Cómo es el lobby cruzado de cerealeras y petroleras detrás de la ley de biocombustibles

La discusión sobre los biocombustibles en el Congreso excede la legislación y deja ver detrás del lobby cruzado una puja estratégica entre dos sectores de enorme peso económico y político: las cerealeras y las petroleras. Tal como contó elDiarioAR, la ley 26.093 fue aprobada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner y dispuso un plan de 15 años para desarrollar el sector. Se trata del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles que se sancionó en un contexto distinto al actual para evitar la importación de combustibles, pero fue refrendada en octubre pasado, cuando el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de la cristinista santafesina María de los Ángeles Sacnun, que prorrogó su vigencia por cuatro años más. Sin embargo, desde la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner y Sergio Massa avanzan para aprobar una nueva regulación antes del 12 de mayo, fecha en que vence la ley de Kirchner padre. El jefe de la bancada oficialista quiere corregir el esquema actual de beneficiarios del régimen promocional y dejar al margen a las grandes cerealeras que producen biodiesel a base de aceite de soja y bioetanol a base de maíz y de caña de azúcar. 

De las 55 plantas biodiesel y bioetanol que existen hoy en todo el país, en el mundo del agronegocio afirman que sólo hay 15 que tienen un peso importante. Unas 47, que son pymes, estarían incorporadas en el nuevo régimen. El resto pertenecen a las cerealeras que quedarían afectadas además por uno de los artículos del borrador oficial, el que baja a la mitad la obligación de corte de las naftas con biocombustible, hoy fijada en 12% de bioetanol para la nafta y 10% de biodiesel para el gasoil. Ese es el aspecto más cuestionado, que lleva a sus detractores a denunciar que el proyecto de Máximo está “hecho a medida de las petroleras”, como sostienen desde el interbloque de la oposición peronista que se referencia en Juan Schiaretti y Roberto Lavagna.

Las grandes agroexportadoras que serían perjudicadas por la iniciativa de Máximo Kirchner son en su mayoría multinacionales que construyeron sus propias plantas de biocombustible: Louis Dreyfus, Bunge, Cargill, la china Cofco, Renova -la fábrica que instalaron Vicentin y Glencore en la localidad de San Lorenzo-, Patagonia Bioenergía, ACA y Terminal 6, propiedad de Aceitera General Deheza, la cerealera del magnate cordobés Roberto Urquía, uno de los grandes apoyos empresarios de Alberto Fernández en la campaña presidencial de 2019. Asociado a Bunge, Urquía comenzó a construir en 2011 la que se proponía ser la planta de bioetanol más grande del mundo en la localidad de Alejandro Rocca, del centro sur de Córdoba, y es un defensor de aumentar la proporción de biocombustible en las naftas a 27%, como sucede en Brasil. “En Argentina nos damos muchos lujos. Por ejemplo, exportamos maíz en estado natural e importamos naftas cuando hay capacidad ociosa en la industria etanolera argentina. Las divisas que no tenemos las gastamos en algo que podríamos sustituir fácilmente, y generando mano de obra y desarrollo en el interior. No lo entiendo, es sentido común, nada más”, dijo Urquía en un congreso del sector a finales de 2019.

El Frente de Todos entra en contradicción con el Consejo Agroindustrial Argentino, el grupo de entidades conducido por las grandes cerealeras que desplazó a la Mesa de Enlace como interlocutor".

Con el borrador de Diputados, que el agronegocio impugna por todas las vías a su alcance, el Frente de Todos entra en contradicción con el Consejo Agroindustrial Argentino, el grupo de entidades conducido por las grandes cerealeras que desplazó a la Mesa de Enlace como interlocutor y apareció como aliado del gobierno para discutir una ley de incentivos para las exportaciones. Tanto el Presidente como la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán aparecieron en 2020 como promotores de ese entendimiento. Los voceros de las cerealeras se quejan de que no pudieron recuperar la inversión en biocombustible y afirman que mientras Europa y Estados Unidos defienden su industria con medidas proteccionistas, en Argentina se paga retenciones. Argentina es líder global en la exportación de soja y aceite de soja pero aparece muy rezagado en biocombustible.

En el proyecto que se le atribuye a Máximo trabajaron el camporista Marcos Cleri, el secretario de Energía, Darío Martínez, y el presidente de la comisión de Energía de Diputados, Omar Félix. Sin embargo, entre sus promotores públicos más entusiastas aparece el dueño del Grupo Bahía Energía, Juan Carlos Bojanich, dueño de seis plantas de biodiesel que abastecen a las petroleras YPF, Raízen y Axion Energy. 

Desde el grupo de diputados que responde a Lavagna sostienen que el proyecto no es solo de Máximo y afirman que Massa es uno de los grandes impulsores de la nueva ley. Por eso, desde las cerealeras sostienen que el proyecto no solo beneficia a YPF sino también a otros empresarios como la familia Bulgheroni y Marcelo Mindlin, que acaban de ingresar al Plan Gas de subsidios para incrementar la producción en Vaca Muerta. 

El conflicto no es solo entre las grandes empresas que operan en el sector del agronegocio y el de los hidrocarburos. Es en realidad, entre regiones y provincias que defienden intereses distintos. Por eso, abre una discusión transversal y parte al medio al propio Frente de Todos. Senadores del oficialismo como la santafesina Sacnun, el cordobés Carlos Caserio, la tucumana Beatriz Mirkin y el bonaerense Jorge Taiana le pidieron a José Mayans que gestione una reunión con Massa para tratar la contradicción entre lo que aprobó el Senado y lo que circula como borrador del oficialismo. A la inversa, el proyecto de Máximo tiene el apoyo del gobernador neuquino Omar Gutiérrez y del que pretende ser su sucesor, el secretario de Energía Martínez. En el Senado, sorprende que la ley impulsada por Kirchner padre y prorrogada por el bloque de CFK hace unos meses sea dada de baja por el hijo de la vicepresidenta. 

Entre los argumentos de La Cámpora a favor de una nueva norma figura la presión del corte de biocombustible que eleva el precio de las naftas, algo que es considerado “insignificante” en relación a otros factores entre los diputados de la oposición. La ley actual autoriza a reducir el corte de mezcla obligatoria cuando sube el precio de la soja. De hecho, el Gobierno redujo en los últimos meses, el porcentaje del corte para controlar el impacto sobre la inflación: con el gasoil, lo bajó de un 10% a un 5% en enero, un 6,7 en febrero, a un 8,4% marzo y volverá a un 10% en abril.

Desde distintos sectores se reconoce que la ley sancionada en 2005 quedó desactualizada y es necesario reformularla. Las diferencias son profundas y cada uno defiende sus intereses".

Desde distintos sectores se reconoce que la ley sancionada en 2005 quedó desactualizada y es necesario reformularla. Las diferencias son profundas y cada uno defiende sus intereses. Para algunos, las cerealeras se llevan la parte del león en el mercado global; para otros los hidrocarburos están condenados a la extinción y el futuro viene por las energías alternativas. Sin embargo, lo que más complica es la urgencia que plantea el kirchnerismo en Diputados para sancionar una nueva ley antes del 12 de mayo. Según cálculos de la industria, del sector dependen en forma directa e indirecta unas 30 mil personas. Por eso, Schiaretti y Lavagna piden prorrogar la ley actual para discutir sin apuro una nueva norma. De hecho, Consenso Federal tiene su propio proyecto presentado hace un año, elaborado por el cordobés Carlos Gutiérrez. 

Desde el Consejo Agroindustrial, afirman que además de las grandes agroexportadoras, quedarían afectados los ingenios que producen bioetanol. En el bioetanol a base de caña de azúcar se destacan Ledesma de la familia Blaquier, El Tabacal -propiedad de la multinacional Seaboard Corporation-, el Grupo Rocchia Ferro, que tiene tres ingenios en Tucuman, el Ingenio Concepción que pertenece al ex supermercadista Emilio Luque, los ingenios Leales y La Esperanza, que son al Grupo Budeguer, y el ingenio San Isidro, considerado el más antiguo de Sudamérica, hoy en manos de la familia Ruiz. 

El gobierno logró el apoyo de dirigentes del ámbito del biodiesel, como el empresario Federico Pucciariello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), pero recibió el rechazo de un grupo que debería ser su aliado, las empresas pymes nucleadas en la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB). En el comunicado que difundieron esta semana, desde CEPREB afirmaron: “La Ley 26.093, establecida por el Estado Argentino en 2006 y aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores el pasado 30 de octubre de 2020, tiene todos los elementos virtuosos de una política pública establecida con visión de futuro cuya continuidad peligra por la incertidumbre del lobby petrolero y su influencia en la gestión parlamentaria”.