Opinión

El Pacto Social y la historia circular

Panorama político

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Unos días antes de Navidad, el juzgado número 11 de la Ciudad de Buenos Aires le devolvió a los dirigentes Roberto Marquinez y Marcelo Fernández el edificio histórico de la Confederación General Económica (CGE), en la avenida Rivadavia 1115. Por un conflicto interno con los sectores que apoyaban al anterior presidente, el cordobés Oscar Gentile, el lugar que vio crecer el liderazgo empresario de José Ber Gelbard en la segunda mitad del siglo pasado había estado cerrado durante los últimos dos años.

Presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CEGERA) y diputado del Frente para la Victoria entre 2005 y 2009, el industrial Fernández se propone ahora una meta ambiciosa: rescatar a la entidad que agrupa a las pymes del fondo de la historia para sentarla a la mesa del Pacto Social que Alberto Fernández pretende sellar en el año electoral. Con ese objetivo, viene de trabar un acuerdo con la cúpula de la CAME para que los sellos que nuclean a las pequeñas y medianas empresas sumen a la asociación APYME y unan fuerzas en el edificio de cinco pisos que recuperó la CGE. Entre todos, dicen, representan a más del 60% de las pymes que están agremiadas en un país donde, según datos del ministerio de Producción, el 99% de las empresas son micro, pequeñas o medianas y explican el 70% del empleo privado.

Formado en el Partido Comunista y de estrecha relación con Perón, Gelbard fundó la CGE en 1952, cuando tenía apenas 36 años, y fue su presidente en tres oportunidades. En 1953, se quedó con el edificio que había pertenecido a la primera central patronal promovida por el General en oposición a la UIA, la Confederación Económica Argentina. Ahí mismo, en el cuarto y quinto piso, había funcionado en 1945 el comité de la primera campaña presidencial de Perón que habían alquilado Rolando Lagomarsino, futuro secretario de Industria del peronismo, y Miguel Miranda, futuro presidente del Banco Central. Ambicioso líder empresario que alumbró temprano el sueño de la burguesía nacional, Gelbard incubó una leyenda que todavía subsiste y construyó un mapa de relaciones sin fronteras de ningún tipo. Fue socio de los Madanes en Aluar, tuvo vínculos con el Mossad y la comunidad judía de Nueva York, se acercó a Cuba y cultivó el trato con embajadas que se paraban a los dos lados de la Guerra Fría. 

En su biografía sobre Gelbard, “El burgués maldito”, María Seoane reconstruye ese país que lo vio crecer y cuenta que el último ministro de Economía de Perón tuvo incluso como asesor en lobby a Mariano Grondona porque quería copiar el modelo de Estados Unidos y legalizar el tráfico de influencias. Figura central de la tercera presidencia de Perón, Gelbard le ganó en 1973 la disputa al economista Antonio Cafiero para quedarse con el sillón que hoy ocupa Martín Guzmán. Los sobrevivientes recuerdan que el abuelo del jefe de Gabinete de Fernández perdió su chance cuando se acercó, en el momento más inoportuno, al dictador Alejandro Agustín Lanusse. 

Más allá de su inteligencia y plasticidad, en los años setenta Gelbard encarnaba como nadie la ilusión de una Argentina industrial que buscaba convertirse en la dirección económica de un país marcado a fuego por la contradicción de intereses irreconciliables. El 8 de junio de 1973, firmó el famoso Pacto Social con el jefe de la CGT, José Ignacio Rucci, y el líder de la CGE, Julio Bronner, a quien le había cedido su cargo para asumir como ministro. Con la inflación en el 80% anual y una altísima conflictividad gremial, sindicatos y empresarios acordaron un congelamiento de precios, una recomposición parcial de los salarios y la suspensión de las paritarias por dos años. Rucci fue un actor central. Así por lo menos lo remarca el economista democristiano Carlos Leyba, que participó de ese proceso y todavía defiende su efectividad. Leyba recuerda que el mismísimo Fondo Monetario Internacional valoró el acuerdo que promovieron Perón y Gelbard en el informe que presentó en cumplimiento del artículo 4º, en diciembre del 74 y en su archivo personal tiene grabada una frase textual de los burócratas de Washington que antecedieron a Kristalina Georgieva:  “el Pacto Social fue un éxito, bajó la inflación del 80% en mayo del 73 al 14% en marzo del 74”. La historia es conocida: la crisis del petróleo pegó en un país que era importador de combustibles, Perón murió poco después, el acuerdo sindical-empresario voló por los aires, vino el Rodrigazo, Cafiero asumió como ministro de Economía de la hoy nonagenaria María Estela Martínez de Perón, llegó el golpe de Estado de Videla, Massera y Agosti y todo terminó en un exterminio masivo ejecutado desde el Estado.

Gelbard encarnaba como nadie la ilusión de una Argentina industrial que buscaba convertirse en la dirección económica de un país marcado a fuego por la contradicción de intereses irreconciliables.

Sin embargo, una vida después, una tarde de abril de 2019 y desde el escenario de La Rural, Cristina Fernández de Kirchner convocó a un contrato social, con un Alberto Fernández que aplaudía en primera fila, como invitado destacado. Ahora presidente, el exjefe de gabinete se proponer recrear un entendimiento de ese tipo en un contexto muy distinto, tras la debacle del país industrial, la fragmentación de la clase obrera y la conformación de lo que Leyba llama la “nueva oligarquía de los concesionarios”, un grupo de empresarios privilegiados que nació con las privatizaciones de los años noventa. Como pura continuidad, se advierte la persistencia de la puja distributiva en el país de la inestabilidad. 

Fernández hubiera querido que Roberto Lavagna se sentara en la cabecera del Consejo Económico y Social, pero el ex ministro de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner -que alterna apoyos con disidencias respecto al peronismo de gobierno- se cree todavía merecedor de un destino más alto. Ahora la tarea recayó en el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, que piensa convocar a las partes con el manual del Papa Francisco. En sus disertaciones de 2020, Beliz pidió abandonar el “cinismo de la resignación”, llamó al “heroísmo de escuchar” y cuestionó “la falsa infalibilidad” de los gobiernos que van pasando. “Las naciones no mueren de epidemia, mueren de egoísmo; los movimientos no mueren por falta de votos sino por miseria de ideales; los pueblos tienen memoria, paciencia y sabiduría pero también hacen tronar el escarmiento cuando no son escuchados”, afirmó en el encuentro de la Pastoral Social del que participó hace unos meses junto a Fernández y el neoradical Martín Lousteau. La doctrina de Su Santidad puede ayudar para deponer tensiones entre dirigentes pero no garantiza que las partes cedan en sus pretensiones, después de tres años consecutivos que dejaron un océano de perdedores: cierre de empresas, aumento de la pobreza, un continente de desocupados que ni siquiera es posible definir con precisión y una caída alarmante del salario real. Basado en experiencias internacionales que no parece fácil trasladar a la Argentina, Beliz está tratando de identificar quién es quién en el mosaico irregular de empresarios y sindicatos. 

Consigna de un país que no existe más, el Pacto Social precisa adaptarse a otra realidad. Si en los años setenta la CGE reunía a 2000 cámaras y 800 mil empresarios nacionales, los datos de la AFIP indican que a fines de 2019 habían quedado en Argentina 544.200 pequeños y medianos empresarios. Si durante la gestión Macri bajaron las persianas 24.537 pymes, la pandemia y cuarentena agravaron más el cuadro. Pese al Programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) que creó el gobierno de los Fernández, una encuesta de la CAME arrojó que durante 2020 cerraron en todo el país 90.700 locales y 41.200 pymes más, lo que generó la destrucción de 185.300 puestos de trabajo en el sector. La entidad que durante décadas condujo Osvaldo Cornide advierte que hay un problema de fondo y el 80% de las pymes no logra superar los primeros dos años de vida porque la tasa de mortalidad es altísima. Sobrevivir no es para cualquiera. Menos en un contexto de inestabilidad donde el crédito de los bancos es reducido y solo llega al 30% que consigue financiamiento de la banca pública. 

Si en los años setenta la CGE reunía a 2000 cámaras y 800 mil empresarios nacionales, los datos de la AFIP indican que a fines de 2019 habían quedado en Argentina 544.200 pequeños y medianos empresarios.

El rebote de la economía y el aumento de la recaudación por quinto mes consecutivo entusiasman en Casa Rosada. Sin embargo, el último informe de la Fundación Observatorio PyME indica que el 70% de las pymes espera volver en el primer semestre a un nivel de actividad similar al de la prepandemia, ese tiempo recesivo que eyectó a Macri del poder. 

Al mundo laboral no le va mejor. De acuerdo a un estudio del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) publicado hace unos días, los salarios perdieron en la segunda mitad de 2020 lo que habían ganado en los dos meses iniciales de Fernández como presidente. Mientras los privados cerraron en promedio un punto por debajo de la inflación y cargan con un 24% de retraso respecto del poder de compra que tenían a finales de 2015, los estatales quedaron 5,4% abajo de IPC y viven el ajuste como nadie desde 2014. 

El trabajo remarca que, si bien la inflación cerró en 36,1% -18 puntos abajo del récord del último año de Macri-, de continuar con el promedio de los últimos cinco meses el índice llegaría a 48% en 2021, casi 20 puntos por encima de lo que indica el Presupuesto que Guzmán lograr aprobar en el Congreso. Cuatro factores, dice el informe, van a presionar hacia arriba sobre el IPC: el reclamo de las empresas para descongelar tarifas, las tensiones devaluatorias, el aumento del precio internacional de los alimentos y la intensificación de la puja distributiva después de cinco años de retraso salarial. Por eso, anuncia una disputa protagonizada por acreedores, exportadores, energéticas, industriales y trabajadores.

De continuar con el promedio de los últimos cinco meses, la inflación llegaría a 48% en 2021, casi 20 puntos por encima de lo que indica el Presupuesto que Guzmán lograr aprobar en el Congreso.

La frazada corta no computa los vencimientos de capital que habría que pagarle en 2021 al FMI. Se trata de 3.822 millones de dólares que equivalen a 325 mil millones de pesos, lo que el gobierno pretende recaudar con el impuesto a las grandes fortunas que acaba de entrar en vigencia, 10 meses después haber sido anunciado. Regular el conflicto social y dormir la puja distributiva es uno de los grandes desafíos que enfrenta el gobierno de los Fernández pero choca con el propósito de reactivar la demanda y apuntalar el crecimiento.

Guzmán confía en que el peronismo unido pueda ordenar esa disputa, de manera tal que el salario real se recupere de forma parcial y le gane por algunos puntos a una inflación que proyecta a la baja. Confía en que así como frenó la devaluación que exigía el establishment a fin del año pasado podrá lograr sus objetivos este año. Es probable que el gobierno consiga la venia del sindicalismo cegetista que avaló la destrucción del poder adquisitivo durante el ciclo amarillo y que no resulte tan sencillo frenar a los formadores de precios que gobiernan la canasta básica. Sin el liderazgo empresario ni gremial de otros tiempos, la llave del Pacto Social parece estar una vez más en un poder político que envía señales contradictorias y delata demasiado seguido la falta de unidad en sus criterios. Para llamar a un acuerdo con sectores que advierten esa debilidad en el gobierno -y se benefician de eso-, los Fernández precisan unificar cuanto antes su propia fuerza.

DG

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