Exigen identificar a policías de la Bonaerense que balearon a un nene de 9 años: “Nos hostigan todo el tiempo”

No le asustó ver el reflejo de su cara ensangrentada en el espejo del baño. Julio Lazarte, de nueve años, se sacó los seis perdigones alojados entre su mentón y el cachete izquierdo, sin ayuda de nadie. Una por una, las bolitas cayeron sobre el lavatorio blanco del baño. Fue jueves 22 de mayo por la tarde y hacía pocas horas había recibido en su casa un balazo por parte de un oficial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Pero antes de él se preocupó por otra cosa: resguardar a Meiby, su hermanita de seis años. Su papá, Julio Lazarte, y su mamá, Cecilia Formaron, estaban en la vereda, siendo hostigados por la fuerza de seguridad en medio de un violento operativo de rutina.

A “Julito” –como lo llama su familia– el disparo le entró por una ventana abierta de su casa e impactó directo en la cara. Se había asomado a ver qué ocurría con sus padres. En ese estado, llevó rápido a su hermanita a su cuarto y cerró la puerta. Allí se sintieron seguros. Al menos por un rato, hasta que los ocho oficiales de la UTOI se fueron a bordo de una camioneta negra, dejando una estela de miedo e impunidad que desde hace tiempo acecha a las calles del barrio Santa María-IAPI, en Quilmes, partido del sur del conurbano bonaerense.

“Esto se venía venir”, dice ante elDiarioaR Julio Lazarte, padre de Julito, varios días después y desde la vereda de su casa. Hay gallinas y perros que pasean por la misma calle de tierra a la que llegó la UTOI para un operativo de rutina. “Esa unidad nos hostiga todo el tiempo”, denuncia. Reclaman que aún no se sabe la identificación de los agentes de seguridad que los violentaron. Este medio consultó a prensa de la Bonaerense, pero no obtuvo respuesta.

Julito, alto, vestido con una campera deportiva negra y una gorra marrón puesta hacia atrás, se toca despacio la cara. Los seis perdigones dejaron cicatrices notorias. “Pudo haber perdido el ojo tranquilamente”, admite el padre. Tres días estuvo internado su hijo tras el salvaje operativo. Primero en la Unidad de Pronta Atención N° 17 y luego en el Hospital Iriarte de Quilmes.

Para el padre, el disparo no le llegó a impactar también a su hija por algo casi fortuito. “Ella estaba con él mirando desde la ventana cuando el policía tira, pero Julito es más alto”, señala el papá de 35 años.

Ese jueves Julio tenía franco en su trabajo como operario de una planta de bombeo. A las seis de la tarde, conversaba fuera de su casa con su primo, en la calle Formosa 4435, donde también funciona desde hace años un comedor del Partido Obrero, manejado por Mireya Rubilar, madre de Julio y abuela del menor. El móvil de la UTOI apareció de la nada.

De la camioneta negra, patente AE539VQ, bajaron ocho efectivos. Los agentes –relatan testigos– les ordenaron a Julio y su primo que pusieran las manos contra la pared. No hubo explicación, solo órdenes. Tres de los oficiales llevaban armas largas. “El verdugueo de la policía con el vecino es moneda corriente acá”, explica Julio. Desde que comenzó el año, era la tercera vez que la unidad paraba al padre de Julito.

El operativo de esa tarde –se supo después– no tenía ningún fin específico y los efectivos, denunciaron los mismos vecinos, actuaron violentamente contra Julio y otras personas que también se encontraban en el lugar. “Un supuesto patrullaje de rutina termina con seis disparos en la cara de mi hijo”, se indigna el padre.

El desmadre se produjo cuando los oficiales quisieron esposar a Julio sin ningún motivo. Los vecinos, cansados del hostigamiento policial, salieron en su defensa. Allí, cuenta el padre, se produjeron al menos dos disparos al aire de dos oficiales. Uno de esos impactó contra su hijo. “Dispararon a cualquier lado para calmar la situación, pero todo se les fue de la mano”, describe Julio.

Tanto él, como la madre de Julito, se enteraron de que su hijo había sido baleado cuando el móvil UTOI se fue del barrio, tras la presión de los vecinos. “Estábamos todos afuera con la policía, nunca pensamos que el disparo había entrado a nuestra casa”, admite Julio. De inmediato, llevaron a su hijo al hospital, donde permaneció internado. “Fue muy valiente para agarrar a la hermana, llevarla al cuarto y después sacarse él mismo los perdigones”, admite el padre.

A dos cuadras de su casa, está el club de fútbol Santa Rita. Según los vecinos, es frecuente que allí la policía detenga a quienes salen de jugar en su canchita o se quedan charlando. “Todo el tiempo te paran sin motivo y te quieren llevar detenido”, insiste Julio. “Siempre paran al laburante, nunca al chorro”.

Esteban tiene 24 años, es vecino de Julio y dice: “Si te ven con gorrita, te paran al toque y te verduguean un rato”, cuenta el joven, quien prefiere no dar su apellido. “En otros barrios de Quilmes no pasa tanto, pero acá es una fija de los policías”, asegura Esteban. Yamila, de 19 años y también de la zona, revela: “Siempre los hacen tirar al piso a los pibes y los pinchan para que reaccionen”.

Para Mireya Rubilar, la abuela de Julito, el operativo de la UTOI podría haber sido “una tragedia”. “Al comedor vienen muchos chicos. ¿Qué pasaba si estaba abierto cuando la UTOI vino?”, se pregunta Mireya. El espacio abre tres veces a la semana, pero antes brindaba un plato de comida todos los días. Todo cambió con el recorte de alimentos por parte del gobierno nacional a las organizaciones sociales. “Los vecinos del barrio le tenemos más miedo a la policía que al chorro”, explica la abuela de Julito.

El sábado, el comedor abrió sus puertas para dar alimentos y pedir justicia por Julito. “Le gusta mucho el deporte y su materia favorita es ciencias sociales”, retoma el padre. “Me gustaría aprender natación”, suma Julito, a su lado.

Una “visita” extraña

Llegaron cuando los padres de Julito estaban en el hospital. Un grupo de oficiales que solo se identificaron como integrantes de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense se presentó en la casa del menor. El objetivo de esa visita, según cuentan testigos, fue notificar que el oficial que disparó “ya había sido apartado de la fuerza”.

“No tenemos ninguna certeza de que se haya desplazado al agente, ni que esos oficiales eran de Asuntos Internos”, cuenta Olga Aguirre, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), quien lleva adelante la causa. Olga, junto a otros militantes del Partido Obrero, estaba presente el día que se acercaron estos últimos policías. “Aquello fue algo muy irregular”, apunta la abogada. “Vinieron de una forma extraña. Querían entrar a la casa de Julito para ver donde había entrado la bala”, explica.

A más de una semana del hecho, aún se desconoce la identidad del autor del disparo que hirió a Julito, como así también el del resto de los siete integrantes de la UTOI. Todos los efectivos, asegura la abogada de APEL, cumplieron un rol distinto que terminó desencadenando en la lesión del menor. “Por eso solicitamos a la Justicia que se investigue el accionar de la fuerza por lesiones graves y apremios ilegales”, agrega la letrada.

Dentro de las primeras medidas, la querella solicitó la identificación de todos los agentes que participaron del operativo. “Es muy importante revelar los nombres para saber si siguen patrullando las calles con esa misma violencia”, apunta la abogada. La causa es investigada por la UFI N° 4 de Quilmes.

¿Cómo opera la UTOI?

La UTOI fue creada durante la gestión de Maria Eugenia Vidal como gobernadora provincial (2015-2019). Su principal impulsor fue Cristian Ritondo, por entonces ministro de seguridad bonaerense. La unidad se gestó, en un principio, para participar en intervenciones inmediatas que define la propia cartera de seguridad. A su vez, fue capacitada por el Grupo Halcón y sumó elementos de otros grupos especiales, como el Grupo de Apoyo Departamental y el Grupo Motorizado de la Policía Bonaerense.

Entre sus principales funciones, se encuentra la de generar operativos de saturación territorial, como la intervención en determinados barrios bonaerenses. Sus “tareas de prevención del delito”, en algunos casos, terminaron por cometerlos.

El 31 de octubre del 2022, durante uno de esos operativos, efectivos de la UTOI asesinaron de varios disparos a Esteban Bellido en un domicilio de la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. En febrero del 2024 ocho de los agentes que participaron de ese operativo fueron condenados por el delito de violación de los deberes de funcionario público.

En septiembre del 2022, en otro caso similar al de Bellido, la Justicia de Quilmes condenó al oficial de la UTOI Cristian Alejos a la pena de 18 años por el homicidio simple de Matías Banuera, de 14 años de edad. El menor había sido asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza, la noche del 29 de julio de 2017, mientras caminaba por el barrio Itatí –cerca del barrio de Julito– con otros amigos. Los cuatro policías de civil que también participaron del crimen no informaron el hecho a sus superiores, huyeron del lugar y, luego, inventaron un supuesto robo que no existió.

“Al momento de crearse la unidad, recibimos denuncias de los vecinos sobre el mecanismo y la forma en que actuaba la fuerza dentro del barrio”, explica Rodrigo Pomares, abogado y director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “Hubo situaciones de hostigamiento, aprehensiones arbitrarias y allanamientos ilegales”, suma Pomares.

Para el abogado, el despliegue desmedido de la UTOI en los llamados “operativos de saturación” genera situaciones que, muchas veces, terminan desbordando hasta a los propios agentes. “Ellos mismos desencadenan un foco de conflicto mayor al que inicialmente estaban abordando”, finaliza Pomares.

MC