Asesinato de Lucas Muñoz: a cinco años del crimen en Bariloche la causa está a punto de ser archivada

Lucas David Muñoz tenía 29 años cuando fue secuestrado en Bariloche. Desapareció el 14 de julio de 2016, camino a la Comisaría 42 donde prestaba servicios. Durante 27 días fue buscado: se rastrillaron descampados, intervinieron teléfonos, allanaron domicilios, se recurrió a perros rastreadores y hasta a un rabdomante. Pero el cúmulo de pistas falsas, deficiencias en las pericias, testimonios contradictorios, y fundamentalmente el pacto de silencio policial hicieron inútil el esfuerzo por encontrarlo.

El despliegue en la búsqueda, a la luz de los resultados, fue insuficiente o mal encaminado. El 10 de agosto, el cuerpo de Lucas Muñoz apareció en un descampado, con su uniforme policial lavado, con los borceguíes limpios, afeitado, y con un tiro en la cabeza y otro en la pantorrilla. Ese día el por entonces gobernador Alberto Weretilneck visitaba Bariloche. Minutos después de ser informado de la aparición del cuerpo, abandonó la ciudad. Algunos días después ordenó una serie de desplazamientos en la cúpula policial local, y forzó el retiro de Jefes de la fuerza, lo cual abonó la hipótesis sobre un pase de facturas interno como motivación del crimen.

Regido aún por el viejo Código Penal, la investigación recayó en el ex Juez de Instrucción Bernardo Campana. El fiscal, en tanto, fue Martín Govetto, quien se dedicó casi con exclusividad a intentar desentrañar las motivaciones y responsabilidades del caso. Quienes lo conocen dicen que no haberlo logrado aún lo “abruma”.

A cinco años del hecho, Govetto tiene redactado el informe para pasar a archivo el expediente, pero aún no comunicó oficialmente su decisión a las partes. Si la abogada que representa a la familia de Lucas Muñoz, Karina Chueri, no encuentra nuevos elementos o testimonios que conmuevan la causa, el destino será el archivo.

Investigadores, familiares y fuentes judiciales coinciden en una única certeza en torno al caso: el secuestro y asesinato de Lucas Muñoz fue realizo por expertos, es decir por policías o integrantes de una banda que hasta entonces no había actuado en la ciudad.

Pte. 17:00 - Informa Enc. de calle sgto 1° Martínez por orden del Sr. Jefe de Unidad Sr. Jefe Elizondo Jorge se trata de buscar el paradero de of ayte Muñoz Lucas.-

El texto del parte diario de la comisaría 42, fechado el 14 de julio a las 17 horas, constituye el primer documento oficial que da cuenta de la desaparición de Lucas Muñoz.

Sin embargo, la búsqueda del agente de la Policía rionegrina no comenzaría hasta el día siguiente. Una demora que la familia aún critica. Alicia y Benjamín, madre y padre de Lucas, Javier, Noelia, Romina y Paola, sus hermanos, iniciaron desde el día mismo de la desaparición una interminable peregrinación por despachos policiales, judiciales y sobre todo por las calles de Bariloche en reclamo de justicia. Se enteraron que Muñoz no había llegado a la Comisaría 42 por mensajes que comenzaron a circular por las redes sociales. Viajaron a la ciudad turística de la cordillera desde su Ramos Mexía natal, un pequeño pueblo ubicado en la Región Sur de la Provincia de Río Negro. Marcharon junto a cientos de personas que los acompañaron, interpelaron al poder político y provincial, fueron quedándose solos en el reclamo.

Inicialmente la ciudadanía se conmovió por la noticia: había un policía desaparecido en Bariloche, una ciudad de unos 140 mil habitantes, donde todavía “se conocen todos”. Con el paso del tiempo otros casos resonantes en la zona, como la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado o el asesinato estatal de Rafael Nahuel, lograron preponderancia mediática y social. La falta de respuestas de la investigación diluyó el interés por el hecho. La familia hoy observa angustiada como el nombre de Lucas Muñoz va desapareciendo del listado de reclamos sociales.

La búsqueda durante 27 días fue infructuosa. La investigación durante cinco años no pudo determinar ni el móvil ni a los responsables del crimen. Quedan abiertas una innumerable cantidad de preguntas sin respuestas.

La búsqueda durante 27 días fue infructuosa. La investigación durante cinco años no pudo determinar ni el móvil ni a los responsables del crimen. Quedan abiertas una innumerable cantidad de preguntas sin respuestas.

Aproximadamente a las 13,08 del jueves 14 de julio de 2016, Lucas salió del departamento en el que vivía -en realidad una suerte de hostería ubicada en la avenida Moreno- dejando a su novia, Daniela Rodio aun acostada. La noche anterior habían visitado a otra pareja en la cercana localidad de Dina Huapi, y luego habían discutido. Lucas desde hacía algunos días estaba nervioso y la noche anterior le había dicho a su pareja que se fuera de Bariloche, que en la ciudad pasaban cosas raras, que “corría mucha droga” y que “la policía estaba podrida”. Le dijo que “no quería seguir viviendo”, que extrañaba a sus tres hijos que viven en la comarca Viedma-Patagones.

Al salir de su vivienda comunicó vía celular a su compañero de la Comisaría 42 Luis Nievas que llegaría tarde a tomar el servicio en la unidad policial; tomó el colectivo y, presumiblemente, desde el teléfono realizó una transferencia bancaria a la madre de dos de sus tres hijos. Se bajó una parada antes a la correspondiente de la Comisaría y, según dos efectivos policiales que lo cruzaron en la caminata -y que declararon en el expediente judicial-, se detuvo a conversar con el conductor de un Chevrolet Onix color gris. A ese vehículo presuntamente se subió o lo obligaron a subir. Desde ese momento, nada más se supo de Lucas Muñoz, hasta el 10 de agosto, cuando su cuerpo fue hallado con un tiro en al cabeza y otro en la pantorrilla derecha, en un descampado, a menos de un kilómetro de la comisaría donde prestaba servicio.

El cúmulo de irregularidades y maniobras sin explicación en torno a la desaparición y asesinato de Lucas Muñoz se iniciaron el mismo día de su secuestro. Veamos.

* Los policías Luis Irusta y Maximiliano Morales, entre las 22 y pasadas las 23 horas, ingresaron al domicilio del agente secuestrado y, sin orden de allanamiento ni autorización de sus superiores, manipularon pertenencias de Muñoz, entre ellos una mochila y una carpeta, revisaron y fotografiaron el archivo personal de su computadora, y enviaron esas imágenes a un Jefe policial.

En su defensa dijeron que pretendían obtener información para orientar la búsqueda. Pero la Justicia los condenó a dos años de prisión en suspenso por el “allanamiento ilegal” de la vivienda.

Durante el Juicio, el fiscal Martín Lozada enmarcó el allanamiento ilegal en “una trilogía criminal que incluye el secuestro, la privación ilegítima de la libertad durante 27 días, y la ejecución de Lucas Muñoz. Este delito no es ajeno al pacto de silencio e impunidad”, planteó.

Por su parte, el Juez Marcelo Barrutia, antes de leer la sentencia, dijo que “ha quedado flotando un pacto de silencio y una cadena de encubrimiento que tienen que ver con la causa principal”.

Ese pacto no pudo romperse en cinco años.

* En una misma línea, fueron condenados a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación por “abuso de autoridad” otros dos efectivos policiales, Néstor Meyrelles y Federico Valenzuela. Los uniformados activaron en la ciudad de Catriel, distante más de 550 kilómetros de Bariloche, un chip telefónico a nombre de Lucas Muñoz. Esa activación había entusiasmado a los investigadores que algunas horas antes habían iniciado la búsqueda del joven desaparecido. Pero la confirmación de la responsabilidad de los dos policías en el hecho -una vez más con la excusa de pretender “ayudar” en la investigación- derrumbó la esperanza sobre la presencia de Lucas en esa zona.

Se trató de otra causa conexa cuyo vínculo con la principal no ayudó a desentrañar quiénes y porqué secuestraron y asesinaron a Lucas Muñoz.

* Tampoco se pudo determinar, a pesar de todas las herramientas informáticas disponibles, la identidad de una persona que, desde un perfil falso de Facebook, se comunicó con Javier Muñoz, hermano de Lucas, para brindarle información sobre la supuesta vinculación de policías en el hecho. Ese contacto se inició el 9 de agosto de 2016. Con el nombre falso de “Pancho Delgado”, el “informante” le aconsejó a Javier que se comunique “directamente” con el fiscal Govetto y que no confíe en la Policía. Brindó datos sobre los Jefes de la fuerza y su supuesto involucramiento en el hecho o en el encubrimiento. Un día después de esos mensajes, Lucas apareció asesinado. A pesar de los pedidos realizados por Javier Muñoz, el informante por Facebook no accedió a mantener una reunión presencial, y los investigadores nunca pudieron determinar la identidad de quien apuntó a la responsabilidad policial en el hecho, a pesar que el hermano de la víctima aportó el dato sobre el contacto.

* Los peritos de Gendarmería Nacional que intervinieron en los primeros trabajos en el lugar donde apareció el cuerpo aseguraron en su informe que el cadáver había sido “plantado” en el lugar; es decir que Lucas había sido asesinado en otro sitio y luego su cuerpo trasladado al descampado. Sobre esa hipótesis se trabajó durante más de un año, hasta que el 2 de octubre de 2017 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) encontraron en el lugar un fragmento de un proyectil 9 mm y una vaina servida. Así, pudo determinarse que Muñoz fue asesinado en el sitio donde su cuerpo fue encontrado, y que la bala que lo mató -al igual que la que lo hirió en la pantorrilla- salieron de su propia arma reglamentaria.

La autopsia determinó que Lucas fue asesinado entre 24 y 48 horas antes de la aparición del cuerpo.

* Pocos días antes del 14 de julio de 2016, Lucas Muñoz mantuvo un encuentro en la Comisaría 42 con un reconocido delincuente de la localidad, identificado con las iniciales B.H., quien también se entrevistó con uno de los Jefes de la unidad. A sus pares les dijo que estaba realizando una investigación. Según consta en el expediente judicial y de acuerdo a testimonios de otros efectivos, esa persona había dicho algunos días antes del hecho que se “cargaría un policía”. Poco tiempo después fue detenido por otro delito, y compartió celda con un joven que, a través de vías informales, se comunicó con los abogados de la familia Lucas Muñoz para hacerles saber que tenía “información” sobre lo sucedido con el joven policía. Algunos días más tarde, el detenido apareció muerto, colgado en su celda. La información oficial dio cuenta de un suicidio, sin que se informen detalles sobre lo sucedido.

La hipótesis sobre la participación de B.H. en el secuestro y asesinato de Lucas Muñoz nunca pudo ser confirmada ni tuvo mucho desarrollo en el expediente; y contrasta con la certeza sobre la participación de “profesionales” en el hecho.

* En diciembre de 2017, un Chevrolet Onix gris fue secuestrado por la Policía rionegrina en la ciudad de General Roca. La coincidencia del color y modelo entusiasmó a los investigadores. Sin embargo, y a pesar de una puntillosa búsqueda, no pudieron encontrarse rastros sobre la presencia de Lucas Muñoz en ese vehículo. Habían pasado un año y cinco meses desde el secuestro.

* Algunas hojas del parte diario de la Comisaría 42 fueron arrancadas y reemplazadas por otras pegadas con cinta. Sobre este punto se tejieron muchas especulaciones y acusaciones a los Jefes de la unidad. Sin embargo, hoy el expediente descarta que las hojas quitadas correspondieran al día de la desaparición de Lucas. No hay explicaciones claras hasta el momento sobre porqué se produjo el faltante y reemplazo de esas hojas.

* Una serie de pesquisas con perros rastreadores y un rabdomante llevaron a los investigadores hasta la sede de la Policía montada y a un complejo turístico privado. En ninguno de los dos lugares pudo certificarse la presencia de Lucas durante su secuestro.

Es decir que al misterio sobre quiénes y porqué lo mataron se suma la imposibilidad de determinar en qué lugar permaneció cautivo durante 27 días.

La abogada de la familia de Lucas, Karina Chueri, sigue sosteniendo la hipótesis del secuestro extorsivo como móvil del crimen. “Por las características del hecho, por como apareció el cuerpo, por la cantidad de días que estuvo con vida”, argumenta. En esa misma línea se enfocaron los especialistas de las fuerzas de seguridad y equipos especializados que intervinieron y realizaron un perfil psicológico de la víctima y su entorno. “Las cuestiones personales de Lucas como motivación del hecho fueron descartadas todas, se estudiaron todos sus vínculos. Además, nunca nadie recibió un llamado solicitando algo a cambio de la libertad de Lucas”, amplía la abogada en diálogo con elDiarioAR.

Tampoco fueron informadas comunicaciones con efectivos o jefes policiales dando cuenta del secuestro.

El 10 de agosto, 27 días después del secuestro, Chueri recibió un llamado de un periodista de la ciudad de Cipolletti preguntándole si era verdad que habían encontrado el cuerpo de Lucas. Minutos después el fiscal Govetto le comunicó que estaba yendo hacia la zona de la ruta de Circunvalación, donde había sido hallado un cadáver. La abogada se comunicó con Javier, hermano de Lucas, y le dio la noticia. Javier, que estaba almorzando con su familia, no le dijo nada a Alicia y Benjamín, madre y padre del joven policía, y salió junto a Chueri hacia el lugar.

Al llegar, otro uniformado que bajaba de la zona donde apareció el cuerpo se le acercó y le dijo “lo lamento hermano”.

En la casa de los Muñoz Ocares, en Ramos Mexía, el cuarto de Lucas aún luce las fotos del joven. Toda la casa en realidad tiene las paredes con fotos de Lucas y la familia. Varias de ellas muestra a Alicia y Benjamín, a Javier y Noelia, Romina y Paola el día de la promoción de Lucas como agente policial. Banderines de River, cruces, y una interminable colección de mates completan la escenografía.

Los Muñoz Ocares eran y son muy unidos, y por eso la ausencia se nota más. “Se nos vino todo abajo”, le dijo Alicia a este cronista algunas semanas después del asesinato.

Mientras lo estaban buscando, Alicia repetía “yo sé que Lucas está vivo”. La autopsia, más tarde, la dio la razón. “Yo decía, que (los secuestradores) se pongan una mano en el corazón, porque también deben tener madre, y que lo dejen, y seguro me estaban viendo por la tele esos sinvergüenzas. Yo sentía que mi hijo estaba vivo. Yo estaba firme, firme, yo decía no me tengo que caer porque mi hijito va a aparecer, va a aparecer, pero nunca pensé que aparecería de esta manera. Yo tenía la esperanza de que mi hijo iba a aparecer vivo… estaba vivo cuando yo decía eso, pobrecito”, recordó.

“Un hermano nunca olvida!!”, sigue siendo el estado de whatsapp de Javier. El avatar, una foto de su hermano abanderado y con el uniforme policial.

Desde Viedma, Javier atiende a elDiarioAR y dijo que la familia siente “mucha impotencia”. “Esto es muy chocante, pasaron cinco años y no hay ni una sola pista contundente. El archivo es una de las posibilidades, pero si esto sucede tendrá que volver todo a empezar si surge algún dato nuevo”.

El hermano de Lucas está “convencido” que el caso “sólo puede aclararse si se rompe el pacto de silencio entre policías”, y grafica: “Hay dos millones de pesos de recompensa, pero esto es una cuestión de poder y negocios. Evidentemente les es más redituable seguir silenciando todo antes que hablar y que esto se esclarezca”.

Javier dice que también debe existir miedo entre los uniformados que tienen información. “Sabemos cuál puede ser la consecuencia de hablar: terminar de la peor manera, como Lucas”, dice.

La pandemia de coronavirus impide que este 14 de julio la familia organice una movilización en recuerdo de Lucas y pidiendo Justicia. “Hubiéramos querido hacerla, pero mis padres son grandes, no queremos arriesgar, y además no queremos darle letra a quienes puedan decir que no respetamos los cuidados”, explica Javier.

Y remata: “Cinco años es mucho para el silencio que hay”.

La pandemia de coronavirus impide que este 14 de julio la familia organice una movilización en recuerdo de Lucas y pidiendo Justicia.

El ex gobernador Alberto Weretilneck abonó la teoría sobre el pase de facturas interno en la policía cuando, una semana después de la aparición del cuerpo, resolvió el pase a disponibilidad de algunos Jefes y el desplazamiento de otros. Entre los primeros, el Comisario Inspector Manuel Poblete (segundo Jefe de la Unidad Regional), los Comisarios Jorge Elizondo (titular de la Comisaría 42), David Paz (Jefe del área de Seguridad Vial en Bariloche); en tanto, fue desplazado el subcomisario José Jaramillo (tercer jefe de la Comisaría 42), el propio Jefe de la Unidad Regional, Comisario Mayor Juan Fernández, y el ex Jefe de esa Unidad, Hugo Adrián Pallalef, entre otros.

“La reacción de los mandos de la Regional Tercera, el cuerpo de Seguridad Vial y la Comisaría 42 no fue la reacción normal que tiene la fuerza cuando algún integrante está en riesgo, lo que genera aún mayores incógnitas”, dijo en ese momento Weretilneck.

El Jefe de la Policía provincial, en ese momento, era el abogado Mario Altuna, quien desde su designación en abril del mismo año había solicitado una auditoría en la Unidad Regional Tercera de Bariloche, además de producir cambios en la conducción de comisarías.

Ese recambio e investigación sirve aún como argumento de quienes aseguran que la interna policial figura en el centro de la explicación de lo sucedido con Lucas.

Altuna nunca rompió el pacto de silencio sobre lo ocurrido. Ni siquiera cuando dejó la jefatura de la Policía y pasó a ocupar -designado por el oficialismo provincial- como Juez del Tribunal de Impugnación. Murió en agosto de 2018 sin hacer ninguna referencia pública al caso, más que algunas formalidades.

El Gobernador había sido advertido del hallazgo del cuerpo de Lucas el 10 de agosto, mientras se encontraba en Bariloche. Fue la ex titular del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), Patricia Montenegro, quien le comunicó al Gobernador la aparición del cadáver. Montenegro manejaba la camioneta en la que se desplazaba el mandatario. Los investigadores no lograron determinar cómo y porqué se enteró Montenegro del hecho, antes incluso que el propio Gobernador.

El ex mandatario decidió entonces dejar la ciudad, luego de mantener un mínimo intercambio con los familiares que sostenían el reclamo de aparición con vida.

Los familiares encabezaron una caravana desde Bariloche hasta Ramos Mexía por la ruta nacional 23 con el cuerpo del joven en un ataúd, sin que ninguna autoridad provincial los acompañe ni reciba.

Durante las semanas sucesivas, los padres y hermanos de Lucas no lograron que los recibiera Weretilneck, hasta mediados de septiembre, cuando les pidió disculpas por la ausencia.

En el camino de la investigación quedaron innumerables datos y pistas que no fueron seguidas, sobre las que no se logró avanzar o que implicaron contradicciones con pericias y testimonios.

Sin embargo, el mayor obstáculo para desentrañar lo sucedido es el pacto de silencio policial, según sostienen funcionarios judiciales y abogados más cercanos al expediente.

Un hecho que la docente e investigadora Eva Muzzopappa, resume en el libro Reflexiones sobre seguridad y policía en conmemoración de Lucas Muñoz (Julio de 2018, Dirección de Publicaciones - Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro): “Una confabulación, una bala, un uniforme policial, un muerto cuya muerte se desvanece en las intrigas de sus propios camaradas de armas”.

SR