La UOM, en un limbo: Furlán pelea por seguir, la oposición gana terreno y los metalúrgicos llegan débiles a la paritaria

La paritaria metalúrgica entra en una semana decisiva con la UOM intervenida, sin conducción electa y atravesada por una pelea interna que ya pasó de las urnas a los tribunales. La Justicia anuló la elección de Campana, dejó sin efecto la reelección nacional de Abel Furlán y designó un interventor por 180 días. El fallo golpea al gremio industrial más emblemático del país justo cuando debía concentrar fuerza en la discusión salarial.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró nulas las elecciones realizadas entre el 2 y el 4 de marzo en la seccional Campana, dejó sin efecto la elección nacional del 18 de marzo y dispuso la intervención judicial del sindicato. El tribunal ordenó el cese inmediato de Furlán y del resto de las autoridades electas, y designó como interventor al abogado Alberto Biglieri, con mandato para convocar a nuevos comicios.

El fallo no fue una observación administrativa ni un reproche menor. Los jueces Víctor Pesino y María Dora González sostuvieron que el proceso electoral en Campana no garantizó una elección confiable, segura ni transparente. La Cámara cuestionó la custodia de las urnas durante tres días, la falta de escrutinios provisorios diarios y el control unilateral por parte de la Junta Electoral local.

El punto más delicado para Furlán aparece en la relación entre Campana y la elección nacional. La seccional era determinante para su continuidad al frente del gremio. Allí se conformó parte del Colegio Electoral que luego participó en la elección nacional de la UOM. Para la Cámara, si ese Colegio Electoral quedó mal integrado, tampoco podía elegir válidamente al secretario general nacional. “Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, sostuvo el tribunal.

La controversia no empezó con la intervención. El 18 de marzo, la UOM realizó el congreso nacional en un hotel de San Telmo y proclamó la reelección de Furlán pese a que horas antes la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido los comicios por las irregularidades denunciadas en Campana. La conducción del sindicato dijo entonces que no había sido notificada de ningún fallo y difundió que Furlán había conseguido 215 votos sobre 270 electores, con apoyo de 48 de las 53 seccionales. Las seccionales Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata votaron en contra.

Ese antecedente volvió ahora como argumento judicial. La Cámara sostuvo que la notificación había sido válida, que la UOM conocía la suspensión y que la organización desoyó la decisión judicial. La reelección nacional quedó atada a una doble impugnación: una elección de base cuestionada en Campana y un congreso realizado pese a una orden de suspensión.

La conducción desplazada respondió con una denuncia política. La UOM calificó la intervención como el “desenlace de una operación política, judicial y empresarial” destinada a disciplinar al gremio, debilitar su capacidad de lucha y garantizar a las empresas salarios más bajos. También remarcó que la medida llega en medio de las negociaciones paritarias para recomponer ingresos después de una pérdida salarial fuerte durante los últimos dos años.

La denuncia sindical tiene un dato que alimenta la sospecha política: la misma Sala VIII que intervino la UOM fue la que en abril restableció la vigencia de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, después de la cautelar que había logrado la CGT. La UOM usa ese antecedente para presentar el fallo como parte de una ofensiva contra los gremios más duros. Pero ese señalamiento no borra el contenido del expediente: la Cámara no sólo desplazó a Furlán; describió un proceso electoral sin garantías suficientes dentro de la propia organización metalúrgica.

La intervención deja a la paritaria metalúrgica en una posición más débil. Las cámaras empresarias ya no tienen enfrente a una conducción sindical electa con mandato vigente, sino a un gremio intervenido, con una conducción desplazada, una oposición interna fortalecida y un interventor judicial encargado de ordenar un nuevo proceso electoral. Esa fragilidad mejora el margen de las empresas en la negociación salarial: un sindicato partido negocia con menos fuerza que un sindicato ordenado.

Furlán llega a esa pelea con otro frente abierto. El 18 de marzo, la Agencia Noticias Argentinas informó que la UOM venía de sufrir un allanamiento en su sede nacional por una denuncia contra el dirigente por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. La causa está vinculada a un contrato que el sindicato firmó con USEM, empresa comandada por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora y empleada del gremio. La investigación no prueba responsabilidad penal de Furlán, pero suma un elemento sensible a la crisis de legitimidad de su conducción.

El dirigente metalúrgico tampoco puede presentar esa crisis sólo como un ataque externo. Furlán llegó a la conducción nacional en 2022 como recambio frente a Antonio Caló, pero no venía de afuera del aparato metalúrgico. Es más: venía del mismo sector, el peronismo, y más precisamente la facción kirchnerista, porque Caló en su hora formó una CGT disidente en apoyo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de la denominada CGT Azopardo, que lideraba entonces el camionero Hugo Moyano, que después de ser fiel aliado del matrimonio presidencial Kirchner se pasó a la oposición.

Furlán construyó su poder desde la propia UOM, con base en Zárate-Campana, alineamiento kirchnerista y trayectoria parlamentaria: entre 2015 y 2019 fue diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del bloque Unidad Ciudadana —la fugaz representación parlamentaria del armado de Fernández de Kirchner para volver como senadora de la Nación, en las elecciones de medio término de la presidencia de su sucesor, Mauricio Macri— y en sus dos últimos años de mandato, ya del nuevo-viejo bloque Frente para la Victoria, que en 2019 paso a llamarse Frente de Todos y en 2023, desgastado, pasó a llamarse Unión por la Patria. En todos los casos, con el PJ como partido troncal y el kirchnerismo como facción dominante.

La intervención lo encuentra en el peor lugar para cualquier jefe sindical: cuestionado por la Justicia, resistido por sectores internos y con una paritaria en marcha.

La disputa interna tiene nombres y territorio. Mundo Gremial describió una fractura entre el bloque que llevó a Furlán a la conducción nacional, sostenido por seccionales del conurbano bonaerense y del interior, y un eje histórico integrado por Capital Federal, San Nicolás y La Plata. En ese grupo aparecen Roberto Bonetti, Naldo Brunelli y Antonio “Nino” Di Tomasso, dirigentes que habían perdido centralidad con el recambio interno pero conservaron capacidad de articulación sindical, política y jurídica.

La misma publicación ubicó al interventor Alberto Biglieri dentro de una trama de vínculos con sectores enfrentados al armado de Furlán, a través del abogado Tomás Calvo, asesor de seccionales como Capital y San Nicolás y con relaciones históricas con espacios del PRO, el radicalismo y Daniel “Tano” Angelici. También incorporó a Julio Cordero, funcionario nacional con pasado en Techint, como un actor señalado por sectores sindicales en la negociación metalúrgica y en el endurecimiento del conflicto salarial.

La intervención reordenó esa interna. La oposición a Furlán ganó una ventaja institucional, la conducción desplazada apuesta a convertir el fallo en una causa común del sindicalismo contra Milei y el resto del movimiento obrero mira el caso como una señal sobre los límites de la autonomía gremial bajo el actual gobierno. La UOM convocó al movimiento obrero a defender al sindicato frente a un modelo económico que, según su comunicado, necesita organizaciones débiles para imponer ajuste y precarización.

La Justicia ya puso fecha para la nueva elección de autoridades

La Cámara justificó la intervención como un remedio extremo ante la nulidad de las elecciones. El tribunal sostuvo que las autoridades desplazadas no podían organizar una nueva elección transparente y que la intervención externa era indispensable para regularizar la situación. También ordenó convocar a nuevos comicios dentro de los 180 días. La UOM no quedó acéfala en términos formales, porque tiene un interventor judicial; quedó sin conducción sindical electa en el momento menos conveniente para sus afiliados.

Ese punto pesa más que la rosca interna. La industria metalúrgica llega golpeada por la caída de la actividad, la apertura importadora, la pérdida de poder adquisitivo y la presión empresaria para contener costos laborales. Una paritaria fuerte necesita conducción reconocida, capacidad de presión y unidad interna. La UOM llega a esa instancia con todo eso en discusión.

Furlán pelea por seguir, pero su margen se achicó. La oposición interna consiguió que la Justicia anulara el proceso que lo había reelegido, el tribunal instaló sospechas graves sobre la transparencia electoral y el sindicato deberá ordenar una nueva elección bajo intervención. La denuncia de operación política y empresaria puede reunir solidaridad sindical, pero no resuelve la pregunta que dejó el fallo: cómo defendió Furlán la democracia interna del gremio que pretendía seguir conduciendo.

El resultado impactará más allá de la UOM. Si Furlán logra transformar la intervención en una ofensiva del Gobierno y las empresas contra el sindicalismo, puede recomponer parte de su autoridad dañada. Si la oposición interna convierte el fallo en una nueva elección bajo control judicial, la conducción metalúrgica puede cambiar de manos. Mientras tanto, los salarios metalúrgicos llegan a la negociación con un gremio debilitado, una interna abierta y empresas que encuentran enfrente a un sindicato menos ordenado que hace una semana.

JJD