El Estado se hará cargo del 75% de los sueldos de IMPSA, la empresa fundada por Pescarmona

Matías Kulfas escuchó las plegarias de la empresa metalúrgica Impsa, fundada por la familia Pescarmona. El ministro de Desarrollo Productivo lanzó ayer el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp), que tiene como primera y por ahora única beneficiaria a la firma mendocina que, con una deuda de US$500 millones recientemente reperfilada y niveles de actividad golpeados por la pandemia, desde hace meses viene solicitándole abiertamente al Estado algún tipo de respaldo.  

El programa dispone que el Gobierno nacional pagará el 75% de los salarios brutos de los 750 trabajadores de la empresa durante cuatro meses, sin obligación de reembolso. En el caso de Impsa, el primer pago será para abonar los salarios de diciembre. Tras la consulta de elDiarioAR, en el Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que no pueden detallar el monto total de la ayuda destinada a la empresa, por tratarse de información confidencial. 

En junio pasado el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández, le envió una carta al ministro Kulfas en la que le solicitó la asistencia necesaria para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica” para la Argentina como el desarrollo del reactor nuclear Carem, la renovación de las turbinas de Yacyretá o la provisión de equipos para YPF. Proyectos que, alegaba, no podían ser concretados por otra firma local. 

En ese momento, la empresa se diferenciaba de la situación de Vicentin, cuyo intento de intervención por parte del Gobierno, principal acreedor de su deuda, fue resistido por la firma. Aclaraba que ella misma le solicitó activamente al Estado que salga en su rescate, aun si eso traía aparejado un aumento de su participación del Estado en la compañía, que ya tiene presencia a través del Banco Nación y el BICE. De hecho, desde la reestructuración finalizada en 2018 el control político está en manos del Estado, porque de los tres miembros del directorio el Banco Nación nombró al presidente, Diego Grau.

Finalmente, la ayuda estatal llegó bajo la forma de un nuevo programa y en medio de un debate todavía no saldado respecto de cuál debe ser la relación del Estado con empresas salpicadas por casos de corrupción. La empresa está involucrada en la causa de “los cuadernos de las coimas” y tanto Enrique Pescarmona, que condujo la metalúrgica hasta 2018, como el directivo de Impsa Rubén Valenti declararon como arrepentidos. En la Justicia, Pescarmona dijo que envió dinero a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación de Planificación Federal, y a Julio De Vido, exministro de Planificación, para que le liberaran pagos adeudados por obras realizadas en Venezuela y relató cómo Impsa había ganado la primera licitación para hacer las represas de Santa Cruz, un negocio que después quedó en manos de Electroingeniería. 

Impsa no es solo la primera beneficiaria del programa si no, de algún modo, también su modelo

El presupuesto del programa anunciado por Kulfas saldrá del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y, según se desprende de la resolución 551/2020, se podrán presentar empresas que cumplan con tres requisitos: 

Impsa no es solo la primera beneficiaria del programa si no, de algún modo, también su modelo. Según pudo saber este medio, el programa oficial se diseñó al mismo tiempo que un equipo del ministro Kulfas realizaba un análisis de las finanzas de la empresa, que exporta el 80% de su producción. De todos modos, en el Ministerio de Desarrollo Productivo dijeron que “el programa está abierto a todas las empresas que se presenten y cumplan con los requisitos” y que estiman que unas cinco firmas serán alcanzadas este año.

Una crisis anterior al Covid-19

La crisis de la metalúrgica empezó antes de la pandemia. En 2014 inició una reestructuración a partir del colapso de una empresa hermana en Brasil, WPE, a la que Impsa le había garantizado US$850 millones de deuda. Con el colapso de WPE se sumaron esos US$850 a la deuda preexistente de Impsa, que era por entonces de US$250 millones.

Los acreedores asumieron un recorte significativo de la deuda y quedaron definidos dos fideicomisos: uno que tiene el 65% de las acciones y está constituido por inversores institucionales internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Export Development Canada y bonistas internacionales, entre otros) y nacionales (Banco de la Nación Argentina, BICE, obligacionistas, entre los principales) y otro que tiene el 35% de las acciones y corresponde a la familia Pescarmona, que está atada a la cláusula de “arrastre”. Es decir, los accionistas mayoritarios les impiden a los fundadores “intervenir u opinar” frente a una oferta conveniente.

El 65% de las acciones de Impsa están en manos de inversores institucionales y el otro 35% corresponde a la familia Pescarmona

Luego de la reestructuración, quedaba pendiente la venta de la compañía, acordada por los acreedores. En 2019, la firma recibió tres ofertas y avanzó con una hasta que la pandemia de coronavirus frustró el proceso. Como alternativa, la compañía inició un proceso de “reperfilamiento sin quita de capital” de su deuda, que fue aceptada por el 98% de los acreedores los últimos días de noviembre. Con ese paso ya cumplido, la empresa ingresó en el programa oficial que la acompañará en una etapa de “capitalización” cuyas estrategias se mantienen bajo reserva y que podría finalizar en marzo.

“Agradecemos el reconocimiento y el trabajo que el Gobierno viene realizando para apoyar a Impsa en un momento tan difícil”, dijo a elDiarioAR Juan Carlos Fernández, CEO de Impsa. “Pudimos reestructurar la deuda con el apoyo de nuestros acreedores y mediante el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos nos encaminamos a completar el plan de recomposición del capital de trabajo dejando la compañía financieramente fortalecida para volver a competir en los mercados del mundo”, añadió.

DT