Tensiones internas: el interventor de Enargas, Federico Bernal, apuntó contra la mirada “fiscalista” de las tarifas

Federico Bernal, interventor del Enargas

En la apertura de la audiencia pública destinada a discutir la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural, el interventor del Ente Nacional de Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, hizo un alegato en contra de la mirada “fiscalista” de las tarifas y llamó a poner en el centro el acceso a la energía como un “derecho social”. En este sentido, y preparando el terreno para un ajuste muy por debajo del que exigen las empresas del sector, insistió en que la tarifa que se defina debe ser “justa, razonable y asequible”. 

Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía: "Lo razonable es aumentar las tarifas entre 20 y 30%"

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El funcionario, referenciado políticamente en la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que si bien se suele hacer foco en su aspecto económico, la tarifa también tiene un rol constitucional, democrático, social y de garantía de derechos humanos, además de un “rol nacional” dado que “contribuye o afecta la salud macroeconómica de la nación”. 

“Cuando hay incrementos irrazonables, que benefician a las empresas en detrimento de usuarios, en el mediano plazo vuelven insostenible a todo el sistema”, sostuvo Bernal. “Con una tarifa injusta e irrazonable, imposible de pagar, los usuarios residenciales, comercios y pequeñas industrias empiezan a ver afectado su acceso a alimentos, vivienda, educación, no se generan impuestos. Del mismo modo, las empresas ven afectada la generación o el mantenimiento de empleo, la compra de insumos, su nivel de producción. Dejan de invertir y no contribuyen con sus impuestos”, añadió. 

Bernal dijo que en las últimas semanas respondió a una serie de entrevistas periodísticas en las que, según su planteo, el enfoque que se hizo de las tarifas fue “puramente fiscal”. El funcionario aseguró que se hace foco de manera permanente en la participación de los subsidios a la energía en el PBI y que “lo único que se pretende discutir, poner sobre la mesa, es su impacto en la balanza comercial, en el déficit o superávit fiscal, en los niveles de producción de hidrocarburos, en si ganamos o perdimos capacidad exportador o en los muchos, pocos o nulos subsidios que deberían tener”. Un enfoque que, sostuvo, “se padeció hasta el hartazgo” con la gestión anterior. 

“Falta algo medular; brilla por ausencia el componente de respetar y proteger nuestras garantías y derechos constitucionales. Falta el ser humano”, completó Bernal, en contraposición a lo que llamó un “abordaje neoliberal”. 

Poniendo de manifiesto la tensión que existe con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, que defienden las metas trazadas en el Presupuesto 2021 y buscan mantener constantes los subsidios a la energía en torno al 1,7% del PBI, el funcionario criticó que no se analice la política energética con los mismos parámetros que se aplican a la salud pública, a la educación o a la vivienda. 

“Cuando la energía y sus servicios públicos se los escinde de su tratamiento constitucional, normativo y de derechos humanos el pueblo argentino se enferma energéticamente, como se enfermó recientemente”, dijo Bernal, y mencionó que hubo 3 millones de hogares “empobrecidos energéticamente” entre 2017 y 2019. Además, sostuvo que “nunca antes se desconectaron pymes del sistema como entre 2016 y 2019”, período en que “más de 13.000 pymes quedaron sin servicio público de gas por redes”. 

La audiencia inaugurada esta mañana por Bernal, que contará con la exposición de alrededor de 230 oradores, es la segunda destinada a pensar la actualización de las tarifas de gas y se enfoca en discutir el aumento que se le reconocerá a las dos empresas de transporte de gas y a las nueve distribuidoras que abarcan todo el país. Ayer se realizó otra audiencia, convocada por la Secretaría de Energía, destinada a tratar el precio del hidrocarburo a boca de pozo. En esa reunión la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, señaló que si se decide no sumar partidas presupuestarias adicionales para cubrir el costo del gas, las correcciones tarifarias deberían ser de entre el 17% y el 35%, un número muy lejano del 9% que Bernal estaría dispuesto a convalidar. 

Sobre cómo continuará el proceso, Videla Oporto explicó ayer que “en los próximos diez días hábiles se emitirá informe final del proceso de audiencia pública sobre la tarifa de transición y, en 30 días hábiles, desde el Ejecutivo nacional se emitirá una resolución que informará qué haremos con esta porción del precio del gas para la demanda prioritaria”.

En antecedente de la gestión macrista 

Según un informe difundido hoy por el Enargas, a partir de 2017 se registró un fuerte aumento en los cortes de suministro por falta de pago, que “pone de manifiesto las graves consecuencias generadas por los aumentos tarifarios dispuestos a partir del año 2016”. Según indica, el año 2017 tuvo un incremento en los cortes del 249% respecto del año anterior, con un total de 39.257 suministros afectados. La tendencia siguió en aumento en 2018 con 5.978 cortes adicionales, totalizando 45.235 cortes por falta de pago. 

De acuerdo con el estudio, entre 2016 y abril 2019 la factura mensual promedio de usuarios residenciales aumentó más de 1.000%, es decir, 50 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada en 2017 y casi 40 puntos porcentuales sobre la inflación de 2018, siempre tomando en cuenta los datos del Indec. Además, esa factura promedio pasó de representar un 2% del Salario Mínimo Vital y Móvil en enero de 2016 a un 11% en abril de 2019, generó un endeudamiento de muchas familias y la consecuente desconexión de la red. 

“A partir de 2020, con la extensión del congelamiento de tarifas junto a las políticas aplicadas desde el Gobierno Nacional y el trabajo llevado a cabo desde el Enargas, se logró ir revirtiendo paulatinamente la situación de miles de familias argentinas afectadas gravemente por las políticas tarifarias y económicas aplicadas durante la gestión anterior”, señala en informe, en lo que parece ser una plataforma para basar la decisión del ente de no convalidar aumentos que generen un retroceso en ese proceso.

DT

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