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El impacto de los audios de Karina

Rial denunció “atropello a la libertad de prensa” y el sindicato de periodistas habló de “criminalización”

Jorge Rial en el inicio de su programa "Argenzuela" este lunes

elDiarioAR

1 de septiembre de 2025 17:06 h

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Tras la decisión judicial que ordenó el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a Karina Milei, el periodista Jorge Rial denunció un intento de censura y cuestionó al gobierno de Javier Milei. “Somos periodistas que lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo y parece que ese laburo molesta al poder. Gracias a Dios que molesta al poder, porque ese es el laburo, molestar al poder”, afirmó el conductor de C5N.

Rial calificó la situación como “peligrosa” y advirtió que el país se está acercando a un “régimen totalitario”: “Pocos países en el mundo se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas”.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) respaldó a Rial y al equipo de Carnaval Stream, denunciando que los allanamientos buscan “criminalizar a la prensa” y violan la protección del derecho a la preservación de la fuente periodística. “Rechazamos la medida cautelar y exigimos al Poder Judicial que defienda el derecho a la información. Convocamos a todas las organizaciones de la actividad a reforzar acciones para proteger el rol de la prensa en la sociedad”, señalaron en sus redes sociales.

La medida cautelar dictada por un juez nacional prohíbe la publicación del material difundido el 29 de agosto y ordena el cese de su difusión “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. Para garantizar su cumplimiento, se instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a supervisar la medida, incluso en días y horarios inhábiles.

Mauro Federico, de Carnaval Stream, expresó que la medida constituye un intento de intimidar a los periodistas: “Muchos salieron de esa reunión (NdR: se refiere a una celebrada el viernes en la Casa Rosada) con la idea de querer censurar al periodismo y hacerlo de la más brutal de las formas… Una irracionalidad política propia de gente irracional”. Pese a las presiones, aseguró que el equipo continuará con su trabajo: “Los únicos que pueden disponer que nosotros dejemos de hablar son los que administran justicia en este país”.

Hasta periodista oficialistas como Eduardo Feinmann criticaron la medida: “Repudio todo acto de censura previa dictada por un juez en lo civil. Es un duro ataque a la libertad de prensa y expresión, que es uno de los pilares de la CN y de una democracia sana”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, quien supo trabajar en el periodismo antes de saltar a la función pública, celebró la resolución y sostuvo que la Justicia reconoció que se trataba de “una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”. La polémica se inició con la filtración de un breve audio en el que la hermana del Presidente solicitaba “unidad” en la interna libertaria, lo que motivó la rápida acción judicial del oficialismo.

En tanto, el diputado del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de esa Cámara, señaló: “Como vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de @DiputadosAR tomaremos medidas de urgencia para enfrentar acto de censura y persecución judicial contra @rialjorge @maurofederico y @CarnavalStream”.

La medida fue duramente criticada también en espacio extraperiodísticos. “Un juez prohibió que se difundan audios de Karina Milei y el Ministerio de Seguridad pide que allanen a medios y a periodistas. El gobierno va en contra de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a informarse de temas de interés público. En vez de esclarecer los hechos, criminalizan a quienes difunden”, sostuvo el CELS.

Amnistía Internacional, en tanto, señaló: “2025. Argentina. Parece irreal pero esto sucede. Un juez prohibió difundir audios de Karina Milei, que habría mantenido reuniones en Casa de Gobierno, en el marco de sus funciones. Este precedente puede significar un ataque directo del gobierno y el poder judicial a la libertad de expresión, y al derecho de la sociedad a informarse, pilares fundamentales de un estado de derecho”.

CRM

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