En el Senado, Kulfas defendió el cannabis industrial y dijo que podría crear 10.000 nuevos empleos

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, frente a los senadores de las comisiones a las que fue girado el proyecto.

“La legislación actual solo permitió desarrollos a baja escala porque estaba orientada a fines experimentales y no productivos. Muchos de los emprendimientos que hoy existen no van a poder avanzar de otra manera”. Con estas frases, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, explicó ante los senadores el sentido del proyecto de ley que busca regular la producción de cannabis industrial en el país. Durante un encuentro virtual que duró casi dos horas, Kulfas primero expuso y luego respondió preguntas de los representantes, que sobre todo estaban preocupados por saber cómo el proyecto podría impactar en emprendimientos cannábicos que ya están avanzados, como los de Jujuy y San Juan. A pesar de las inquietudes, no hay grandes diferencias con el proyecto, que podría tener dictamen el lunes que viene.   

“Las regulaciones apuntan a evitar los desvíos al mercado ilegal y a garantizar la trazabilidad de procesos para que la Argentina sea posicionada con una marca país que pueda ser relacionada con la calidad de sus productos”, dijo Kulfas frente a las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, la de Presupuesto y Hacienda y la de Seguridad Interior y Narcotráfico. Y destacó que el liderazgo global en producción agropecuaria y la calidad de los investigadores pueden darle el salto de calidad a la nueva actividad.  

El comienzo de su exposición estuvo centrada en plantear el contexto internacional respecto del mercado del cannabis medicinal e industrial. Señaló que hay 50 países que tienen algún tipo de legalización sobre estos usos y remarcó el aumento de ingresos que se estiman en 42.000 millones de dólares para 2024, con líderes globales como EE.UU., Canadá e Israel y regionales como Uruguay y Colombia. “Los países que no tuvieron un marco regulatorio sólido y con visión productiva hoy exportan por valores mucho menores a los líderes”, sostuvo. 

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La nueva norma busca establecer un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico del cannabis, pero una escala menor. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar sus subproductos, por el momento prohibidos por una ley de la última dictadura. 

También Kulfas explicó que el control de toda esta actividad la hará una agencia interministerial, la ARICCAME, y que regulará, fiscalizará, otorgará las autorizaciones para producción, para comercialización internas y para exportación. Estará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero en el directorio también estarán los Ministerios de Seguridad, de Agricultura, de Ciencia y Técnica y de Salud. 

Durante su exposición, Kulfas destacó que, por las posibilidades terapéuticas de la planta, el proyecto generará derecho a la salud, empleo para cerca de 10.000 personas en el lapso de cuatro años, exportaciones e investigación y desarrollo en todo el país. “Los cálculos conservadores indican que de aquí a 2025 se crearán diez mil nuevos empleos. En un escenario cercano plantea 500 millones de dólares por ventas al mercado interno y 50 millones por exportaciones.  

En este momento, según explicó, hay 22 iniciativas provinciales y 80 municipales, que implicaron leyes y ordenanzas, vincularon a empresas públicas provinciales, laboratorios públicos, convenios con privados y proyectos de investigación. Para esta última tarea se desarrolló un entramado y tecnológico productivo, que integran la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) del CONICET, las Universidades Nacionales, el INTA, el INTI, los diferentes Ministerios y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los proyectos que ya existen se destaca Cannava, la pionera empresa estatal jujeña de Gastón Morales, hijo del gobernador. Después están Biofábrica, que es un emprendimiento similar en Misiones, el de INTA Castelar, INTA Patagonia Norte y dos en La Rioja y San Juan. Hay emprendimientos mixtos (públicos y privados) como el de la Municipalidad de San Pedro y también privados como Pampa Hemp. A partir de la regulación, es muy probable que el sector privado intervenga de manera más fuerte. 

“La intención es acompañar a las Pymes, a las cooperativas, al desarrollo de las economías regionales, como para que puedan llevar adelante sus producciones. Hace poco, me preguntaban cómo iba a hacer una Pyme para afrontar los gastos de seguridad, para alambrar los terrenos. Y si esos costos no los podían dejar afuera. Les dije que los vamos a ayudar financieramente para que puedan hacerlo, que se queden tranquilos”, trató de dar confianza a los pequeños jugadores el ministro Kulfas, para luego agregar: “Esta es una industria que se puede desarrollar de manera desconcentrada porque hay espacio para todos: para las pymes, los productores pequeños y para las grandes empresas”.  

Sobre la producción del cáñamo, que respecto del desarrollo medicinal, por ahora, corre desde atrás en los intereses de los inversores, detalló las múltiples posibilidades que tiene. “Se pueden hacer, a partir de sus fibras, textiles, ropa, calzados, cosméticos, elementos para la construcción, papel”, repasó rápido y señaló que había que sacar al cáñamo del listado de estupefacientes en el que está desde 1977, por una ley firmada por Jorge Rafael Videla.   

En un contexto de mucha aceptación del proyecto, los senadores de varias provincias, tanto de la oposición como del oficialismo mostraron su inquietud por lo que podría suceder con las inversiones locales que ya están avanzadas produciendo cannabis medicinal. “La agencia centraliza muchos de los controles y coincido con federalizar pero tememos que eso se vuelva en contra de las posibilidades de las provincias”, planteó el senador de la UCR de Jujuy, Mario Fiad. También la senadora del Frente de Todos por San Juan, Cristina López Valverde, preguntó si en el directorio de la agencia no debería haber representación de las provincias. “Qué pasará con quienes tenemos una agencia y ya estamos trabajando. Esta ley no debería perjudicarnos”, comentó. A pesar de estas diferencias, todos los que plantearon preguntas o cuestionamientos destacaron las expectativas por el nuevo proyecto. 

AM

 

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