El oficialismo avanza en la pelea con la Corte por la oficina de escuchas

Diciembre dejó en el aire un foco de conflicto entre la Justicia y el oficialismo que se profundizará aún más en 2021: el destino de la oficina de escuchas telefónicas de la Corte Suprema, cuyo nombre institucional es Dirección de Asistencia judicial en Delitos complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). 

Funcionarios del Ejecutivo, fuentes del organismo que depende del máximo tribunal y miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia concluyeron en que el objetivo es avanzar en el apartamiento de la Corte e incluso promover medidas administrativas y sanciones penales contra los responsables de la DAJuDeCO por las filtraciones de escuchas entre 2017 y 2019, según confirmaron a elDiarioAR. Pero también admiten que el oficialismo no tiene definido cuál es el destino que le dará a este organismo clave.

La DAJuDeCO tiene a su cargo la sensible tarea administrar las intervenciones telefónicas que ordenan los jueces y ejecutan miembros de las fuerzas de seguridad, pero no es sólo una oficina de escuchas. Cuenta con equipos de peritos que también realizan pericias, informes y análisis de pruebas para los juzgados que investigan causas de presunta corrupción. 

Según el informe presentado a fines de diciembre, las críticas del oficialismo en la bicameral se centran en el tratamiento y filtraciones de escuchas a exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner, que en algunos casos, tuvieron a la actual vicepresidenta como protagonista. 

En la oficina de escuchas de la Corte dicen estar “tranquilos”, sostienen que cumplieron con todos los protocolos y que las filtraciones no salieron del Poder Judicial, como sugiere el informe que presentó el oficialismo en la bicameral de inteligencia a fines de diciembre. Por esas irregularidades, en la DAJuDeCO, fuentes consultadas señalan a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Gustavo Arribas y Silvia Majadalani. 

Se transformó en una herramienta del máximo tribunal de Justicia de la Nación para supervisar la persecución penal del poder jurisdiccional.

La número 2 de la AFI durante la gestión de Cambiemos negó cualquier responsabilidad en las filtraciones. “Solo puedo asegurar que yo jamás le di una escucha a nadie durante toda mi gestión”, dijo Majdalani a este medio. Durante la conducción de Gustavo Arribas en el organismo también habían negado las acusaciones.

En el informe, el kirchnerismo de la bicameral, que preside el diputado Leopoldo Moreau, no apuntó directamente contra la AFI macrista sino contra el director ejecutivo de la oficina de la Corte, Juan Tomás Rodríguez Ponte; contra el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Martín Irurzun; contra el juez federal Ariel Lijo, entre otros magistrados. 

Moreau sostuvo en diciembre que el organismo “se transformó en una herramienta del máximo tribunal de Justicia de la Nación para supervisar la persecución penal del poder jurisdiccional”. Su sector prepara un nuevo informe para marzo.

En la DAJuDeCO y la Justicia sostienen que el oficialismo más alineado con Fernández de Kirchner busca argumentos para sostener su hipótesis del “lawfare” y recuperar el control de las intervenciones telefónicas.  

Destino a definir

“El destino de la DAJuDeCO es una de las cuestiones que debemos definir”, aseguró un funcionario del Ejecutivo. “Lo que planteamos varios de nosotros al inicio del gobierno fue que la oficina regrese al Ministerio Público Fiscal, pero en la medida en que tuviéramos un procurador general”, dijo a este medio un funcionario del Ejecutivo de Fernández. Ese escenario está en suspenso a la espera de que el Gobierno pueda avanzar en la designación de un nuevo jefe de fiscales.

“Las escuchas no van a volver a la AFI. Eso es seguro”, agregó el funcionario consultado. También lo descartó un miembro oficialista de la comisión bicameral de inteligencia. “En el informe, no formulamos consejo sobre qué se debe hacer con la DAJuDeCO porque está fuera de nuestras facultades pero está muy claro que esa oficina no puede permanecer en el ámbito de la Corte”, dijo a elDiarioAR un miembro oficialista de la comisión.

“Del informe (oficialista) surgen responsabilidades administrativas y penales. Los presidentes de ambas cámaras (Diputados y Senadores, es decir Sergio Massa y Fernández de Kirchner) deberán analizar los cursos de acción a partir de nuestra presentación”, adelantaron en la bicameral.

Las escuchas no van a volver a la AFI. Eso es seguro.

“Lo que nos queda claro es que quieren sacarla de la órbita de la Corte y que este informe es la argumentación para hacerlo”, sostuvo uno de los legisladores opositores de la bicameral de inteligencia, que presentaron un dictamen de minoría, contradiciendo las conclusiones del informe oficialista. “La DAJuDeCO lleva adelante sus funciones dentro de las normas que rigen su funcionamiento, cuenta con procesos normados, estandarizados y documentados para dar cuenta de su actuación”, dice el escrito firmado por Cristian Ritondo, José Cano y Sebastían García de Luca.

“Lo que tenemos que mirar son los procedimientos que deben ser corregidos, modificados”, reconocen los opositores pero niegan irregularidades.

En otro informe que está en poder del presidente Fernández, el Consejo Consultivo integrado por once juristas también sostuvo que la DAJuDeCO “no debería depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y recomendó que se elabore un proyecto de ley para “su mejor inserción institucional”. Pero no precisó cuál debe ser su destino concreto.

Puede estar en manos de una oficina autárquica, tal vez creada por el Ejecutivo, pero con fuerte control parlamentario.

“Puede estar en manos de una oficina autárquica, tal vez creada por el Ejecutivo, pero con fuerte control parlamentario; puede depender directamente del Parlamento; o del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo un miembro oficialista de la comisión bicameral.

“Si pasamos a un sistema acusatorio, en el que los fiscales tengan la dirección de las investigaciones penales, pareciera congruente que la DAJuDeCO pase a la órbita de la Procuración General de la Nación (la jefatura de los fiscales) pero en ese escenario puede repetirse esta situación que vemos hoy con la Corte y el poder judicial: que el mismo poder que produce la prueba (las escuchas) después deba evaluar la validez de esa prueba”, afirmó un hombre cercano a la vicepresidenta. “Por eso, creemos que el control parlamentario es central”, agregó.

Sin embargo, los fantasmas que genera el posible manejo político de ese control no serán fáciles de aventar. “La comisión bicameral es plural, están representadas las minorías políticas. Pero el control no lo haríamos los legisladores. Se debería constituir un grupo técnicos, seleccionado con criterio técnico, que realice un control online de las intervenciones y sus criterios en función de las tareas que le encomiende la comisión”, opinaron en el ala más cristinista.

Las filtraciones

En el informe del oficialismo, las críticas más duras a la oficina de escuchas de la Corte se centra en una serie de causas e intervenciones al teléfono de Parrilli que fueron filtradas a la prensa en 2017; y a la entrega al juez Claudio Bonadio de la copia de una serie de escuchas a los teléfonos públicos del pabellón de la cárcel de Ezeiza, donde se alojan los presos por causas de corrupción. 

Esas intervenciones habían sido realizadas por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, pero más tarde fueron filtradas a Elisa Carrió, quien presentó una denuncia. Recayó en Bonadio, quien pidió copia de las escuchas. El resultado fue el expediente conocido como “operación puf puf”.

Lo que planteamos varios de nosotros al inicio del gobierno fue que la oficina regrese al Ministerio Público Fiscal, pero en la medida en que tuviéramos un procurador general,

En cuanto a las filtraciones de las conversaciones entre Parrilli y Fernández de Kirchner, el origen de las mismas sigue sin establecerse, pero el informe de la bicameral volvió a avivar los pases de facturas entre la oficina de escuchas de la Corte y la gestión macrista en la AFI. Así lo reflejaron las fuentes judiciales consultadas, que pidieron reserva de identidad. 

“Todavía no podemos establecer un responsables con nombre y apellido sobre las filtraciones e intervenciones ilegales, pero en marzo culmina otra investigación de la bicameral sobre espionaje ilegal y persecución política”, dijo un miembro de la comisión. “Se hace hincapié en los roles de varios organismos del Ejecutivo de Macri: la AFI, la AFIP, Migraciones, el Servicio Penitenciario, la UIF (Unidad de Información Financiera), y también la DAJuDeCO”, agregó.

Un organismo que va girando

El manejo de la oficina de escuchas ha pasado por distintas manos desde que la entonces presidenta Fernández de Kirchner intervino la ex Secretaría de Inteligencia y gestó la AFI, al mando de Oscar Parrilli. 

Antes de 2014, las intervenciones telefónicas ordenadas por los jueces dejaron de estar controladas por los espías y quedaron a cargo del Ministerio Público Fiscal, entonces dirigido por la procuradora general Alejandra Gils Carbó. 

En diciembre de 2015, el entonces presidente Mauricio Macri transfirió las escuchas a la Corte Suprema mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Gils Carbó aún estaba a cargo de la Procuración y el macrismo buscaba quitarle el control de la oficina. Así se creó la DAJuDeCO, a cargo de la Corte.  

Tras la asunción de Alberto Fernández, el oficialismo intentó anular ese decreto de Macri en la comisión bicameral de control de los DNU. El Senado avanzó en ese sentido pero la iniciativa se frenó en Diputados. En 2020, la bicameral de inteligencia comenzó entonces su auditoría sobre la oficina, cuyos primeros resultados se dieron a conocer a fines de diciembre.

ED