directamente desde el Estado a los beneficiarios. 

“Es una decisión del ministro”, confirmó a elDiarioAR un importante funcionario de Desarrollo Social y que también tiene influencia en una de las agrupaciones ligadas al Gobierno. Al cierre de esta nota, cerca de Zabaleta no habían contestado las consultas que este medio viene realizando desde anoche. “Esos 180.000 son aquellos que se anotaron en el registro para recibir de otra manera los planes Potenciar. Son todos casos que se están evaluando”, afirmó la portavoz Gabriela Cerruti durante la mañana, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Entre las organizaciones piqueteras aseguraron que la medida no se conversó en la reunión de casi dos horas que hubo ayer con el ministro, y por la que se firmó una tregua hasta la semana próxima. Sin embargo ahora amenazan con volver a las calles si efectivamente les quitan los planes. “Se va a pudrir todo”, dijo a elDiarioAR Silvia Saravia, de Barrios de Pie, y quien ayer participó del cónclave en Desarrollo Social. “Es una ofensiva frente a las movilizaciones tan masivas, y que piensan seguir ajustando. En eso no tienen grieta”, opinó.

En la reunión, Zabaleta les reiteró a los piqueteros que no iba a haber más altas en el Potenciar Trabajo, pero se comprometió a replantear un aumento de las partidas alimentarias hacia los comedores. El programa de cooperativas y los fondos de alimentos ocupan el 90% del presupuesto total de la cartera, que el año pasado tuvo una ejecución de $522.369 millones.

Horas antes del encuentro en el edificio ubicado en la avenida 9 de Julio, había sido la propia Cristina Kirchner la que mostró un avance en su estrategia de quitarle los planes a las organizaciones y transferirlas a los municipios y gobernadores. Compartió un tuit en el que reflejaba su reunión con Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, que le acercó “una propuesta para transformar los planes sociales en trabajo”. “Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación”, completó la vicepresidenta en su mensaje, a modo de presión hacia Zabaleta. La bandera de “convertir planes en trabajo” ya la levantaba Alberto Fernández desde el año pasado.

Sin foto que se haya conocido públicamente, Cristina ya había recibido hace un mes al ministro en su despacho en el Senado, en una reunión “sobre gestión” –según supo elDiarioAR–, pero que también generó especulaciones en medio de la tensión entre la vice y el Presidente, cuya base de apoyo en gran parte proviene del Movimiento Evita. Zabaleta es considerado “un dialoguista” y aceptó dejar el municipio de Hurlingham luego de un ofrecimiento del mandatario. 

En la avanzada kirchnerista contra las organizaciones sociales también está detrás Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Hice una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición, y es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los municipios”, dijo el funcionario. 

En paralelo, mañana habrá una reunión la Liga de los gobernadores peronistas en el Chaco –Jorge Capitanich será el anfitrión–, en la que 16 mandatario provinciales “se sumarán en bloque a lo que propone la vicepresidenta y que motoriza la gobernadora de Santa Cruz y exministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner: que los planes sociales sean administrados por los municipios”, según se lee en el comunicado oficial del cónclave.

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