Canje: el Gobierno busca reducir riesgos financieros antes de las elecciones y distribuirlos entre 2024 y 2025

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este lunes con los representantes de las asociaciones de banca privada tanto nacional como extranjera, del Macro, el Galicia, el Santander, el BBVA, el HSBC, el ICBC, el Patagonia, el Credicoop, el Santa Fe y el San Juan (ambos de los Eskenazi). Lo hizo para escenificar el pacto que su secretario de Finanzas, Eduardo Setti, y su par de Política Económica, Gabriel Rubinstein, tejieron en los últimos días para patear vencimientos por $ 7 billones de deuda en pesos que ocurrían entre marzo y junio, las llamadas “torres” de pagos que se acumulaban antes de las primarias presidenciales de agosto, hasta 2024 y 2025, es decir, para los primeros dos años de la próxima gestión.

En el equipo económico aseguran que buscan reducir así los riesgos financieros preelectorales. Si vencía la deuda y no había forma de refinanciarla, hubiese habido una bola de pesos, inflada por las altas tasas de interés de casi el 120%, que podría haber recalentado aún más la inflación y el por ahora tranquilizado dólar paralelo. En el Gobierno aseguran que los tenedores de estas letras y demás bonos domésticos temían que en caso de vencer la oposición la reestructurara, sobre todo a partir de que ya lo había hecho Mauricio Macri al final de su mandato y después del reciente comunicado de Juntos por el Cambio de que esta deuda constituía una “bomba”.

“Hoy hay un riesgo de liquidez propiciado por la política, por el anuncio de la oposición. Es un fantasma que tiene el mercado”, explican en el Palacio de Hacienda. “El riesgo es político y lo que buscamos es el reordenamiento de la curva de la deuda”, se refieren a la extensión de plazos de pagos. “Buscamos despejar tres meses. Los vencimientos después de julio son en su mayoría en manos del sector publico. Los bancos ahora tendrán vencimientos de corto, mediano y largo plazo. Esto da previsibilidad y sostenibilidad a la deuda”.

Ahora los economistas del PRO advierten de que el explosivo caerá en manos del próximo gobierno. ¿Por qué? Porque los nuevos títulos que se ofrecen en el canje ajustan por inflación o por dólar oficial. Como se prevé que el próximo presidente debute devaluando el tipo de cambio oficial y eso provoque más subas de precios, se incrementaría el volumen de los intereses que deba afrontar.

En el Gobierno niegan que estén pateando una “bomba” a la próxima gestión y aclaran que puede ser de Juntos por el Cambio o también una continuidad del Frente de Todos. “En ningún país se pagan las deudas de contado, hay que administrarlas en el tiempo”, razonan. Un twittero como Rubinstein se sorprendió cuando este domingo leyó que en la red social de Elon Musk que el ex ministro de Hacienda macrista y asesor de Horacio Rodríguez Larreta, Hernán Lacunza, que reperfiló la deuda en 2019, ahora criticaba el canje del gobierno de Alberto Fernández. Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central de Macri y otro consejero de Larreta, y Luciano Laspina, economista de cabecera de Patricia Bullrich, también criticaron la operación antes de conocer los detalles.

“Put”

Por ejemplo, el PRO advirtió contra el incentivo al canje llamado Put, nombre que viene de “puttable bond”, bono ponible, que consiste en que los tenedores de títulos podrán pedir anticipadamente su cancelación. En el Gobierno aclararon que podrán hacerlo pero sin un precio asegurado, como alertaba la oposición, sino con el de mercado del día anterior a la operación. En cambio, no retrucaron los reproches a que la deuda sea indexada al dólar oficial o a la inflación, aunque auguraron acotar los bonos atados al tipo de cambio. Sí admitieron que los bancos aceptaron el trueque porque reduce el riesgo de los activos en los que invirtieron. Si temiesen que el próximo presidente planea reestructurarlos, pueden hacer uso del put para cobrarlos. No es la primera vez que el Gobierno utiliza el put: ya lo había hecho Setti cuando fue secretario de Finanzas de Silvina Batakis, ministra de Economía durante solo un mes, en junio de 2022. En el equipo económico descartan que los bancos vayan a ejercer el put al unísono porque no sabrían qué hacer con el dinero. Por norma no pueden comprar dólar paralelo. “El put se ofrece por si necesitan liquidez o ante una toma de decisiones si hay un eventual cambio de gobierno”, alegan en el equipo de Massa.

El 50% de los $ 7 billones en canje está en manos de organismo públicos como la Anses y bancos estatales como el Nación y la otra mitad, en poder del sector privado. A su vez, este último 50% se distribuye mitad en bancos y mitad en aseguradoras, fondos comunes de inversión y grandes empresas. En el Gobierno no esperan que el canje logre una adhesión del 100% porque saben que tanto el Estado como el sector privado necesita cobrar una parte de los vencimientos para tener liquidez y afrontar obligaciones. Esperan que los bancos canjeen el 45% de sus tenencias y desestiman que entren fondos comunes porque no suelen apostar a más de un año sino que buscan fondos en lo inmediato por si hay rescates de sus suscriptores.

En el Gobierno esperan que al despejar vencimientos sea más facil refinanciar el deficit fiscal primario previsto en el 1,9% del PBI. No prevén cambiar la meta, ni aun por impacto de la moratoria jubilatoria. Y aunque no explican cómo, afirman que quieren “caminar lo más rápido posible al equilibrio fiscal para no tener que emitir deuda”.

AR