Juicio por la obra pública en Santa Cruz: la UIF pidió la absolución de Cristina Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este lunes la absolución de todos los acusados (incluida Cristina Kirchner) en el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, al argumentar que no hay “certeza suficiente” para afirmar la existencia de sobreprecios y asociación ilícita. “Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación”, argumentó en su alegato el abogado de la UIF, Leandro Ventura. Y agregó: “Corresponde la absolución de los acusados respecto del delito de fraude”, al tiempo que sostuvo que si no hubo fraude en la obra pública que recibió Lázaro Báez, tampoco existió el delito de asociación ilícita. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, remarcó el letrado.

La argumentación de Ventura se dio en el marco del inicio de los alegatos finales del debate donde se juzga a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los abogados del organismo, que es querellante en el caso, iniciaron su exposición ante el Tribunal Oral Federal 2 advirtiendo que la UIF debió haber desistido de su rol acusador en la causa que asumió la administración anterior en 2017, porque no se investiga “lavado de activos”.

Al inicio de su alocución, los representantes legales de la UIF aludieron a un “estado de duda insuperable”, por lo cual anticiparon que pedirían la “absolución de todos los acusados respecto al tipo penal de administración fraudulenta”. Al no poder “acreditarse la existencia de un fraude”, la querella puso en duda otro de los delitos que se ventilan en el juicio, la asociación ilícita. “Resulta imposible probar la existencia de una asociación criminal”, agregó el organismo.

La UIF pidió descartar una pericia considerada “clave” sobre las obras cuestionadas por “inconsistencias y falta de claridad” y anticipó que sólo dio por probados en algunos casos el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

La vicepresidenta se conectó de manera remota al Zoom del Tribunal Oral Federal 2 para escuchar el inicio del alegato de la UIF, al igual que otros acusados, como el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obra Pública José López.

Por su parte, el abogado Alejandro Irachet dijo al finalizar un alegato que se extendfió por dos horas y media, que la postura de la UIF fue “por instrucción de su presidente”, Juan Carlos Otero, quien fuera nombrado en diciembre de 2021 por Alberto Fernández.

Además, en sus palabras finales, la UIF descartó que Cristina Kichner haya cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al firmar los decretos mediante los cuáles reasignó partidas presupuestarias durante su gestión para las obras del empresario Báez. “Las conductas llevadas a cabo al firmar decretos solo revisten carácter de actos de gobierno de los cuales no se desprende la violación de los deberes de funcionario público. Quedamos frente a una cuestión política que cuyo acierto o desacierto se encuentra fuera del control de la justicia”, explicó Irachet.

De esta manera, la UIF pidió la absolución de la expresidentra, de Báez, del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; del exsecretario de Obras Públicas, José López; del primo del expresidente Néstor Kitchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, y primo del expresidente, Carlos Kirchner; del ex secretario de Obras Públicas, Abel Fatala; y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

La UIF sí entendió que cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario pública Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Se trata de los ex funcionarios de menor rango del juicio. Para ellos solicitó una pena de un año de prisión en suspenso y de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, los abogados advirtieron que la acusación podría estar prescripta y le dejaron a los jueces del tribunal el análisis de esa situación.

La audiencia

Desde la sede de Comodoro Py 2002, el juez Jorge Gorini del TOF2 dio por abierta la primera audiencia de alegatos a las 9.30, tras comprobar que los 13 acusados estuvieran conectados con cámaras prendidas al juicio que, a raíz de la pandemia, se realiza de manera virtual desde agosto de 2020. El Tribunal está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

En el juicio se debate si el acusado empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Además de la vicepresidenta, Báez, De Vido y José López, otro de los acusados por supuesta asociación ilícita y defraudación es el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti. También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala. En sus casos, la UIF sostuvo que tenían el deber de controlar las obras y que no lo hicieron ya que, por ejemplo, informaron que estaban terminadas cuando en rigor no y eso permitió que Báez cobre la totalidad de los pagos. Los abogados descartaron que Periotti, como titular de Vialidad Nacional, haya participado de la maniobra porque tenía un “control formal” a través del organismo de Santa Cruz y no directo.

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo “Austral Construcciones” de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante. En este tema, los letrados Ventura e Irachet objetaron el trabajo que hicieron los peritos que participaron del peritaje sobre las obras. “No hubo discusiones entre los peritos porque hubo metodologías distintas. Se llegaron a resultados inconsistentes”, señaló Ventura. Concretamente sostuvo que el perito Eloy Bona -de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- “refirió a expresiones como creo que, me parece que, que son elementos que dificultan llegar a una certeza necesaria”.

Tras pasar a cuarto intermedio y con la feria judicial de vacaciones de invierno de por medio, el juicio continuará recién el próximo 1 de agosto a las 8:30 horas con el alegato del fiscal Diego Luciani que este lunes adelantó que utilizará las nueve jornadas que le dio el tribunal.

Con información de agencias.

IG