Distribuidoras de luz y gas necesitarán al menos dos meses para implementar las nuevas tarifas

“Hoy un millonario recibe el mismo subsidio por kilovatio que un trabajador; un empresario recibe el mismo subsidio por metro cúbico de gas que un obrero”, dijo el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, en la apertura de la última jornada de audiencia pública previa a la actualización de las tarifas de gas y electricidad. 

López Osornio insistió en la idea de que el esquema de subsidios actual es “pro-rico” y presentó la propuesta oficial de segmentación que, de acuerdo con los planes originales, debería verse reflejada en las boletas a partir del 1° de junio. Sin embargo, las distribuidoras anticiparon que necesitarán un plazo de adaptación de “al menos 8 semanas”.  

Del mismo modo que en las dos sesiones previas, estuvieron ausentes no solo el ministro de Economía, Martín Guzmán, sino también el secretario de Energía, Darío Martínez, y la instancia fue presidida por un funcionario del área con rango de subsecretario. 

López Osornio dijo que si se observa la cantidad de dinero invertida por el Estado para compensar la diferencia entre el costo de adquisición de la energía y el monto final que aparece por el servicio en las boletas, se advierte que el 50% de los usuarios de mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica. 

Por otra parte, refrendó los datos presentados en las jornadas previas por los enviados del Gobierno y aseguró que hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y la electricidad. “Como ministro de Economía prefiero usar el dinero del subsidio a las tarifas de los ricos en educación”, dijo ayer Guzmán en diálogo con TN. “Hay que construir un sentido común de lo que hace falta. A la Argentina no le conviene tener 3 puntos del PBI en subsidios a la energía. La segmentación se va a hacer”. 

Lopez Osornio, que tuvo un rol central en el diseño de la segmentación, dijo que se decidió combinar criterios geográficos-espaciales con otros de ingresos y patrimonio y que se descartó el criterio de “consumo” porque los hogares de menores ingresos pueden tener un mayor consumo como consecuencia de electrodomésticos de baja eficiencia o de viviendas sin el correcto aislamiento, por ejemplo. Ratificó que se avanzará hacia un esquema tripartito: habrá tarifas diferentes para el 10% de usuarios de mayor poder adquisitivo, el universo de beneficiarios de la tarifa social y el “segmento medio” restante. 

Por otra parte, aseguró que se podrá acceder “por múltiples canales” –uno de ellos, las ventanillas de la Anses– a “formularios de reconsideración” para solicitar un mayor nivel de subsidios al que, por un error de desactualización de los datos o cualquier otro motivo, sea asignado por el Estado. 

El orden del día de la audiencia, que se inició a las 10 en punto, incluyó a 56 expositores. En representación de las empresas que distribuyen el 98% de la energía eléctrica del país, Claudio Bulacio cuestionó que el reajuste de precios fuera solo para el costo de generación del gas y que no se extendiera al costo de distribución, otro de los componentes que integran el número final de las facturas. 

“Con la reducción de los subsidios a la energía también se debería reducir el subisdio que aporta la distribución; por que a falta de actualización del VAD [Valor agregado de Distribución] es como que hay un segundo subsidio que reciben los usuarios del sector eléctrico”, dijo el titular de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera).

Daniel Martini, director de Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), refrendó ese reclamo y dijo que se requiere un plazo “no menor a las 8 semanas” para adaptar el sistema de facturación, que además tendrá para las empresas un “costo no previsto”. De ser así, se vería demorada la fecha de implementación prevista por el Gobierno para el 1° de junio.  

Ambos ejecutivos, del mismo modo que el representante de Edenor, Federico Méndez, aseguraron que no participaron del diseño del plan de segmentación. “Nadie nos ha hecho consultas al respecto”, cuestionó Méndez.

Saldada la instancia de las audiencias públicas, que no tiene carácter vinculante y todo indica que no generará una alteración en la estrategia oficial, el Gobierno podrá avanzar con el ajuste. La pregunta es si los funcionarios del área más identificados con la vicepresidenta, reacios a recortar el ingreso disponible para el consumo, convalidarán esa decisión. 

El presidente Alberto Fernández ya anticipó que la reducción del nivel de subsidios actual es una “decisión política” tomada y que quien no acompañe esa decisión, “no puede seguir en el gobierno”.