Opinión

El peronismo y el FMI: dos prisioneros que buscan ponerle un nunca más al péndulo argentino

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, prisioneros de una misma deuda.

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Wall Street confirmó esta semana un rumor que crecía desde hace semanas: El Fondo Monetario y la Argentina están decididos a postergar el cierre de un nuevo Progama hasta después de las elecciones, dijeron tres portfolio managers basados en Nueva York, como se conoce a los gerentes responsables de la compra y venta de un portafolio de activos para tomar rendimientos en intereses en un determinado tiempo.

El conocimiento de ese supuesto acuerdo es la explicación a por qué  la semana económica de la Argentina cerró con una paradoja de las finanzas internacionales. Mientras los índices de la macroeconomía como la recaudación fiscal y la acumulación de reservas muestran señales inequívocas de recuperación, el banco JP Morgan aseguró el viernes que los prestamistas privados deberían exigirle al menos 17% en intereses anuales al país en el supuesto caso de que el país les pidiera dinero prestado.

El índice conocido como riesgo país, que subió el viernes a un nuevo máximo desde la reestructuración de deuda en setiembre pasado, para quedar cerca de los 1.600 puntos básicos, supuestamente mide la desconfianza de los inversores en la capacidad de repago de los intereses de esos bonos de acuerdo a la marcha de la economía del país que emite esos bonos.

Con el precio internacional de la soja en US$ 520 la tonelada y una cosecha de 48 millones de toneladas que se suma a otros casi ocho millones de toneladas stockeadas en silobolsas, el Gobierno lleva cuatro semanas consecutivas de acumulación de reservas y la AFIP mostró esta semana una marcada mejora en la recaudación fiscal. Argentina, dueña de una las tres llanuras fértiles más grandes del mundo, es el tercer productor mundial de la oleaginosa, pero como no la consume, es el principal exportador mundial de la semilla que su principal comprador, China, utiliza para alimentar cerdos y pollos. La soja y sus derivados explican el 38 por ciento de sus ingresos por exportaciones, y otros productos agrícolas, que también viven un boom de precios internacionales como el trigo y el maíz, le significan al país hasta el 60% de sus ingresos por exportaciones.

¿Cómo se explica entonces la huída en masa de los fondos de inversión de los bonos argentinos restructurados en setiembre a un valor de 54 centavos que el viernes se vendían a 34 centavos? Es que en verdad el riesgo país se conforma con el precio de los bonos en dólares regidos por ley extranjera. Si el precio de los bonos caen, sube el riesgo país. Por lo que en realidad, el índice refleja la voluntad de seguir apostando a una rápida recuperación de los precios de esos bonos por parte de los tenedores. Y según los gerentes que manejan real money todos los días, con los bonos Argentinos restructurados en setiembre ocurre una particularidad, están en manos de muy pocos fondos de inversión, como Pimco y BlackRock, que necesitan venderlos en poco tiempo. Apostaban a que el acuerdo entre la Argentina y el FMI ocurriera antes de Mayo, lo que haría subir el precio de los bonos, y podrían salir con aquella ganancia de 54 centavos. Pero ya saben que no será así.

Para empeorar las cosas, sus fuentes de información les aseguran que es el propio FMI el que quiere demorar el acuerdo porque en Washington comienzan a creer que necesitan que el gobierno peronista gane las elecciones para tener una coalición gobernante con un número de legisladores lo suficientemente amplio como para que le permita al ejecutivo aprobar las leyes que harán falta para conseguir el dinero para el repago. Según sus informantes, hay cierto reconocimiento en el Fondo de que ya apostaron a perdedor con Macri, al que Wall Street eligió como su favorito para la reformas, y no les salió. Le dieron un fangote de plata a un presidente que perdió las elecciones y con ellas se puso en duda la capacidad de repago del país. Esta vez, el FMI necesita que el gobierno que reciba el dinero gane las elecciones para que pueda aprobar en el Congreso las reformas que le va a pedir. Lo peor que les podría pasar es dar otro Programa que vuelva a naufragar.

A Wall Street no le agrada la decisión que se toma en Washington porque, según ellos, patea la apuesta a la suba de los bonos para más allá de octubre. Y les molesta saber que en el FMI comiencen a aceptar que están unidos con el peronismo a través del dilema del prisionero iterado. Este dilema postula que las dos partes saben que deben colaborar para encontrar la solución al problema fundamental de la teoría de juegos, el dilema del prisionero clásico, que asegura que dos personas pueden no cooperar incluso si ello va en contra del interés de ambas. Argentina y el FMI han jugado tantas veces el dilema del prisionero clásico, obteniendo siempre pérdidas para ambos lados, que, esta vez, aseguran estar dispuestos a colaborar para salir del embrollo en el quedaron después del 2018, cuando de la noche a la mañana se le dio a un gobierno sin sustento electoral US$ 44.500 de un programa de US$ 55.000 millones que se evaporaron. 

Con la acumulación de reservas por la soja, más un guiño de por lo menos US$ 3.600 millones que le dará el FMI en derechos especiales de giro, Argentina podrá llegar a cerrar el acuerdo después de las elecciones y pagar los vencimientos de capital con el FMI de septiembre y diciembre de este año, que suman unos US$ 3.700 millones.

 De todo esto hablará Guzmán con Kristalina Georgieva y los negociadores con Argentina Julie Kozak y Luis Cubeddu el 22, 23 y 24 de marzo. Argentina quiere obtener una reducción sustancial en los intereses, además de un largo plazo para el repago. El pedido se enfocará en las llamadas “sobretasas” o “recargos”, que el FMI incorporó en 2009 y actualizó en 2016. 

Este año hay que discutirlos de nuevo.

El mes siguiente Guzmán irá a Europa. Y luego a Japón y China. Quiere hablar cara a cara con sus pares. Apuesta a que una explicación en persona en el tercer nivel de discusión del Fondo –la diplomacia de las capitales- le permita a la Argentina obtener una quita en esos puntos de recargo, que son los puntos básicos que se añaden a la tasa de interés básica cobrada por el FMI a los créditos que el organismo de crédito multilateral considera excepcionales por su gran tamaño, como el que le dieron a Macri. 

 En los últimos años, la tasa de interés que cobra el FMI sin recargo ha fluctuado entre 1,05% y 2,2%. Pero cuando se le agregan los recargos que se suman por montos y plazos, la tasa de interés a la que el país se endeuda aumenta hasta en un 3%. La discusión no será sencilla, porque apunta a un cambio de normas y costumbres que el FMI es reacio a conceder. Pero el peronismo suele ser obstinado en sus pedidos y la batalla que se pierde es la que no se libra. 

 Claro que para ello es necesario crear consenso adentro del país y afuera. Es en ese marco que debe leerse la orden presidencial de abrir una causa penal contra el macrismo por el crédito del FMI que determine quiénes fueron los autores y partícipes de "la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales" del país.  Para el gobierno argentino, sería inconducente pedirle al FMI una investigación por mala praxis de sus funcionarios sin pedir una investigación de los funcionarios argentinos que sobreendeudaron en dólares al país y permitieron la mayor fuga de capitales que vivió la Argentina. En la segunda conferencia de prensa que dio en 2021 Gerry Rice, el vocero del FMI, que no sólo no habló de fechas para llegar a un acuerdo con la Argentina, detalló que el propio FMI podría hacer no sólo una investigación interna, sino dos. Rice confirmó que ya está en marcha una investigación interna que será publicada cuando se la presente al Directorio. Pero el Comité de Evaluación Independiente, a donde los senadores peronistas mandaron una carta pidiendo una auditoria extensa, también podría hacer la suya propia. El FMI de Kristalina Georgieva no es el de Christine Lagarde. Saben que tienen su imagen dañada.

 Otro acuerdo que existe entre el FMI y el peronismo, según los portfolio managers de Nueva York, es el mantenimiento de severos controles de capitales durante muchos años del Programa, como ya hizo el FMI con Grecia. La fuga de capitales no es sólo una investigación pedida por el peronismo. “En el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la fuga de capitales superó los USD 86.000 millones,” asegura el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, elaborado por el Banco Central. Formación de activos externos es el término técnico con el que se denomina a la fuga de capitales. “Apenas el 1% de las empresas explica las tres cuartas partes de la formación de activos externos realizada por personas jurídicas. De igual forma, tan sólo el 1% de las personas humanas, dieron cuenta del 22% de la fuga de capitales realizada por los individuos.”

 El informe del Central incluye en su bibliografía el clásico “El péndulo argentino: ¿hasta cuándo?”, escrito por el ingeniero, economista e industrialista Marcelo Diamand. Publicado en 1985, el texto fue rescatado hace semanas por Chodos, negociador argentino ante el FMI, porque mantiene una excepcional vigencia. Diamand sostenía que las políticas económicas de la Argentina oscilaban como un péndulo maldito entre dos corrientes antagónicas: por un lado, una política “expansionista” que aspiraba a representar las demandas económicas de los sectores populares y del pequeño empresariado nacional y, por otro, una corriente a la que denominaba “ortodoxa” o “liberal económica”, vinculada a los intereses de las empresas más concentradas de los sectores financiero, industrial y agroexportador. Ese momento del péndulo fue el macrismo.

El péndulo ahora está en el otro extremo. Claro que según Diamand, el problema central de la economía argentina es descular que existe una Estructura Productiva Desequilibrada (EPD), caracterizada por la convivencia forzada de dos sectores con diferentes niveles de productividad: por un lado, el sector agroexportador que opera con alta productividad y con una oferta de bienes cotizados a precios internacionales y dolarizados y, por otro, un sector de la industria orientado al mercado interno que produce bienes nominados en moneda local y con niveles más bajos de productividad. Es en este marco que hay que leer la inflación de los alimentos y la puja distributiva. Dependerá de que tanto el FMI como los funcionarios argentinos, prisioneros de una misma deuda, encuentren la manera de detener el péndulo. Aun cuando a los inversores de Wall Street, los únicos beneficiarios de ese péndulo, se opongan.

 

 

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