Análisis

La huelga grande de Navidad obliga a los Fernández a laudar

Hay 170 barcos que esperan para cargar soja y derivados en los puertos afectados por el paro.

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En un sector estratégico como ningún otro, se dirime una orientación general que anticipa la batalla de fondo para el año electoral. La huelga que paraliza los puertos agroexportadores cumple hoy 15 días y la solución del conflicto se dilata más allá de lo previsto. El paro que decidieron —por primera vez en décadas— de manera conjunta los tres gremios que representan a diez mil operarios del polo agroindustrial exportador de Rosario y Santa Fe afecta a las grandes cerealeras que están nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), y se perfila para prolongarse por tiempo indeterminado. Después de una oferta de pago escalonado y no remunerativo que acaban de rechazar por insuficiente, el ministerio de Trabajo convocó a una nueva audiencia de conciliación, el lunes 28 de diciembre. Los huelguistas se preparan para pasar Nochebuena y Navidad en la fábrica de producción de biodiesel de soja más grande del mundo: la planta de Luis Dreyfus en la localidad de General Lagos, a 25 kilómetros de Rosario. En ese punto, a orillas del Río Paraná, se levanta también uno de los puertos privados más importantes del país y respira el centro neurálgico del negocio sojero, puerta principal para el ingreso de dólares al país de la restricción externa. Multinacionales como Cargill, Bunge, ADM, Glencore, COFCO y colosos de origen local como Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza (AGD) y Vicentin rechazan el aumento salarial que reclaman los sindicatos y ven afectadas sus operaciones. Aunque las compañías se encargan de publicitar sus pérdidas a través de canales amigos, todavía tienen margen para mostrarse inflexibles. Del otro lado, lo mismo muestra el frente sindical que vive días de una sorprendente unidad.  

Como anticipó el DiarioAR, las cerealeras cuentan que hay más de 170 barcos que esperan para cargar granos y subproductos por una cifra estimada en US$1.700 millones. Esta vez, el choque de fuerzas que expresa la puja distributiva en el año de la pandemia es generalizado y la inactividad es absoluta. De un lado, un grupo de operarios que defienden el proceso de organización y acumulación política que los llevó a conseguir las mejores paritarias del país; del otro, las cerealeras que acaban de sentarse —bajo el paraguas del Consejo Agroindustrial— a la mesa de los Fernández para inaugurar el principio de una alianza inédita entre el peronismo kirchnerista y los pulpos del agronegocio. Después de dos conciliaciones obligatorias estériles, la medida que inició el 9 de diciembre pasado la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines en demanda de un aumento de sueldos fue ganando volumen y sumó a dos gremios decisivos, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (Urgara). En espejo, las cámaras empresarias respondieron con una negociación en bloque que incluye a Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba (Ciavec), Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).  

El fin de semana, el titular de CIARA, Gustavo Idígoras, había destacado la necesidad de las partes de resolver el conflicto antes de Navidad. Sin embargo, algo pasó en los últimos días. Para las empresas, se trata de sindicatos que se muestran "intransigentes" y tienen una actitud "irresponsable" que se desentiende de la batalla por la “competitividad global” que libran las agroexportadoras. Para los gremios, las grandes cerealeras que amasaron fortunas este año quieren “disciplinar” a los trabajadores y “desestabilizar” al gobierno, pese a que se vieron beneficiadas por un doble proceso en el año de la pandemia: la devaluación del peso y el aumento vertiginoso del precio de la soja, que pasó de 350 a 450 dólares en 2020. A eso se suma el diferencial del 3% por retenciones que Mauricio Macri les había quitado a las grandes aceiteras y Alberto Fernández les devolvió en octubre pasado.

Se conocen

Se trata de sectores que se conocen mucho y están acostumbrados a negociar. Sin embargo, en el primer año del pancristinismo en el poder, a un lado y al otro, se perciben desplazamientos importantes. Para los sindicatos, lo que se advierte es el poder del sector agroindustrial que hoy busca liderar al establishment local. Ya hace tiempo, el titular de la UIA es un delegado del rubro, Miguel Acevedo, en representación de AGD y de su cuñado, el poderoso empresario cordobés Roberto Urquía. Pero ahora son el ex-Monsanto Idigoras desde CIARA-CEC y José Martin desde la Bolsa de Cereales —hombre de Cargill durante 46 años— quienes conducen el Consejo Agroindustrial y fueron a visitar a la propia Cristina Fernández de Kirchner al Senado. Para la dirigencia cerealera, lo que se percibe es un proceso en el que crece por lo bajo el protagonismo del combativo Daniel Yofra en detrimento del Sindicato de Obreros y Empleados de San Lorenzo, liderado por Pablo Reguera, que hasta el momento se mostraba más dócil y evitaba toda confluencia con la Federación Aceitera.

Hace cinco años que la discusión paritaria no escalaba hasta los niveles de hoy. Fue entonces cuando, después de 25 días de paro, la Federación Aceitera logró quebrar el techo salarial que fijaba el ministro Axel Kicillof, con un aumento del 36%. Por eso, el desafío principal lo tiene el gobierno del Frente de Todos ante un foco de conflicto imprevisto, en un año en que los salarios cierran por tercer año consecutivo por debajo de la inflación. Es el Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, el ámbito natural para laudar, pero hasta el momento hizo poco más que prestar sus oficinas para dar marco a una pulseada que sigue sin resolverse. Los llamados del ministro de Fernández a Idígoras para que cedan a la recomposición que piden los gremios no dieron resultado y la autoridad del ministerio se fue diluyendo, tanto que por estas horas a un lado y al otro hacen chistes sobre el rol de Moroni. Urgido por la liquidación de divisas y en los meses previos a la crucial cosecha de soja, le toca al Presidente resolver el diferendo.

Si Cristina Fernández anunció en La Plata el objetivo de "alinear" salarios con precios y tarifas para "recuperar la demanda", el paro en el polo oleaginoso es un caso testigo y precipita el conflicto de intereses que se le viene encima a la Argentina de la recesión y la pérdida de poder adquisitivo. Es la política la que debe definir no sólo una paritaria fundamental, sino una orientación general.

DG

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