Ferraris, avionetas, campos y mansiones: los fastuosos bienes narcos decomisados

La Ferrari F355, que fue de Maradona y, después de cambiar de dueños, la compró el Clan Loza.

La Ferrari F355 Spider roja, en la que Maradona y Coppola salían en sus noches porteñas a finales de los 90, que fue comprada tiempo después por el clan Loza. La mansión de la viuda del capo Carlos Salvatore, en pleno Belgrano R, de más de 800 metros cubiertos. Las 30.000 hectáreas  de Delfín Castedo, en la frontera de Salta con Bolivia. Otros tantos campos y las avionetas Cessna del operativo Ciervo Blanco, en Corrientes. El chalet de tres pisos en Pinamar de la familia Blanco-Di Sipio. La chacra amurallada de "El rey de la marihuana", Slawomir Andrzej Polus, sobre el Paraná, en Misiones. Estos son algunos de los casos más estridentes pero la lista de bienes narcos decomisados es interminable. Disponer de ellos para que el Estado pueda utilizarlos o subastarlos no resulta fácil porque los mecanismos no son del todo fluidos y queda, muchas veces librado a la discrecionalidad de los funcionarios judiciales.

El clan liderado por los hermanos salteños José y Erwin Loza operaba en la provincia de Buenos Aires y enviaba toneladas de cocaína a España e Italia. Cuando la organización cayó, encontraron en predios y cocheras, la Ferrari que había sido de Diego, pero también otra Ferrari F430 Spider, un Ford Mercury, un Chevrolet Camaro, un Pontiac TransAm, un BMW Z3, entre varios autos de colección y de alta gama. En la lista de bienes había hoteles, departamentos y casas. El juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, trabó primero un embargo récord sobre los bienes de doce miembros del clan a los cuales también procesó. Luego el Ministerio Público Fiscal, amparado por el decreto de extinción de dominio de Mauricio Macri, un grupo de fiscales plantearon el cese de la titularidad de los Loza sobre un centenar de bienes muebles e inmuebles valuados en al menos 800 millones de pesos. A pesar de eso, la mayoría de estos bienes aún no fueron ejecutados. 

El año pasado, salió a subasta la mansión de Silvia Susana Vallés Paradiso, la viuda del abogado y capo narco Carlos Salvatore. Desde que el condenado por la operación Carbón Blanco murió en 2018, ella cumplía su libertad condicional en ese inmueble de 815 metros cuadrados totales, en Belgrano R. La casa de dos plantas en la Avenida Melián, en la pileta tenía como detalle las siglas de Salvatore. La Justicia le decomisó 115 cuentas bancarias, 25 autos y 81 inmuebles, entre ellos la mansión y una estancia en San Pedro. Algunos de estos bienes fueron entregados al Estado, otros se deterioran en galpones.   

Las dos fincas del capo narco salteño, Delfín Castedo, al norte de Salta, pegado a Bolivia, que utilizó para esconder toneladas de cocaína al país fueron embargadas. Entre “El Aybal” y “El Pajeal”, ubicadas en la zona de Salvador Mazza, suman cerca de 28.000 hectáreas. Allí Castedo sostenía que se dedicaba a actividades agropecuarias. Como las causas por narcotráfico contra Castedo aún no llegaron a juicio, esas enormes cantidades de tierra fueron entregadas de manera provisoria a la Universidad de Buenos Aires. Castedo está preso en la cárcel federal de Ezeiza, también procesado por el crimen de una mujer que se animó a acusarlo de cerrar pasos fronterizos. 

Algo parecido sucedió en Corrientes, cuando la Justicia Federal le cedió al  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) las estancias Santa María del Aguapey y Santa Úrsula, en la zona rural de la localidad de Santo Tomé, en Corrientes. Allí llegaban aviones Cessna 200 dos o tres veces por semana, que llegaron a traer cuatro toneladas de cocaína al mes. El fiscal general de la provincia, Carlos Schaefer, quien dirigió esa investigación, pidió que todos los bienes incautados en la causa fueran entregados para su reutilización en la comunidad. Los campos se cedieron pero los aviones no y en poco tiempo se deterioraron al punto de no poder usarlos más. “Nosotros ponemos los bienes a disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación. Son para ser entregados en carácter provisorio, mientras las causas no tengan sentencia firme. Es desesperante ver cómo se arrumban en un galpón mientras hay enormes necesidades que pueden ser resueltas con ellos. Por otro lado, en casi 80 juicios abreviados por causas de narcotráfico -en los que los acusados reconocen su culpabilidad y se acuerda una pena- tenemos más de 60 vehículos decomisados. Son todos autos que pueden ser utilizados. Debe ser prioridad uno que se entreguen para utilidad pública”, analiza Schaefer. Para el Estado, que esos bienes estén estacionados en depósitos representan un valor por el mantenimiento y la estadía en galpones. Al entregarlos a reparticiones  estatales o a las fuerzas federales, también ese costo desaparece.      

Como sucede en todos estos casos, las compras de autos e inmuebles están relacionadas con el lavado de dinero del narcotráfico, no es  simple excentricidad. Muchos no compran un par de departamentos sino decenas, no tienen autos antiguos sino colecciones o flotillas de 4x4 o vehículos de alta gama. Esto ocurrió también con la familia liderada por Norberto Blanco y su esposa Lilia Di Sipio. Blanco era conocido en la zona oeste del conurbano bonaerense como la cabeza de un clan familiar dedicado al tráfico de drogas. Él y su hijo mayor fueron condenados por causas de drogas. Luego él murió y, para la Justicia, varios miembros de la familia siguieron con la actividad. En diciembre de 2019, en una serie de allanamientos en Puerto Madero, en countries de Tigre y San Fernando y en una casa de Pinamar, se secuestraron tres Mercedes-Benz, un Ford Mustang, un Chevrolet Corvette, una camioneta VW Amarok, una camioneta Jeep Wrangler y un Fiat 600 antiguo, motos BMW, Harley Davidson, Kawasaki, Honda y Yamaha. Todos los bienes están cautelados esperando lo que suceda con la causa judicial en curso. 

Todos estos bienes decomisados a bandas grandes son los más llamativos pero representan una parte pequeña del enorme universo de bienes narcos que se secuestran en causas judiciales. Todas la bandas de narcomenudeo que operan en los barrios fraccionan y acopian la droga en locales que no tienen el glamour de los mencionados hasta ahora. Pero esos espacios, entregados al Estado, son utilizados con fines sociales. Por ejemplo, una serie de “aguantaderos” que utilizaba un grupo en la Villa Zavaleta, en Barracas, fue allanado y la Justicia los entregó para que sean centros educativos. En el interior del país, es habitual que, al menos mientras dura el proceso judicial contra acusados de tráfico de drogas, camionetas en donde se transportaba la carga o autos sean entregados para que los usen los miembros de la Gendarmería. 

El proceso para que la entrega de los bienes sea definitiva debe cumplir ciertos pasos. Cuando se inicia una demanda civil por extinción de dominio, el juez debe notificar a los demandados para que prueben que los consiguieron con fondos legítimos. En caso de que no los puedan justificar operará la extinción y los bienes pasarán al control de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Este procedimiento implica dos cuestiones al menos polémicas: que invierte la carga de la prueba y no respeta el principio de presunción de inocencia. Esa fue una de las principales críticas que recibieron Macri y su ministra Patricia Bullrich, cuando promovieron en DNU de extinción de dominio. 

Muchos fiscales reclaman que se haga un seguimiento de las causas para que se pueda relevar los bienes que aparecen en cada una, el estado que tienen y su valor, pero por una cuestión de cantidad de causas, la AABE no llega a centralizar todos los casos de bienes decomisados.  

Durante el año pasado hubo decenas de inmuebles que fueron entregados para la campaña contra el Covid-19. Dos hoteles del clan Loza en Salta, más de una decena de autos, un predio empresarial y otros bienes y dinero por más de 800 millones de pesos pasaron en 2020 al dominio del Estado. 

Entre ellos están los hoteles “Gandía” y “La Casona de la Linda”, en el centro de Salta capital, que habían sido embargados en un fallo que aplicó la extinción de dominio y estaban bajo control de la AABE. Estos lugares fueron utilizados como centros de aislamiento para turistas extranjeros. En Corrientes, en el marco de 13 causas, se secuestraron 11 vehículos, un inmueble y 329.100 pesos que se destinaron a la compra de insumos médicos. En Pilar, la Justicia ordenó que se entregue un predio para centro de diagnóstico del coronavirus. Es en la causa contra el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, acusado de liderar una organización que lavó activos por varios millones de dólares. Por la excepcionalidad pandémica no hubo trabas para que sean cedidos y muchos funcionarios se entusiasman con que, a partir  de ahora, se impongan esas resoluciones rápidas.

AM

Etiquetas
stats