Terraplanistas sanitarios

Estos días serán recordados por la llegada del hombre a la órbita lunar por primera vez en los últimos 50 años y a una distancia nunca alcanzada en el espacio profundo. Las entrevistas en tiempo real desde la nave, a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, nos permitieron verlos ingrávidos y escucharlos con una mirada que trascendía el momento. Con un mensaje de unidad, de esperanza y de futuro. Un mensaje de ciencia aplicada y exitosa.

Estos días también fueron testigos de un ultimátum de la potencia militar más poderosa del mundo contra Irán, en donde frases como “vamos a llevarlos a la Edad de Piedra”, amenazaron con la destrucción de puentes y plantas productoras de energía. Solo un casi desesperado esfuerzo diplomático permitió, al menos por ahora, que esto no sucediera en la misma semana.

La misión espacial ha terminado, el conflicto bélico (uno de los muchos que ocurren en el planeta) sigue en marcha.

Fue una semana compleja para los terraplanistas, no solo las imágenes de la esfericidad de la Tierra y la luna deben haber sido un duro golpe, sino que deben haber acallado (¿será?) las teorías conspirativas de la no llegada a la luna que estos mismos personajes esgrimen. Llamativamente desde el mismo imperio de donde despegó “Orión” y desde el que se emitió la amenaza de pulverizar un país nos llegan noticias anticientíficas (terraplanistas) desde sus responsables más importantes de salud.

El secretario de Salud de los EE.UU., el abogado Robert Kennedy, ha sustituido a todos los miembros de la Advisory Committee in Immunization Programs (ACIP), comité asesor en programas de vacunas, que desde 1964 ha sido uno de los comités más jerarquizados y prestigiosos del mundo. Su misión es -o era- recomendar al sistema de salud estadounidense qué vacunas debían aplicarse, cuáles en forma obligatoria para poder ir a clases, cuáles en períodos de salud, cuáles en epidemias. Este ACIP fue el modelo para instituciones en todo el mundo. Más del 90% de los países tienen comisiones similares.

En Argentina desde 1990 la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) cumple esa función. En 2015 renovó su constitución adaptándose a los estándares que surgían desde los EE.UU. y desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), que también tiene su propia comisión: la SAGE. En 2023 en la Ley de Vacunas un artículo la consagró como un órgano independiente asesor en esta temática. Su constitución, armada por decreto reglamentario, especificó 8 o 9 especialistas elegidos por el Ministerio de Salud de la Nación, con experiencia reconocida en infectología, vacunología, epidemiología y salud pública. Este núcleo debía renovarse cada 4 años y elegir a un par como presidente. Ningún especialista podía quedarse más de dos periodos y su tarea era estrictamente ad honorem, es decir no recibían pago. Además, con voz y sin voto, un representante de cada sociedad científica relacionada (Sociedad Argentina de Pediatría, Sociedad de Infectología, Sociedad de Infectología Pediátrica, Sociedad de Vacunología, etc), y un representante rotatorio, también sin voto, responsable del programa ampliado de inmunizaciones provincial, de una provincia por región.

Esta comisión se relacionaba con la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiNaCEI), que además le servía de secretaría administrativa.

Por el núcleo pasaron en estos años prestigiosos profesionales, la Dra. Mirta Roses, exdirectora de la OPS, la Dra. Ángela Gentile, el Dr. Pablo Bonvehí, el Dr. Eduardo López, entre otros. Su prestigio fue tal que se sostuvo en todos los gobiernos democráticos desde su creación y generó recomendaciones que permitieron la incorporación de decenas de vacunas al calendario, la sustitución de otras, el acompañamiento en momentos de reintroducción de enfermedades eliminadas como el sarampión, el trabajo en el retiro de la Sabin oral, la decisión de vacunar con una sola dosis para hepatitis A (primer país en hacerlo), la vacunación a embarazadas contra coqueluche y contra VSR para evitar estas enfermedades en los lactantes. También su rol en la pandemia de Covid-19 fue fundamental junto al ANMAT, consiguieron registrar y autorizar distintas plataformas de vacunas novedosas que permitieron controlar la enfermedad y morigerar las muertes producidas.

Este año el gobierno de Trump/Kennedy reemplazó a los 17 miembros que tenía el ACIP desde hace años, por miembros que no solo no tienen la experiencia ni la idoneidad, sino que en varios casos son confesos antivacunas. Desde este cambio el ACIP ha suspendido la obligatoriedad de vacunas reconocidas. Estas medidas ya han sido observadas por la justicia federal americana, pero el daño está hecho.

La peor epidemia de sarampión desde la introducción de la vacuna está en curso, con formas graves y muertes evitables. La pérdida del estatus de país libre de sarampión ocurrió este año compartido por Canadá y México. Una locura total.

El gobierno de Milei y su sumisión al de los EE.UU., parecen repetir el error. El Ministerio de Salud de la Nación ha cambiado la constitución de la CoNaIn, que llevaba casi 20 años, transformándola en una dependencia de una dirección nacional, siendo su director de línea el presidente. Sus miembros serán, cuando los nombren, solo cuatro especialistas, en teoría propuestos por “universidades”. Solo eso, nada de independencia, nadie de representación de las sociedades científicas, nada de representación de las provincias ni de los responsables del programa de Inmunizaciones.

Es poco probable que la “nueva” Conain se reúna lo necesario en esta gestión y, menos probable, que pueda emitir alguna recomendación que pueda ser tenida en cuenta. Desde la asunción de Milei ninguna vacuna se ha incorporado por este mecanismo. Esperan su turno la vacuna contra Covid-19 anual para embarazadas, personal sanitario y mayores de 50 años, la vacuna contra Dengue en provincias de alta circulación, la vacuna contra Herpes Zoster en mayores de 50, la vacuna contra Meningococo B, la vacuna contra Chikunguña, entre otras.

Una agenda en estos temas sería, al menos, un avance. Las coberturas son cada vez peores, las campañas de comunicación son casi nulas y la distribución de vacunas es insuficiente y llega a destiempo. He presentado con muchos diputados de mi bloque un proyecto de “ley Conain”. En la misma mantengo la composición anterior, el carácter ad honorem de sus miembros, la necesidad de la ausencia de conflictos de interés con la industria farmacéutica. Así como un terraplanista nunca hubiera llegado a la luna, los terraplanistas sanitarios no van a generar más salud, traerán enfermedad y muerte. Debemos evitarlo.

*El autor es diputado nacional por Tucumán (UxP)