Soria busca avanzar con el sistema acusatorio, que sólo se aplica en dos provincias

Soria con Massa, Máximo Kirchner, Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau en la previa de la sesión por Ganancias.

Martín Soria no sólo asume en el Ministerio de Justicia con la difícil tarea de lograr que la cámara de Diputados sancione las leyes de la reforma judicial. Otra de las misiones que se propuso el sucesor de Marcela Losardo es avanzar con la implementación del sistema acusatorio en la Justicia federal. Sin embargo, será también una compleja misión: esta modificación del funcionamiento del fuero penal federal que se sancionó a fines de 2018, apenas ha comenzado a funcionar en dos jurisdicciones, su aplicación en el resto del país viene demorada y podría llegar a los tribunales de Comodoro Py en un plazo de cinco años, con suerte, según sostuvieron funcionarios del Ejecutivo en diálogo con elDiarioAR

“Hay dos proyectos de ley fundamentales en los que debemos avanzar (la reforma de la Justicia penal federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y la nueva normativa del Ministerio Público Fiscal), como también la implementación del sistema acusatorio”, dijo Soria en una entrevista a C5N el martes 16. 

A diferencia de las leyes enviadas por Alberto Fernández e impulsadas por el kirchnerismo, el acusatorio es hasta el momento el único punto de encuentro entre las distintas fuerzas políticas sobre las reformas estructurales del Poder Judicial. El sistema que empodera a los fiscales federales a dirigir las investigaciones sobre presunta corrupción, narcotráfico y trata de personas fue promovido tanto por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, durante la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, como por el ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano. La ley se sancionó y entró en vigencia con la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Nación a fines de 2018. 

Sin embargo, sólo está funcionando en la Justicia federal con asiento en Salta y Jujuy. Fue un proceso que dejó en marcha el gobierno de Cambiemos, en junio de 2019. Pandemia de por medio, recién en 2021, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación comenzó a tratar la puesta en marcha en un futuro próximo en las cámara federales de Rosario (que incluye el norte de la provincia de Buenos Aires) y Mendoza (que alcanza también a las provincias de San Luis y San Juan), según la última sesión en el Congreso. La bicameral aún no fijó una fecha para que comience a funcionar en esas dos jurisdicciones.

El resto del país, y en especial la Justicia federal penal con sede en tribunales porteños, están muy lejos del objetivo. “Estimamos que llegará a Comodoro Py, cómo mínimo, en unos cinco años”, confió un funcionario que trabaja en la ejecución del nuevo Código Procesal Penal.

La implementación requiere además un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación. También una inversión conjunta de fondos. Según confirmaron a elDiarioAR fuentes de la gestión del exministro Garavano, sólo para el caso de Salta y Jujuy, el Estado nacional proyectó una inversión de al menos US$7.300.000 en equipamiento informático, servidores y otros recursos tecnológicos, además de otros $262.476.443 en alquileres de edificios; personal; capacitación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad y penitenciarios; logística y vehículos.

Para avanzar con los concursos necesitamos un procurador propio.

El sistema acusatorio rige en la mayoría de los países del continente y en Argentina funciona en las Justicias a nivel provincial pero no en el fuero federal penal, en el que se investigan las denuncias de presunta corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros delitos federales para los que aún funciona el sistema inquisitivo, que concentra las investigaciones en los jueces y a quienes el kirchnerismo y el Gobierno buscan recortar poder de fuego.

En el nuevo sistema, la investigación de los delitos queda a cargo del fiscal, quien luego debe defender su caso en un juicio oral y público. Desaparece el expediente en papel, los procesos tienen plazos breves y los planteos de las partes son orales y en audiencias públicas (salvo excepciones de la ley). La función del juez se limita a garantizar que se cumpla la ley durante el procedimiento penal y controlar que se respeten las garantías constitucionales. Luego emite veredicto.

Fernández, al igual que Macri, no ha podido lograr la mayoría parlamentaria para nombrar al nuevo Procurador General de la Nación (necesita los dos tercios de los miembros presentes en el Senado). El candidato del Presidente para liderar a los fiscales es el juez federal Daniel Rafecas. El cargo es ocupado de manera interina por Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo le inició varios procesos de juicios políticos que no han progresado. Tampoco ha logrado la renuncia o jubilación del funcionario. El propio Casal se presentó ante la Anses para rechazar la intimación a finalizar sus trámites jubilatorios, como informó este sábado elDiarioAR.  

El año pasado, además, crecieron las vacantes por las modificaciones al régimen de jubilación de los jueces y fiscales.

La imposibilidad del presidente Fernández y el kirchnerismo para sancionar las leyes que modifiquen el funcionamientos del Poder Judicial y les permita nombrar un nuevo jefe de los fiscales también está atada a la implementación del sistema acusatorio, según reconocen oficialistas y funcionarios de la Procuración General de la Nación. El responsable de llevar adelante ese proceso es el Procurador que no ha podido ser nombrado por falta de consenso, ya que el oficialismo tampoco ha podido lograr los votos para tratar en Diputados la ley que modifica la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal para reducir la mayoría que requiere para nombrar a un nuevo jefe de los fiscales.

Otro punto central con el que se encontrará Soria es que más del 30% de las fiscalías que dependen del Ejecutivo Nacional están vacantes, según los datos oficiales que maneja la Procuración General de la Nación. La mayoría de los concursos están frenados. No avanzan desde 2017, cuando se trabó una disputa legal por los cambios introducidos por la entonces jefa de los fiscales, Gils Carbó, quien había modificado las normas para seleccionar a los jurados. “Para avanzar con los concursos necesitamos un procurador propio”, respondieron en el ministerio que dejó Losardo. 

La excepción son cuatro jurisdicciones: se avanzó con nombramientos en Salta y Jujuy, por la implementación del sistema acusatorio en 2019; y se activaron los concursos en Rosario y Mendoza, donde está proyectado aplicarlo en la siguiente etapa, informó una fuente de la Procuración. “Se avanza con los concursos con los que se puede avanzar. Durante la pandemia, se frenó todo ante la imposibilidad de tomar exámenes presenciales”, sostuvo un funcionario de la Procuración. “El año pasado, además, crecieron las vacantes por las modificaciones al régimen de jubilación de los jueces y fiscales. Lo mismo pasó cuando modificaron el régimen del impuesto a las ganancias”, agregó.

Los tribunales de Comodoro Py son apenas una muestra de la falta de nombramiento de fiscales clave, en quienes recae el peso del nuevo sistema. Hay cuatro fiscalías vacantes (la fiscalía general ante la Cámara Federal porteña, que ocupada Germán Moldes antes de jubilarse; la fiscalía 1, que dejó vacante Jorge Di Lello tras su muerte; la 8, tras el traslado de Juan Pedro Zoni; y la 12, que subroga Alejandra Mángano hasta la realización del concurso). En el edificio de la calle Inmigrantes, donde tiene sede el fuero Penal Económico, que el Presidente quiere fusionar con Comodoro Py, hay otras tres fiscalías vacantes.

ED

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